Edición extraordinaria de revista Iniciativa Laicista

Alejandra Sandoval

Coordinadora Editorial

Cuatro meses han pasado ya desde que el 21 de mayo, la Presidenta de la República anunciara al país el inicio de un proceso constituyente a partir de septiembre. Desde entonces – en rigor desde mucho antes, pero sin el efecto mediático actual – hemos asistido y participado de un incipiente debate, en torno al futuro constitucional que nos espera.

Una nueva Constitución es un pacto social fundado en  acuerdos políticos y sociales en la perspectiva del interés común, de tal manera que debemos aspirar a que contenga acuerdos estables y representativos de la voluntad popular.

Muchos han sido los que han abordado el análisis en torno a este desafío, donde cabe distinguir a los rigoristas-procedimentales, quienes – con matices – concentran la discusión en torno a la inviabilidad de alternativas distintas a la Asamblea Constituyente, y los esperanzados, quienes conscientes de la necesidad de sustituir o reformar profundamente la actual Carta Constitucional, asignan la prioridad en el fondo, más que en la forma.

Lo cierto es que, afortunadamente, el debate ya se encuentra instalado, y no existe en el espectro social una voz sinceramente convencida de lo contrario. Si bien es cierto que como instrumento jurídico la actual Carta funciona aún, y podría seguir funcionando, cierto es también que esta, como expresión del pacto social, ya no responde a las necesidades que plantea el Chile contemporáneo.

Demostración de aquello – sin entrar en el prolongado debate sobre su legitimidad en cuanto al pacto social que debería subyacer – resulta ser el enorme trabajo de ajustes y reformas, más y/o menos profundas que desde 1989 se le han aplicado, sin que satisfaga a la mayoría del país.

Para septiembre queda poco, y aunque han mediado ya anuncios que advierten sobre la excesiva duración del proceso, lo imperioso es comenzar cuanto antes. Lo primordial es dar por iniciada, formal e institucionalmente, una discusión y un proceso que ya no puede seguir esperando. Desarrollar el debate es una necesidad social indispensable para seguir avanzando en la construcción de un Chile más justo, efectivamente laico en su institucionalidad política, y más democrático.

Instalar en la agenda de desarrollo la formulación de una Nueva Constitución, fruto de un pacto social, es una verdadera necesidad, sobre todo cuando hay grandes desafíos en la agenda país que no pueden enfrentarse sin el concepto ordenador que corresponde a una Carta Magna pensada para la democracia.

Como una contribución al debate que deberá darse en el país, revista Iniciativa Laicista ha pedido a distintas personas que reconocen la importancia de la laicidad en las instituciones del Estado, y que tienen un irrenunciable compromiso democrático, además de una manifiesta adhesión a la profundización de los derechos humanos, para que entreguen su reflexión sobre el proceso constituyente y  los objetivos esperados en una nueva Carta Magna, planteamientos que ponemos a disposición de nuestros lectores en www.iniciativalaicista.cl.

Reconocimiento internacional a activista del laicismo chileno

En la Sociedad de Escritores de Chile, el martes 11 de agosto de 2015, se realizó la ceremonia de entrega de un reconocimiento de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, con sede en París, al director de revista Iniciativa Laicista, por su contribución a la divulgación de los objetivos de la AILP, del laicismo y del libre pensamiento. La ceremonia se realizó en el salón de actos de la Casa del Escritor, teniendo como punto de partida la exhibición de un vídeo con una reseña sobre la AILP, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=D1UYjPeRQ0o.

La ceremonia contó con una destacada presencia de organizaciones laicistas, personeros de reconocida presencia en instituciones que comparten los valores del laicismo y la importancia del libre pensamiento, académicos, y amigos de la revista entre los cuales cabe destacar a la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, Sra. Susana González Couchot, el presidente de la Sociedad Atea de Chile, Anuar Rabi; y dirigentas metropolitanas de la Asociación Nacional de Mujeres Laicas.

La ceremonia fue conducida por el historiador  y miembro del Comité Editorial de la revista "Iniciativa Laicista" Manuel Romo, y tuvo como primer orador al subdirector de la publicación, Carlos Leiva, quien agradeció a nombre de la revista la distinción para su director, haciendo una semblanza sobre su rol en la difusión del laicismo.  Luego intervino la Sra. Susana Gónzalez Couchot, la que destacó conceptualmente la contribución de Sebastián Jans a la divulgación laicista y de los derechos igualitarios de la mujer.

