miércoles, 9 de mayo de 2012

PROYECTO DE AJUSTE TRIBUTARIO

(O una nueva vuelta de tuerca a favor de la Enseñanza Particular Pagada) GONZALO HERRERA
Una de las principales demandas del movimiento estudiantil iniciado en 2011 es la de educación superior pública y gratuita para todos. La respuesta del gobierno respecto a la gratuidad ha sido persistentemente negativa, argumentando que ello constituiría un subsidio de los pobres a los ricos y que por lo tanto establecería una política regresiva. El tema es motivo de debate entre los especialistas, sin embargo no ha sido óbice para que en el proyecto de ley de ajuste tributario enviado por el ejecutivo a la Cámara Baja, una de las ideas propuestas sea precisamente la devolución parcial, vía descuento en el impuesto a la renta, del gasto en educación preescolar y escolar en que incurren quienes ganan entre $ 534.000 y alrededor de $ 1.450.000 (66 UF) al mes. La iniciativa es presentada como un apoyo a las “familias de clase media”, sin embargo deja fuera del beneficio a los deciles III, IV y V de la población, que conforman el sector más esforzado de la clase media chilena, asumiendo que sus hijos van a escuelas gratuitas del sector municipalizado y, por otro lado, sí incluye al IX decil, el segundo de más altos ingresos per cápita. Esta falta de sintonía en la focalización de incentivos para beneficiar a quienes más lo necesitan podría transformarse así en una ley con carácter verdaderamente regresivo, considerando que no favorece a los sectores más pobres ni constituye impacto alguno en la distribución del ingreso. Lo más grave de este proyecto de ley es que promueve aún más la segregación social que caracteriza el sistema escolar, incentivando a que los segmentos de ingresos medios continúen trasladando a sus hijos de establecimientos municipalizados a particulares subvencionados, y, a partir de ahora, a colegios privados pagados que den garantía de “mejores puntajes”, en la dura competencia individual por acceder en mejores condiciones a la educación superior. El aporte fiscal –dinero de todos los chilenos– que en la actualidad beneficia sólo a la educación pública solidaria y a la particular subvencionada, se extenderá, según el objetivo del proyecto de ley, a los sostenedores privados, con lo que se busca afianzar el concepto de educación estructurada en intereses mercantiles y de clases. Habiéndose resuelto el financiamiento de la educación de los cinco deciles de más altos ingresos –los que pagan impuesto a la renta–, ¿qué urgencia habrá en mejorar la educación estatal-municipal, la única a la que pueden acceder los pobres? Una consulta ciudadana realizada en 2011 por Educación 2020, recogió el sentir del 63% de los encuestados en el sentido que si tuvieran que optar entre dos establecimientos de igual calidad educativa, uno público y otro privado, preferirían el primero. Los que elegirían decididamente un colegio privado llegaron al 24%. La cuestión nos lleva a un tema puesto en la agenda nacional con mucha energía por el movimiento estudiantil y que la mayor parte de la prensa establecida ha preferido callar: el de la educación pública y gratuita –con sus actuales malos resultados y progresivo abandono por parte del Estado–, y el rol que debería jugar en el país en su actual etapa de desarrollo. También países como España, Francia y E.E.U.U., con opinión pública alerta e informada, debaten intensamente por demandas sectoriales de vouchers (aporte fiscal para el pago en escuelas privadas), en el marco de una contundente ofensiva de partidos políticos de derecha e intereses religiosos para debilitar la educación entendida como bien social y tender a su privatización. Detrás de las posturas reticentes del gobierno para comprometerse con la educación pública (y de las medidas subliminales para consolidar la educación privada como el actual proyecto de reforma tributaria) está presente sin duda la ideología neoliberal, aquella que expresara el presidente Piñera (y que luego se intentara explicar casi como un lapsus linguae), al decir que la educación es un bien de consumo, por lo tanto susceptible de ser valuada en términos monetarios. Ni más ni menos que lo que se hace con algunas universidades privadas –supuestamente sin fines de lucro– que se transan abiertamente en el mercado. En el caso del sistema educativo escolar y preescolar esto se evidencia en el hecho que la calidad que reciben los niños mayoritariamente deja de ser responsabilidad del Estado para depender de la capacidad de pago de los padres. Según un informe de la OCDE, Chile es el país miembro con mayor gasto privado en educación en todos sus niveles (pago de aranceles y copago de financiamiento compartido). A contrario sensu, el soporte y supervisión técnica pedagógica que ejerce el Ministerio de Educación en los establecimientos municipalizados son ínfimos, y derechamente inexistentes en las escuelas particulares subvencionadas. El modelo educativo que exhibió el país durante el siglo XX hasta su truncamiento por las reformas neoliberales impuestas en los años 80, constituye la antítesis de esta realidad. Basado en un inequívoco y fundamental rol del Estado, consagrado en la Constitución Política de 1925, proporcionó una educación gratuita que satisfizo a los estratos medios emergentes y a la cual fueron accediendo progresivamente los sectores populares, ubicándose entre las mejores de América Latina. La gran tarea que tenemos como nación es hacer del derecho a la educación algo mucho más trascendente que la mera “libertad de enseñanza” establecida en la Constitución Política y en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que no hiciera sino consagrar el derecho a abrir y mantener establecimientos educacionales para hacer de ellos un negocio. La educación pública para el siglo XXI, restituida en su dignidad como función primordial del Estado, deberá tender explícitamente al bien común y a la integración social, a fortalecer el principio de igualdad de oportunidades y a facilitar el pleno desarrollo de las facultades individuales de niños y niñas, sin consideración sobre la religión, raza, origen social o posición económica de los padres o apoderados. Deberá ser ese espacio público intercultural, formador tanto de ciudadanos responsables, participativos y críticos, como de individuos con las debidas competencias sociales, susceptibles de desarrollar procesos colectivos para el crecimiento solidario del país. Una educación pública democrática, laica y humanista se constituiría así en la forma más eficiente para distribuir, en el mediano y largo plazo, la riqueza y el poder entre los ciudadanos.