Caso El Bosque: A poner coto a la enseñanza religiosa en los niños

Carlos Leiva Villagrán

Para fundamentar la oposición a la enseñanza religiosa en los colegios públicos, el laicismo ha señalado por décadas la inconveniencia de adoctrinar ideológicamente a los niños, especialmente en la escuela, dado el carácter de clausura y cerrazón que tiene toda doctrina, al inocular dogmas y creencias en los niños al interior de la institución escolar, la que precisamente tiene como opuesta misión abrir las mentes de los niños al conocimiento y al asombro en camino hacia su libertad y autonomía individual.
Pues bien, en el último tiempo, se ha agregado una nueva y fundamental motivación para apartar a los niños de la enseñanza religiosa: el riesgo para la integridad del niño, inherente a su relación con el adoctrinador religioso.
Los casos de pederastia en la Iglesia chilena no son casuales o circunstanciales. Como ha quedado en evidencia tras las denuncias en el caso de la iglesia El Bosque de Providencia, hay una historia de abusos sexuales cometidos por los clérigos sobre niños de iglesias y colegios en Chile, muchos de ellos silenciados, por vergüenza de las víctimas o por el silencio o encubrimiento de la autoridad eclesiástica. Son situaciones que vienen a sumarse a los miles de casos de abusos de religiosos que en diversos países han sido dados a conocer en los últimos años.
No es posible ya continuar con el engaño exculpatorio de que se trata de personas enfermas o desquiciadas como las que hay en cualquier institución (son bien poquitos, decía el Cardenal Errázuriz). No. El caldo de cultivo está en el dominio incontrarrestable que los adultos religiosos pueden adquirir sobre la moldeable conciencia de los niños en catequesis por medio del discurso ideológico que atribuye a esos religiosos la facultad de enseñar los caminos del bien y del mal. Para los adultos, con criterio independiente ya formado, este discurso puede ser o no aceptado, y su decisión forma parte de su indelegable libertad. En los niños, sin embargo, el discurso religioso es recibido como verdad indiscutible, y con su disposición natural a adherir quedan expuestos a la manipulación morbosa de los códigos morales. Los preceptos del clérigo, a diferencia de los maestros de la clase, significan salvación o perdición eternas. Su discurso sobre el pecado y el castigo en el infierno se nutre impúdica e inmoralmente del miedo infantil, y lo empuja naturalmente a la senda del bien señalado por el religioso, que es una invitación a compartir la pompa y suntuosidad del ritual, del templo, de la comunión y de la confesión. El riesgo de abuso, de este modo, no es circunstancial, sino consustancial a la relación entre niño y adulto religioso en la formación catequística. Por ello, la aplicación del adoctrinamiento religioso a los niños, siempre dispuestos a confiar en los adultos, constituye un crimen, y el Estado no puede ya más soslayar esta atrocidad.
El derecho a la libertad religiosa para los ciudadanos no debe entenderse como libre franquicia para adoctrinar a los niños, y menos obligación para el Estado de fomentar la enseñanza religiosa en los infantes. El niño es una conciencia frágil, en proceso de formación a través del conocimiento; el adoctrinamiento y la entrega de verdades reveladas no contribuyen a esta formación, recluyendo al niño, por el contrario, en el dogma, en el miedo, en la entrega irracional y el fanatismo.
Es de lamentar que muchísimos padres no aprecien el mal que provocan en sus hijos al entregarlos al adoctrinamiento religioso, por más que estén en su derecho a hacerlo. Empero, situaciones como las de la Iglesia El Bosque constituyen una alerta para los padres que proporcionan formación religiosa doctrinaria a sus hijos, riesgo que se multiplica cuando deciden confiar el adoctrinamiento a una institución eclesiástica.
Lo que es inaceptable, en todo caso, es que la institucionalidad estatal continúe subvencionando la educación religiosa en colegios públicos. El Estado cumple con su misión republicana cuando mantiene la formación de sus niños fuera del adoctrinamiento ideológico, ya sea político o religioso. A la luz de las recientes revelaciones de abusos eclesiásticos, resulta urgente volver a promover la eliminación de las clases de religión de la educación pública y revisar el carácter de la subvención del Estado a aquellos establecimientos que entregan enseñanza religiosa a los niños en sus planes de estudio. El caso de la Iglesia El Bosque, que conforme a las expresiones de los denunciantes hace presumir que un sinnúmero de niños han sido y están siendo abusados como derivación del control ideológico eclesiástico, exige que las autoridades políticas de este país avancen decisivamente en poner coto a la enseñanza religiosa en los colegios, caldo de cultivo preferencial del abuso sexual a niños chilenos.

