Caso Lautsi: Una vez más la “laicité positive”.

Carlos Leiva Villagrán

En diciembre de 2007, el Presidente de Francia Nicolas Sarkozy y el Papa Benedicto XVI dieron inicio a una nueva estrategia ultramontana para enfrentar al laicismo, en el encuentro que sostuvieron en San Juan de Letrán. Allí sellaron su unión en esta materia, con el claro propósito de deslegitimar los aspectos esenciales del laicismo en Europa. Con posterioridad, Sarkozy y Benedicto XVI han perseverado en su afán, directa e indirectamente, llegando hasta a cortejar al Islam en esta política, a objeto de conformar la más amplia oposición de “creyentes” a lo que ellos denominan laicismo extremo.
Sarkozy, en su discurso de San Juan de Letrán, estableció un puente entre la religiosidad cristiana y el laicismo, declarándose partidario de la laicidad (como no podía ser de otra manera de acuerdo a la Constitución gala), pero de una “laicité positive”. Al laicismo, que nunca había tenido apellido, le creó uno, dando entender que había un laicismo positivo y otro que no lo era. Por cierto que Sarkozy asumía todo lo que ya está integrado a la cultura europea, y a la francesa en particular, en cuanto a aspectos tales como que cada cual es libre de creer o no creer, o que los padres son libres para educar a sus hijos acuerdo a sus convicciones, cuestiones culturalmente internalizadas desde hace ya tiempo en la ciudadanía europea. Sin embargo, a lo que apuntaba el concepto de laicismo positivo de Sarkozy era, en lo principal, a dar un lugar a la religión en la institucionalidad estatal, vaciando al laicismo de su contenido fundamental. Así, siguiendo el discurso de San Juan de Letrán, la religión es indispensable al hombre, la moral religiosa es superior a la moral laica, la religión es una de las bases de los modernos derechos del hombre, ella está en la esencia de toda cultura, y sobre su base debe fundarse la política de civilización del mundo de hoy.
Resulta oportuno hacer este recordatorio ahora que ha concluido el denominado caso Lautsi, recientemente fallado por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Éste viene de resolver el 18 de marzo recién pasado respecto de la demanda que presentara en 2001 una ciudadana italiana de origen finlandés, Soile Lautsi, que solicitaba al Estado italiano la remoción de los crucifijos presentes en el colegio de sus hijos menores de edad en Italia, situación que a su juicio violaba el derecho reconocido a los padres de educar a los hijos conforme a sus propias convicciones religiosas y filosóficas. Después de numerosos recursos legales en distintas Cortes, que suscitó gran expectación durante años en la comunidad europea, el proceso escaló hasta el Gran Tribunal, instancia que en una sentencia inapelable estableció, para contentamiento de el Vaticano y desolación de los movimientos laicistas, que la presencia de crucifijos en las salas de clases de colegios públicos no violaba el derecho reclamado por la señora Lautsi.
Los principales argumentos expuestos en los considerandos de la sentencia del Gran Tribunal, para rechazar la demanda de la señora Lautsi son del siguiente orden:

1. La Corte reconoce el derecho de los partidarios del laicismo a que sus puntos de vista sean considerados como convicciones filosóficas.
2. La obligación del Estado en estas materias es de neutralidad e imparcialidad.
3. No le está prohibido al Estado impartir enseñanza de tipo religioso o filosófico, directa o indirectamente. Lo que le está prohibido al Estado es perseguir un propósito de adoctrinamiento que pueda ser considerado que falte al respeto a las convicciones religiosas y filosóficas de los padres.
4. Un crucifijo en una muralla es esencialmente un símbolo pasivo, lo que es particularmente importante teniendo en consideración el principio de neutralidad
5. El crucifijo simboliza los principios y valores que constituyen el fundamento de la democracia y de la civilización occidental, y su presencia en la sala de clase es justificable por este motivo.

