Gonzalo Herrera Guerrero
Los distintos medios de comunicación del país han sido pródigos en informar sobre las movilizaciones que algunas comunidades mapuche vienen desarrollando en el último tiempo, otorgándoles una cobertura inusual y enfocando particularmente las acciones que conllevan signos de violencia, como las tomas de predios agrícolas o la quema de casas patronales o camiones. Se trata de una mirada sesgada de la misma prensa que, históricamente, ha ignorado la realidad de los pueblos indígenas, constreñidos a una ruralidad de subsistencia y víctimas de despojo, desprotección, violencia y discriminación.
La imagen que se proyecta, y con la cual se intenta modelar la opinión pública, es la de una escalada de atentados ampliamente extendida, llevada a cabo por comunidades rebeldes, dispuestas a infringir las leyes y toda otra norma de convivencia pacífica para el logro de sus reivindicaciones políticas y territoriales, ajenas a todo derecho ancestral. Se da tribuna a las dirigencias mapuche más radicalizadas, que hablan de “guerra”, y al mismo tiempo a personeros gremiales que exigen la aplicación de “todo el peso de la ley” y la intervención de fuerzas militares. Se oculta la magnitud de la represión policial y a los comuneros detenidos se les trata de “terroristas y delincuentes”, aun antes de presentarlos ante un tribunal.
Lo que no se dice es que estas manifestaciones son expresión de la frustración de una histórica lucha, caracterizada mayoritariamente por métodos pacíficos durante el siglo anterior, en pos del reconocimiento de su identidad como pueblo y de su derecho a la autodeterminación. Sus demandas, presentadas muchas veces como absurdas o inviables en cierta prensa escrita, no son otras que los derechos reconocidos en la Resolución aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, con el voto favorable de Chile, conocida como Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1).
La intolerancia de una parte por demás influyente de la sociedad chilena, se grafica en la opinión de directivos de empresas forestales de negar validez a la lucha de este pueblo por su derecho a la tierra y a la reconstrucción de su tejido social comunitario en armonía con el entorno, preservando el equilibrio ecológico y salvaguardando los recursos naturales. Negando su identidad étnica y su cultura indígena, los califican simplemente como “chilenos de origen mapuche”, objetándose la actual política de devolución de tierras y sugiriendo en cambio medidas asistenciales por parte del Estado para paliar su pobreza.
No han sido los poderosos grupos económicos con intereses forestales ajenos a la actual exacerbación de las movilizaciones. Desde los años 80 en adelante se desarrolló un explosivo crecimiento de monocultivos forestales en las regiones octava y novena. El bosque autóctono fue reemplazado por plantaciones de pino y eucaliptos, especies exóticas que secan las fuentes de agua, contaminan e impiden la mantención del ecosistema, obligando a emigrar la fauna nativa. Las empresas forestales en su lógica de lucro sin mayores consideraciones éticas, continuaron comprando tierras que eran reclamadas por comunidades indígenas, obstaculizando gravemente su recuperación. De esta manera, las comunidades mapuche – una vez más – fueron cercadas, mermadas sus parcelas, avasalladas en su Ad Mapu, en su concepción de vida como parte de la naturaleza.
El Estado de Chile demoró 19 años en promulgar el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Después de muchos intentos por restringir y reinterpretar los alcances de dicho Convenio, hoy el gobierno se obliga al reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre otros al derecho a ser consultados en materias legislativas que los afecten y a participar en aquellas instituciones oficiales atingentes a políticas que les atañan. Especialmente importante es la puntualización del Convenio sobre protección de tierras indígenas, señalándose que el concepto de “tierra” implica “territorios”. De esta manera, la prospección y/o explotación de recursos naturales disponibles en territorios indígenas deben ser sometidas a consulta de los pueblos.
Es difícil encontrar una disposición favorable a esta normativa en quienes movilizan una desproporcionada fuerza policial para reprimir las demandas mapuche, que se alinean precisamente en las exigencias de respeto a los contenidos del Convenio Nº 169 y de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. La Comisión de Pastoral Mapuche de la Iglesia Católica ha manifestado públicamente su preocupación por “la progresiva criminalización de la demanda mapuche” y representantes de la UNICEF han hecho un llamado de atención al gobierno por denuncias de casos de violencia contra los niños con ocasión de los allanamientos, solicitando “investigaciones imparciales” para conocer estas acusaciones.
Al parecer, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación y al ejercicio del autogobierno, provocan incómodas comezones en determinadas élites nacionales.
Urge, por lo tanto, dejar de mirar el problema con criterio policial y abrir paso a la vía política. Sentarse a dialogar con los lonkos, o con quienes las distintas comunidades lo consideren, sería un sano ejercicio para nuestra democracia, a la vez que permitiría quitar protagonismo a quienes hipotéticamente pudieran desestimar el marco institucional. Pero ello supone un reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios y el respeto por sus legítimas diferencias. Sólo cuando la sociedad chilena deje de considerarse racial, cultural y lingüísticamente unitaria podrá comprender las profundas demandas del pueblo mapuche.