VALORACIONES POLÍTICAS SOBRE LA VIDA

Sebastián Jans

Escalofriante, por decir lo menos, resultó escuchar a la autoridad política y conductor de la seguridad pública, expresar juicios de valor sobre el precio de la vida de un policía y el de ciudadano común y corriente. El Ministro del Interior, señor Hinzpeter, ha establecido que la vida de un policía es más importante.
Tal desafortunada y carente de tino afirmación, debe ser corregida, antes que sea asumida por la policía como una política de gobierno.
La Declaración de Derechos Humanos señala taxativamente que todo individuo tiene derecho a la vida, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ello implica que para todo Estado, toda autoridad política, todo gobierno, todas las vidas tienen un mismo valor, no importando su rol en la sociedad o la función que cumpla en determinadas instituciones, organizaciones o estructuras del desarrollo societal.
Entendiendo la lamentable pérdida de dos valiosos funcionarios policiales, cuyos asesinatos todos repudiamos, y que merecen la más drástica sanción penal, no puede perderse de vista la perspectiva que todo gobierno debe observar en el aseguramiento de la vida, aún de los imputados de delitos de sangre.
Por asegurar la vida de un policía, que todos queremos que sea una prioridad, no puede ponerse en riesgo potencial la vida de las demás personas. Imaginemos que un policía es atacado con riesgo de vida, en medio de una muchedumbre. Aplicando el planteamiento de valor del Señor Ministro, ese policía podría disparar indiscriminadamente para protegerse, ya que su vida sería más valiosa que los inocentes que le rodean. Los muertos que ocurran en un tiroteo en esas condiciones, serían consecuencia de la afirmación del Ministro: la vida del policía es más importante.
Es posible que, en su apasionamiento el Señor Ministro, no haya medido el alcance de sus palabras, por lo cual, debemos recomendarle que debe ser más prudente. Sus dichos, dada la autoridad que posee, pueden ser identificados como políticas de gobierno. Él es la autoridad política y debe asumir las implicancias que de ello se desprenden. La prudencia debe ser el sello de su gestión, más aún cuando se producen dolorosas circunstancias, como las enfrentadas por la Policía de Investigaciones el miércoles 23 de marzo.
El gobierno actual ha sido muy descuidado en las señales políticas que entrega. Durante bastante tiempo, incluso mucho antes de asumir, la señal era que quien cometía un delito, sin importar su relevancia, tenía que ir a la cárcel. Fue algo muy coherente como política, hasta que se produjo el incendio en la Cárcel de San Miguel, en que la lógica del sheriff se cayó a pedazos.
Hoy, la señal es establecer categorías sobre la vida de las personas, seguramente hasta que haya también consecuencias dolorosas.
No creo que el Señor Ministro del Interior sea un fascista, o que esté proponiendo una especie de Estado policiaco de Derecha. Lejos de ello, el señor Hinzpeter es un hombre con perfiles de liberalismo interesantes. Incluso ha postulado la idea de refundar la Derecha, para alejar la herencia de este gobierno de toda relación con el pasado del pinochetismo.
En importante, entonces, que se aleje de las tentaciones de ese pasado autoritario que tanto daño le hizo a nuestra sociedad, imponer la prudencia y solidarizar con la policía a partir de la firmeza de los valores presentes en los derechos humanos consagrados por la Humanidad.
El compromiso efectivo con el derecho a la vida, es lo que hace a un gobierno distinguirse por sus valores superiores, más allá de la guerrilla política y de los escapes emocionales frente a los acontecimientos cotidianos. El señor Ministro del Interior, debe ser más cuidadoso con sus palabras.