En tercer lugar, intervino el vocero de la AILP, Antonio Vergara, quien explicó el sentido y propósito del reconocimiento, entregando un saludo de Jacques Lafouge, del Comité Laïcité Republique de Francia, y leyó la carta de reconocimiento que hiciera llegar, junto al Diploma de Honor respectivo, el Secretario General de la AILP, Christian Eyschen. Por último, intervino Sebastián Jans, agradeciendo la distinción y destacando la importancia que ello tiene para la revista y para los esfuerzos del laicismo chileno.

La ceremonia concluyó con un vino de honor servido en el salón Pablo Neruda de la Casa del Escritor, en que los asistentes compartieron animadamente, compartiendo un grato momento de encuentro amistad y fraternidad.

Laicismo y Constitución

Carlos Leiva

La Presidenta de la República ha anunciado el próximo comienzo de un proceso constituyente para dar lugar a una nueva Constitución Política de la República de Chile, el que debería ser la oportunidad para que la ciudadanía exprese directamente a través de sus representantes ciudadanos sus concepciones fundamentales acerca del deber ser de la organización política del Estado, orientada al Bien Común.

Consideramos de capital importancia que la definición laica del Estado de Chile quede meridianamente asentada en el texto y en el espíritu de la nueva Constitución,  de modo tal que no se preste a interpretaciones que desvirtúen su carácter esencial. La laicidad del Estado significa en lo fundamental, por una parte, la total prescindencia de la institucionalidad estatal, y de sus dignatarios y funcionarios,  respecto de la participación de comunidades religiosas o de otro tipo  en la administración del Estado y en la enseñanza pública, así como absoluta neutralidad de los mismos, en cuanto autoridades o funcionarios públicos,  respecto de las creencias o postulados de estas organizaciones.

La contrapartida de lo anterior es, por cierto,  la garantía del Estado de que estas comunidades, incluidas las religiosas, podrán existir y desarrollarse sin restricciones, en tanto respeten las reglas del derecho común, en el ámbito de la sociedad civil. 

La laicidad del Estado de Chile ha sido frustrada más de una vez. El primer paso constitucional hacia ella se dio en la Constitución de 1925, que terminó con el carácter oficial de la religión católica, apostólica y romana. Sin embargo, dicha Constitución, que se aprobó en el contexto del acuerdo de separación de la Iglesia y el Estado alcanzado por el Presidente Arturo Alessandri con el Vaticano, no señaló expresamente en su texto el carácter laico del Estado.

Lejos de esto, si se examina la Constitución de 1925, se puede apreciar una notoria preocupación del constituyente por garantizar los derechos de que gozaba la Iglesia Católica respecto de sus bienes, incluyendo  expresamente que los templos y sus dependencias destinados al servicio del culto estarían exentos de contribuciones. En la práctica, bajo el imperio de la Constitución de 1925 se mantuvieron numerosos beneficios y privilegios para la Iglesia Católica.  

 La Constitución de 1980, generada por la dictadura, liderada en su elaboración por Jaime Guzmán Errázuriz, ideólogo del confesionalismo nacional, incluyó en su articulado una concepción comunitarista que requiere ser denunciada como anti-laica: el denominado principio de subsidiariedad, bajo cuya inspiración las organizaciones privadas tienen una prioridad garantizada   constitucionalmente   para   hacerse

cargo de manera indiscriminada de la mayor parte de las funciones de interés público, en desmedro de la acción social del Estado, representante de la ciudadanía.

Bajo su vigencia, y al alero de esta cuña neoliberal, se expandió notablemente el poder  fáctico de la jerarquía eclesiástica aliada al poder económico, especialmente en la generación de colegios y  universidades privadas que, entre otras actividades, han hecho uso de su derecho privilegiado a fundar empresas educativas, condenando al Estado  a ejercer una función subsidiaria en este dominio. Con esto se reforzó  la hegemonía ideológica clerical en la formación de nuestra juventud para la cual complementariamente, por si les faltaba algo, se restablecieron las clases de religión en la enseñanza pública.