Como se puede apreciar, la sentencia considera sentado el principio de que ningún adoctrinamiento religioso particular puede ser impuesto a los estudiantes. Sin embargo, al mismo tiempo, estima que el Estado no debe limitar, y que por el contrario puede estimular y aún contribuir a que las diversas confesiones religiosas estén presentes en la escuela pública. Esta postura, pretendidamente laica, constituye una interpretación radicalmente diferente de la postura laicista esencial en esta materia, que es la obligación de abstención absoluta de las instituciones del Estado y de la enseñanza pública en materia religiosa. Cabe destacar que la sentencia acoge, de hecho, el reiterado llamado de Benedicto XVI, alentado por el concepto sarkoziano de laicidad positiva, por el reconocimiento en la escuela de las raíces cristianas de la Europa actual, desconociendo flagrantemente que las banderas de libertad, igualdad y fraternidad modernas se enarbolaron en oposición, entre otras, a la jerarquía de la Iglesia, aliada a la nobleza y a los privilegios del poder pre moderno.
Por otra parte, se puede apreciar que la sentencia sostiene una concepción del laicismo similar a la del laicismo positivo de Sarkozy, procurando en varios pasajes establecer que el Gran Tribunal Europeo tiene presente y acepta la realidad de la presencia del laicismo en Europa y que, aún más, la resolución que adopta es plenamente compatible con él. El laicismo es entendido en la sentencia del Gran Tribunal como una opción filosófica, al modo de una religión que coexiste con las demás. Así se afirma que los hijos de laicistas tienen derecho a ser educados en la concepciones filosóficas del laicismo, del mismo modo que un estudiante hijo de familia religiosa tiene el derecho a ser educado en la tradición religiosa particular de sus padres. Sin embargo, se malentiende el laicismo cuando se le supone como una opción religiosa entre las religiones. El laicismo no es ateismo ni agnosticismo, que sí pueden ser consideradas opciones frente a las religiones. El laicismo no es una religión, siendo compatible con todas ellas y con el derecho a no tener religión alguna. El laicismo es un principio de organización elemental de lo político en las sociedades modernas y no una doctrina filosófica ni religiosa; no se opone a las ideologías ni a las religiones, pero fundado en la decantación de la reflexión y la experiencia republicanas, postula un Estado liberado de las amenazas de dominio comunitarista sobre el mismo, como garantía para la propia existencia de esas comunidades, entre ellas las religiosas, en el contexto de la sociedad civil.
La sentencia del caso Lautsi constituye un mensaje de alerta para el laicismo. La ola del neoconservadurismo religioso está orientando sus embestidas a la laicidad de las instituciones estatales, no importando cuan consolidadas estén. Utilizando una reinterpretación de la historia y construyendo una deformación intencionada del laicismo, aliada además con el conservadurismo político, la Iglesia reitera su inveterada vocación de influir sobre las decisiones públicas. La resolución de Estrasburgo tiene el sello del concepto de “laicité positive” gestado por Sarkozy y Benedicto XVI, el cual en oposición al auténtico y original laicismo revela una pretensión organizada de esterilizar las instituciones laicas, a través de un cambio aparentemente sutil en su concepto, pero que en definitiva procura demoler la propuesta esencial del Estado laico, que señala que la institucionalidad política y la enseñanza pública deben estar libres de influencia religiosa.

LA CRISIS DE LA IGLESIA CATÓLICA CHILENA.