Publicado en Tribuna del Bio Bio 28 marzo 2011

MAGREB Y LAICISMO

CARLOS LEIVA VILLAGRAN

Los primeros dos meses de este año quedarán marcados en la historia como el período en el que, al modo de un reguero inflamado, comenzaron a sublevarse los pueblos del sur del mediterráneo, proponiéndose poner fin a largos e incontrarrestados dominios de autarquías dinásticas locales, Con evidente razón, se ha recordado el destronamiento del Shah de Irán en 1979 y la caída del muro de Berlín 10 años más tarde, situaciones similares que exhiben como factor común la expresión irrefrenable de las convicciones libertarias de los ciudadanos, frente a las cuales el monopolio de las armas ya no sirve a los gobiernos para conservar su poder.
Muchos gobiernos en Occidente, especialmente en Europa, han tardado en pronunciarse y en actuar de algún modo frente a los imprevistos acontecimientos, lo que ha dejado de manifiesto que las autoridades políticas occidentales en general se sentían cómodas con los gobiernos dictatoriales del Magreb. Aunque probablemente ningún gobierno europeo justificaría la existencia de dictaduras en sus territorios, ellos hicieron vista gorda y oídos sordos a la opresión de esos pueblos, cuyos gobiernos servían de bastión para la conservación del statu quo en el conflicto árabe israelí y enfrentaban eficazmente la amenaza del radicalismo islámico en la región. No en vano los derrocados dictadores, Ben Alí y Hosni Mubarak, no sólo eran aliados de los gobiernos de Occidente, sino que hasta hace poco eran reconocidos como miembros de la Socialdemocracia Internacional.
En estas circunstancias, los movimiento laicistas tienen una reflexión que hacer puesto que, efectivamente, las dictaduras del norte de Afrecha han desarrollado gobiernos de corte laico, y han mantenido a raya las pretensiones teocráticas de grupos islamistas radicales, que postulan el establecimiento de gobiernos para Alá y la instauración de la ley islámica, como fuente de su derecho. Por ello, cabe preguntarse, aunque sólo sea retóricamente, si la mantención de un gobierno laico justifica que él sea apoyado, independientemente de los contenidos y de la legitimidad de su ejercicio. La respuesta categórica es NO.
El laicismo occidental se nutre de los principios republicanos, del Estado de Derecho propio del mundo moderno, de los valores de libertad, igualdad y fraternidad que brotan de la revolución francesa, de la democracia que fortalece la revolución americana, de la declaración de Derechos Humanos que aportan las Naciones Unidas y del Humanismo de la tradición filosófica. Este es el contexto en el cual se plantea el laicismo, como perfeccionamiento de la vida republicana, como ejercicio pleno de libertad y participación, al margen y en oposición a los grupos que aspiran a la posesión en título del poder. Sin este contexto, el ejercicio del laicismo es hueco. El laicismo de Ben Alí y de Hosni Mubarak es un medio para su reconocimiento internacional y fortalecimiento del poder dictatorial.
Lo que vaya a suceder en esos países es una incógnita formidable. Autoritarismo, democracia, teocracia y laicismo juegan sus cartas. Y si bien cada pueblo sigue sus propias dinámicas, las fuerzas y movimientos laicistas deben alistarse allí en las filas de la promoción de las precondiciones democráticas, libertarias, participativas y humanistas, sin las cuales el laicismo es pura y utópica retórica.