Bajo la Constitución de 1980, asimismo, y en régimen democrático de gobierno, se dictó la Ley de Cultos de 1999, la que, lejos de ser laica, resultó profundamente religiosa en tanto otorgó un reconocimiento estatal al ejercicio de la actividad religiosa en el dominio público. La Ley de Cultos generalizó para la totalidad de las confesiones religiosas buena parte de los beneficios que el Estado reconocía hasta entonces sólo para la Iglesia Católica.

De este modo, a partir de la Ley de Cultos, el Estado Chileno puede acoger  y subsidiar a todas las instituciones religiosas, estableciendo una protección de la que no gozan los ciudadanos librepensadores, agnósticos o ateos. El laicismo no pretende que el Estado amplíe el paraguas para los librepensadores, sino que,  por el contrario, se abstenga en materia religiosa, tanto en relación con los creyentes como con los no creyentes.  La igualdad religiosa en el Estado no es laicismo.   

Pese a lo expuesto, continúan escuchándose voces que proclaman que el Estado de Chile es laico, cuando no lo es, señalando que la Iglesia se separó del Estado en 1925, cuando se trató de un acuerdo espurio que no alejó a la Iglesia del Estado.

En realidad, el Estado chileno ha continuado concurriendo con recursos al financiamiento de las Iglesias, a la construcción de templos religiosos, a las capellanías en las Fuerzas Armadas, a las capillas católicas en instituciones del Estado y a la enseñanza religiosa en colegios públicos; no se ha terminado con la participación de autoridades públicas en ceremonias religiosas, con la consideración de las jerarquías religiosas como si fueran autoridades ciudadanas, con las ceremonias religiosas en organismos del Estado, con la participación oficial en las investiduras cardenalicias y proclamaciones de santidad, ni con  la instauración de feriados en conformidad a las festividades religiosas. Por último, se ha persistido en la asignación de terrenos fiscales para construir lugares de culto y en la consagrada exención de impuestos a los templos religiosos.

Ciertamente, el laicismo tiene detractores, y resulta natural  que los sectores clericales lo combatan por convicción y doctrina. Sin embargo, hay otros  que aun declarándose laicos optan por ignorar o desvirtuar las propuestas laicistas, motivados muchas veces por propósitos de conveniencia política o electoral.  En tanto quienes procuren ignorar o desvirtuar el posicionamiento laico provengan de la autoridad con potestad en la iniciativa constitucional, como es el caso del Gobierno,  nos enfrentaremos a la paradojal situación de que será necesario posicionar la importancia de la laicidad en la Constitución entre aquellos que se llaman  "laicos" pero que no están dispuestos a asumir el eventual costo político de institucionalizar las banderas de la laicidad.

Un negativo signo hemos tenido en las últimas semanas a este respecto. La Presidenta de la República ha visitado al Papa en Roma, manifestando una indecorosa postura desde la perspectiva laica, la que es tal ya desde el momento que se reúne como autoridad política con el Jefe de la Iglesia, que dispone del Vaticano como Estado de fachada para relacionarse al mismo nivel con las primeras magistraturas del mundo. Pero más aún, en dicho encuentro se observó a la Presidenta de la República de Chile haciendo una especie de rendición de cuentas a la autoridad vaticana con respecto a los proyectos de ley cuestionados por la jerarquía eclesiástica chilena y que son de absoluta incumbencia del Estado chileno y de sus ciudadanos. Por último, la Presidenta Bachelet aseguró a las autoridades vaticanas que... por supuesto... las organizaciones religiosas estarían invitadas a participar en el proceso constituyente. 

No podría haber mayor incomprensión, ya no sólo del laicismo sino del carácter republicano del Estado  y del rol que pueden jugar en él las comunidades, que lo que ha manifestado la Presidenta de la República en el Vaticano. Son los ciudadanos, no las comunidades las que definen el interés común. Los ciudadanos participan directamente o a través de las organizaciones en que ellos son considerados en esa calidad, únicamente en la perspectiva del  interés común y no representando a un Bien particular.

Las comunidades, tales como las organizaciones religiosas, empresariales u otras, por naturaleza,  no son entidades que consideren a sus integrantes como ciudadanos con intereses generales sino que son  grupos  que unen a las personas  en torno a intereses, creencias o afinidades que les son comunes (por ello son comunidades), las  que de ningún modo pueden ser consideradas como tales en las definiciones republicanas del interés común.

Este último no es la suma de los Bienes particulares sino que es la identificación del Bien General superior para los ciudadanos, alejado de toda generación a partir de la particularidad o privacidad grupal o comunitaria.