Sebastián Jans

La Iglesia Católica chilena está enfrentando uno de sus peores momentos históricos. Como ha ocurrido en otros países, la comprobación de la existencia de delitos contra menores y la sospecha continua contra el clero, que se agrava por las decisiones mal tomadas por su jerarquía, ha desencadenado una ola de repudio, como anteriormente ocurrió en Estados Unidos, Irlanda y Bélgica, por citar algunos de los casos más resonados.
Chile es uno de los países más tradicionalistas de América Latina y en ello ha influido fuertemente el rol de la Iglesia Católica. Fue uno de los últimos países del mundo en tener el divorcio vincular, producto de la fuerte influencia de la Iglesia. Durante los años 90 la influencia de la Iglesia sobre el escenario político fue avasalladora. No hace muchos años integrantes de los poderes institucionales del Estado, reconocían que sus decisiones estaban determinadas por la opinión de su obispo de cabecera. Célebres fueron los planteamientos en ese sentido de un senador socialista ¡que se opuso a la ley de divorcio!, o un miembro del Tribunal Constitucional que votó contra la entrega de la píldora del día después en los consultorios públicos, por indicaciones de su obispo.
Demás está decir de la influencia de la Iglesia Católica en las instituciones armadas, donde consideran a esas instituciones del Estado en verdaderos apéndices de la institucionalidad religiosa. El Obispo general castrense tiene más poder que cualquier obispo diocesano, y ni siquiera responde a la estructura jerárquica de la iglesia, ya que depende directamente del Vaticano.
La influencia religiosa en el gran empresariado es determinante. Ya sea por el poder de sus esposas o por los ámbitos en que se realizan los grandes negocios, los grandes empresarios chilenos tienen una tremenda afinidad con los sacerdotes y obispos que se vinculan estrechamente al poder económico. Prueba de ello es que la Parroquia de El Bosque, donde tenía su centro de poder el cura Karadima y la Pía Unión Sacerdotal, que lideraba en forma muy pragmática, tenía una ventajosa relación de intereses con grandes empresarios. Uno de ellos, vinculado a uno de los grupos económicos más poderosos del país - los Matte -, incluso ejerció presión sobre el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, a favor del mencionado sacerdote.
Para algunos chilenos, los hechos recientes parecen ser sorprendentemente abruptos. Pero, ya había una historia previa. De hecho, el obispo que organizó la visita del Papa Juan Pablo II, hace más de veinte años, hace ya varios años fue sacado discretamente de Chile cuando surgieron antecedentes pedófilos en la arquidiócesis de La Serena, donde se desempeñaba.
Desde luego, como ha ocurrido en otros países, la conducta de la jerarquía ha sido tratar de encubrir el tema. Hace unos días el cardenal Errázuriz ha sido increpando públicamente por una de las víctimas del cura Karadima, que lo calificó de criminal encubridor. Una monja superiora de la congregación de las Ursulinas ha sido abruptamente enviada a Alemania, bajo sospechosos procedimientos encubiertos.
La investigación ordenada por El Vaticano, que terminó confinando al cura Karadima a un retiro religioso, es de interés de la jueza que ha sido designada por la Corte Suprema para investigar en forma exclusiva este proceso de conmoción pública. Frente a ello, lejos de colaborar con la investigación, se pone un manto de protección ante la acción judicial de la mano del propio Arzobispo de Santiago, Ezatti, quien ha indicado que si la jueza quiere tener los antecedentes investigados por El Vaticano, debe pedirlos de Estado a Estado.
Y allí viene el peso de la tradición, ya que, desde que el Estado y la Iglesia Católica se separaron en 1925, no se refrendado un Concordato por ambos Estados, y no hay elementos que impidan a un juez concienzudo, procesar a quien sea – por el delito o el encubrimiento - y exigir la información que corresponda, incluso como lo hicieron en Bélgica. Tal vez sea mucho pedir, desde luego, en un país con tanto peso religioso tradicionalista y tradicional.
Sin embargo, en la medida que se coarte la investigación, la crisis de la Iglesia frente al país será mucho mayor, producto del repudio ciudadano, ante conductas y acciones que, en definitiva, terminan exhibiéndose como destinadas a proteger a culpables de delitos deleznables. Y esa es otra tradición chilena: el respeto a la ley.


Publicado el www.reeditor.com el 10 de abril de 2011.