El planteamiento de la Presidenta de la República en el Vaticano no deja de ser preocupante, en tanto desde la inicial elaboración de un texto constitucional se está considerando la participación de entidades que, por naturaleza, representan intereses particulares, propios y privados.  Por cierto, el proceso constituyente requiere participación ciudadana, pero ella no debe confundirse con participación de comunidades o de grupos de interés. 

Por tanto, alertamos que ya desde la organización que se dé el Estado para desarrollar el proceso constituyente se estará jugando la opción de una Constitución efectivamente laica, y abogaremos por que no sea frustrado una vez más el ideal del Estado laico en nuestro país.

(Editorial de Revista Digital "Iniciativa Laicista" de julio de 2015)

Sobre la agenda laica de la sociedad chilena

Sebastián Jans

Algunas encuestas realizadas durante el año 2014, demostraron un creciente proceso de laicización de la sociedad chilena. Un proceso que escapa a las previsiones de quienes han dominado las decisiones y han hegemonizado las instituciones políticas y económicas desde la transición democrática.

Aun cuando las encuestas en Chile no son instrumentos que gocen de gran confiabilidad, sobre todo cuando tienen alcances contingentes, en el caso de ciertos estudios sobre temas societarios arrojan una tendencia que nos permite tener una comprensión sobre ciertos procesos. Es lo que ocurre con encuestas que han incursionado en el estudio de la religiosidad, en los llamados “temas valóricos”, o sobre estudios que analizan la percepción religiosa en la sociedad chilena.

Allí se ha constatado cómo los chilenos se están alejando de la orientación o el compromiso religioso, así como se advierten niveles bastante críticos sobre las organizaciones religiosas y su conducta, y de sus representantes en la realidad social.

Para las miradas conservadoras de nuestra sociedad, el concepto predominante para definir este proceso es el de “liberalización”. Creo que el concepto no es válido. Claramente, en la sociedad chilena, la condición o el carácter “liberal” está, desde hace mucho, desprestigiado y carcomido por el discurso conservador, que ha usado el concepto de liberalismo como simple y exclusiva manifestación de libre mercado.

No se trata el fenómeno observado de una posición ideológica, sino que lo que señalan esos estudios de opinión, es que hay una comprensión creciente que opta por una posición conductual y ética distinta. Lo que está ocurriendo simplemente es que, luego de vivir la asfixia moralista o “valórica” que los sectores conservadores han impuesto en la agenda-país, desde el fin de la dictadura, la sociedad chilena se está laicizando y afirmando su autonomía personal.

Claramente, lejos de lo que muchos propenden a considerar, la laicidad de una sociedad no deviene de una comprensión ideológica, ya que no propone cuestiones que son propias de la caracterización del modelo económico, político o social. Lo que hace el laicismo es complementar los modelos de sociedad, más allá de su orientación ideológica, para permitir que el ejercicio de lo político se valide en la condición plural de lo que existe y de lo que vendrá. Lo laico, aun cuando se agregue el sufijo “ismo” – laicismo – no tiene que ver con cuestiones de tipo ideológicas, sino con prácticas concretas que modelan el ejercicio de lo político.

Laicidad implica esencialmente el imperio del “laos” (pueblo) en el desenvolvimiento político de las sociedades y los sistemas que las organizan políticamente. Es el imperio del pueblo, el ejercicio de la ciudadanía, la manifestación de lo público en el interés de lo público, sin determinismos que reduzcan o subordinen el hacer político, que condicionen   lo  republicano  a  ciertas   premisas ulterioristas, escatológicas, religiosas.

Laicidad implica, ni más ni menos, la condición  ideal  en  que el pueblo – el laos –  actúa por sí y ante sí, en el respeto intrínseco de su diversidad, en todo aquello que demanda la acción secular, aquello que tiene que ver con la vida de las personas en el tiempo que les toca vivir: un momento histórico atado a la vida de cada cual y a la de todos, en el alcance del conocimiento, en el beneficio de la virtuosidad tecnológica, en la vinculación humanista con el desarrollo científico.

Laicidad implica la institucionalización de los derechos de conciencia y el ejercicio del libre pensamiento en la realización de lo político, donde incluso adquieren singular importancia las distintas propuestas de religiosidad, además de otras comprensiones y lecturas sobre el propósito del hombre y las posibilidades de trascendencia, obturando toda propensión al interés hegemónico de cualquiera de ellas.