La “fragilidad humana” y moral del Cardenal Medina

Gonzalo Herrera Guerrero


El cardenal Medina con el transcurso del tiempo se ha venido transformando en un personaje casi pintoresco por lo retrógrado de su pensamiento y sus declaraciones ultraconservadoras en relación a temas sociales, éticos y valóricos. En su última aparición, en una revista de circulación nacional impresa en papel couché, pareciera querer probar hasta el extremo la incondicionalidad y adhesión de los católicos de un determinado sector social —aquel que se identifica con la comunidad de la parroquia de El Bosque— proponiendo una mirada evanescente sobre reiterados actos de corrupción eclesiástica y que comprometen a influyentes religiosos, que en las últimas semanas han impactado al país por la crudeza y pormenorizada denuncia de quienes fueran víctimas de esas prácticas. El patético intento del cardenal de bajarle el perfil a los delitos del sacerdote Fernando Karadima, declarado culpable de abuso sexual en contra de un menor y otras víctimas por la Congregación para la Doctrina de la Fe con sede en Roma, pone en evidencia la vieja práctica de esconder las arbitrariedades de esta institución confiando en que sus adherentes aceptarán sus argumentos no por la fuerza de los hechos, sino por la mera autoridad del que lo dice.
Lo primero que llama la atención es que este religioso, siendo parte del establishment de la Curia romana y fiel devoto de las políticas del Vaticano, no trepide ahora en desconocer los hechos sacados a la luz tras seis años de investigación —durante más de dos años se obstaculizó toda indagación— y aparezca emitiendo un juicio contrario al fallo condenatorio expedido por un tribunal de expertos en derecho canónico. El veredicto señala que “la enorme cantidad de testimonios recogidos, su credibilidad y concordancia muestran de modo inequívoco que el reverendo Fernando Karadima Fariña es culpable del delito de abuso de menores, de actos impuros con adultos, con violencia y abuso de autoridad”.
¿Por qué un hombre probado de la ortodoxia vaticana se anima a apartarse de la posición oficial de la estructura de poder de la Iglesia, menospreciando a las víctimas y ofendiendo la inteligencia del país al culpar al “diablo” de las diabluras de Karadima — las calificó de “debilidad humana” — y, por extensión, de quiénes conociendo sus prácticas desviadas lo encubrieron y protegieron?
A mi entender, la contradicción pone de manifiesto un conflicto entre el Vaticano, acorde a la voluntad expresada por el papa Ratzinger de frenar los escándalos de pedofilia practicada por sacerdotes en casi todo el mundo — con intención honesta o afanes cosméticos, el tiempo lo dirá —, y las iglesias de los Estados con población católica, más interesadas en proteger la imagen institucional, evitando que salgan a la luz y manejando bajo secreto, tanto cuanto sea posible, los pecados sexuales contra menores, especialmente cuando está involucrado el alto clero de las diversas diócesis. Ahora pudimos enterarnos del largo proceso que debieron seguir los denunciantes de este crimen para ser escuchados por la jerarquía de la iglesia de Santiago, cómo fueron humillados y burdamente tramitados, desacreditados, amenazados, intentando repetir la práctica, antes exitosamente utilizada, de minimizar las acusaciones, realizar pseudo investigaciones, trasladar de diócesis a los curas y monjas de comportamiento pervertido compulsivo, y comprometer el silencio de las víctimas merced al ascendiente sicológico y moral que se tenía sobre ellas.
Un sacerdote como Medina, miembro destacado de una jerarquía católica ideológicamente ligada al poder económico y a la élite social chilena, elevado luego a la metrópolis del poder eclesiástico, debe vivir este conflicto en carne propia. Se ve impelido a sintonizar no sólo con los intereses monárquicos y globalizados del Vaticano sino, también, con los intereses estratégicos, sociales y políticos de los sectores más influyentes que dirigen el país, y cuya base ideológica tiene como componente importante para el ejercicio del poder los preceptos de la doctrina católica, con sus dogmas y su particular ordenamiento moral, casi siempre apartado del espíritu del evangelio. La jerarquía eclesiástica que opta por identificarse con los miembros del más alto sector socioeconómico nacional, además de una posición de poder sobre éstos por su condición de dispensador de “la” interpretación de la voluntad divina, debe “negociar” con los mismos atendiendo a sus intereses específicos, para conservar su influencia sobre dicha élite.
El cardenal Medina ha sido un disciplinado vocero de los grupos ultraconservadores, tanto a nivel nacional como internacional. Se ha alineado nítidamente con los detentores del poder, más allá de su legitimidad, aun cuando la opinión pública haya tenido sólida certeza de crímenes e injusticias. Fue uno de los primeros religiosos en apoyar la dictadura de Pinochet, siendo nominado en 1974 Pro Gran Canciller de la Universidad Católica de Chile. Fue un hombre clave para el régimen en materia de calificación ideológica de los dignatarios eclesiásticos que llegaban entonces al país. Juan José Tamayo, miembro de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, cita una frase ejemplarizadora de su escaso respeto por la democracia : “La democracia no significa automáticamente que Dios quiera que sea puesta en práctica”. Así tampoco, nadie podría admirarse de que haya catalogado a Pinochet como “un hombre de bien”.
La relativización con que intenta revestir los crímenes de Karadima, al sostener que más que abuso se trataría de “actos de homosexualidad”, no dice relación con su pensamiento profundamente homofóbico. Tal vez la lógica del argumento se base en su concepción de que la tendencia homosexual “es un defecto como si a una persona le faltara un ojo o un pie”. Por supuesto, nadie es culpable de ser tuerto o cojo, sobre todo si se trata de una deficiencia congénita. Pero, el párroco de El Bosque no es un individuo cualquiera, víctima de un defecto físico. Es un hombre inteligente, carismático, generador de un fuerte culto a la personalidad, lo que le permitió crear en torno suyo un círculo de hierro, cómplice tanto de sus desmanes sexuales como, al parecer, del uso malicioso de dineros de la parroquia. Guía espiritual de personas de la más alta influencia de la élite económica y social santiaguina, fue también el inspirador y formador de las carreras sacerdotales de varios obispos.
Con estos antecedentes, la frase de Medina relativa a la actitud de los jueces que juzgarán a Karadima — una ministra en visita en primera instancia —, en cuanto a que no cree que lo enviarán a la carcel y que “propenden a ser benévolos”, parece inscribirse en el mismo contexto de la frase que el empresario Eliodoro Matte le expresara al Fiscal Nacional Sabas Chahuán: “quiero una investigación rápida”, preocupado por la suerte del que reconoce “su amigo”.
Vemos así a los que monopolizan el poder económico y social tratando de reeditar viejos tiempos, cuando los ilícitos de los señores se conversaban con jueces y obispos en la intimidad de los salones. Y la Iglesia, al menos la Iglesia de Karadima y Medina, tratando de mantener su clientela de adeptos para no perder su influencia sobre los que rigen el poder.