Son los intereses hegemónicos de conciencia los que generalmente han acusado al laicismo de conductas predominantes, cuando lo que provoca el laicismo como sana conducta política es precisamente la garantización de las libertades de todas las propuestas de conciencia  y el impedimento de cualquier condición o conducta de hegemonía, algo que ha estado muy presente en la sociedad chilena, desde el tiempo de la dictadura.

Chile, desde 1925, fue un ejemplo de Estado laico en varios aspectos significativos, logros que la Constitución impuesta de 1980 destruyó, y que aún no son debidamente recuperados, debido a los resabios del poder confesional entronizados en una parte importante de la clase política ligada a sectores específicos.

Vista la evolución política chilena, y las encuestas que dan cuenta de la realidad política de la ciudadanía que progresivamente equidista de las influencias político-confesionales que han dominado la institucionalidad de nuestra incompleta democracia, es un hecho que nuestra clase política no ha asimilado el proceso de laicización que vive la sociedad chilena. Sin duda hay una agenda laica en nuestra sociedad, que impera en una condición estrictamente ciudadana, que no logra institucionalizarse por ahora, en tanto los partidos políticos y las estructuras políticas no dan cuenta de su envergadura.

Como ha ocurrido en muchos procesos dentro de la sociedad chilena, los temas de conciencia siguen siendo dominados por las minorías (políticas, económicas, confesionales).

Sin embargo, ejercen coerción sobre los procesos institucionales, condicionan la voluntad de las mayorías, frustrando o distorsionando, a través de la presión o la negociación, aspectos que la práctica social o el interés de las personas colocan en el plano íntimo de las libertades de conciencia.

Gran parte de la votación que obtuvo la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, representó esa voluntad de mayorías que aspiran a redibujar la relación de las opciones de conciencia y las estructuras institucionales. Sin embargo, los nudos del poder conservador parecen ser un obstáculo muy poderoso dentro del Estado.

Es un hecho que el sentido común y los derechos de conciencia de las personas, tienen una agenda concreta, y optan mayoritariamente en el país por disponer de una ley que no penalice el aborto, que reconozca los derechos reproductivos, que legisle la eutanasia, que haya una educación de calidad para todos los chilenos (en tanto ella permita potenciar las capacidades de ejercicio de la libertad de conciencia), porque haya una protección eficaz sobre los derechos de los niños, porque haya igualdad de trato para la mujer, porque haya una clase política menos ligada al paternalismo y a la propensión conservadora de administrar las libertades individuales a partir de la hegemonía económica y política, en fin, porque haya un Estado que sea neutral frente a los grupos de interés confesionales o agrupamientos “valóricos”.
De este modo, un gran desafío es traer a la contingencia ese impulso de mayorías, de los que creen y quieren el imperio de las libertades de conciencia, de los que buscan impulsar la modernización del país hacia una sociedad mucho más democrática, y donde los derechos de las personas estén efectivamente determinados por la ley y no por grupos de interés moral o religioso.

La democracia chilena no tendrá su pleno ejercicio, mientras no se resuelvan las herencias decimonónicas del paternalismo, del autoritarismo cultural, del confesionalismo de ciertos grupos de poder, del patronato y de cierto feudalismo encubierto de las clases propietarias que construye la esencia de su discurso conservador. La forma de resolverlo, objetivamente, es interpretando el pensamiento de las mayorías, y quitando la legitimidad de la práctica política a determinados círculos de poder esencialmente minoritarios. 

(Editorial de Revista "Iniciativa Laicista" de mayo 2015)

Revista Iniciativa Laicista de Julio

Con una entrevista a Gabriel Boric,diputado de la región de Magallanes y Antártica Chilena,  se encuentra disponible gratuitamente en su sitio web la revista Iniciativa Laicista, en su edición de julio 2015. De la misma forma, se destaca un artículo del dirigente político Pablo Paredes. 
Son parte también de esta edición, los siguientes artículos: Análisis a ley de Acuerdo de Unión Civil, Reflexiones sobre la Declaración de la Masonería Femenina Chilena, Alcances sobre las Líneas Guías del Episcopado, El liderazgo femenino, De la factibilidad ideológica de los proyectos; Chile, un mal lugar para envejecer, En USA crecen los “nones” y La cruz en las aulas españolas.