Juventud (política), universidad y sociedad

Prof. Danny Monsálvez Araneda

Días atrás me encontré con algunos alumnos que realizaban campaña para las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción; al preguntar a uno de ellos el por qué del color de la polera que llevaban, simplemente expreso “porque es bonito”; luego, su compañero agrego “nosotros somos apolíticos”, y al último de ellos consulté: ¿Qué concepción tienes de Universidad y su vinculo con la sociedad?. Para mi sorpresa, el alumno no pudo responder. Resulta llamativo que alumnos que aspiran a tener un cargo estudiantil y representar a sus compañeros, no tengan la capacidad de responder un par de consultas sobre lo que están “ofreciendo” a sus condiscípulos.
En lo personal y como académico, uno esperaría de un estudiante universitario, independiente de la carrera que estudia y de su concepción ideológica o credo, un piso o base (mínima) de argumentación, pero que un joven universitario utilice la expresión "apolítico", y que al mismo tiempo no tenga una “tentativa” respuesta sobre que idea tiene de Universidad y del vínculo de ésta con la sociedad, a lo menos resulta extraño.
Como integrante de una comunidad universitaria, por momentos resulta preocupante escuchar este tipo de expresiones, y constatar que algunos de nuestros alumnos repiten un determinado discurso que se ha venido difundiendo en los últimos años, aquel de estigmatizar la política, al punto de creen (erróneamente) que ésta es igual a partido político o militancia partidaria.
La Academia, debe ser -entre otras cosas- un espacio para reflexionar, debatir ideas y proyectos de sociedad, enmarcados en un ambiente de libertad, respeto y tolerancia hacia los otros; por ello es importante que no se contamine con ciertos discursos y prácticas que lo único que buscan son el avance de la insignificancia, a través de la despolitización, desideologización de la sociedad, denostando la política, pero al mismo tiempo ir cimentando un determinado proyecto político, que va en detrimento de una sociedad más fraterna, inclusiva, pluralista y comunitaria.

(Publicado en El Diario de Concepción, miércoles 30 de marzo de 2011)