Los ajustes post elecciones.

Francisco Córdova Echeverria

Extraño no va ser en los próximos meses, en que observemos situaciones de camaleonismo político justo antes, durante y de seguro después del Gobierno de Sebastián Piñera. Esto no va a ser novedoso para quienes comprendemos que la similitud de ambas coaliciones de poder es mayor a la que nos desean mostrar, y será fácil para muchos y en especial paras los Demócratas Cristianos dar un paso a la vereda del frente para sacar su tajada de poder.
Como todo es ideológico en política, aunque nos quieran los tecnócratas convencer que no, las cosas de 1988 al 2010 no se han modificado en lo sustancial, porque el sistema de sociedad y su modelo de vida se mantiene intacto desde su planificación con "El ladrillo" de los Chicago Boys y su puesta en marcha con la impuesta Constitución de 1980, neoliberales de elite que hoy vuelven en gloria y majestad a sobar los pomos del poder.
Quiero dejar en claro que lo que se dice acá, no es una protesta contra el mercado y los comerciantes que generan riquezas, mi alegato es por la maquinación de un diseño de sociedad que sólo apunta a enriquecer a los sistemas financieros y a los grandes conglomerados económicos de orden internacional. El pueblo embrutecido y convencido de que lo que vivimos es mejor que hace 100 años sin cuestionarse lo más mínimo su realidad, es producto de la pérdida de los ideales colectivos, de la destrucción de nuestra educación pública, del control de los medios de prensa, del ofertón de acceso al crédito para nuestras clases aspiracionales y del hipnotismo superficial y vacío de la televisión abierta. TODO UN ÉXITO.
Por eso no es de extrañar que ahora nadie se cuestione el trasfondo de una campaña presidencial, ni el actuar ético moral histórico del candidato, acá alguien que se enriqueció con el modelo a diestra y siniestra puede decir sin problemas que ha dedicado su vida al servicio público siendo que es incompatible conceptualmente y filosóficamente una cosa con la otra. Es más, muchas personas consideran que ser buenos en los negocios garantiza una buena forma de gobernar, asimilando desde esa perspectiva que sólo el ítem económico asegura la felicidad y el desarrollo de un pueblo, ¿Qué más vacío?
Cuando la Concertación asume el poder en 1990 hasta la fecha no se han tocado, ni siquiera discutido de cara al país las bases de sociedad establecida bajo un gobierno dictatorial ¿Por qué? La respuesta nuevamente es ideológica y social, los poderes políticos, económicos e incluso morales han sido históricamente administrados por un grupo reducido de familias, lo que se denomina una oligarquía, personas que gracias a las dificultades que establece la Constitución para ser derrocados en el poder (Sistema Binominal por ejemplo), las amplias atribuciones presidenciales de nuestro modelo político y por último las amplias posibilidades de negociados que permite tal situación, fueron un traje a la medida para los nuevos administradores o concesionarios del modelo neoliberal y ante esto, pocas ganas tienen o tenían de modificar algo que desde su origen no tiene validez democrática.
Como la ambición y repartija es intensa y el pueblo ciego e ignorante por diseño, muchos de los que participan del stablishment se dan el gusto de negar lo innegable y de declararse como servidores públicos sin descaros. El que algunos sientan que cambiarse de administración gubernamental tiene escasos costos políticos, un bajo conflicto ideológico y un aseguramiento de que más que mal todo el mundo olvidará lo ocurrido, ratificará (o ratifica) que en nuestro mundo político no existe una línea bien clara entre algunos grupos de la desestructurada Concertación y el grupo de derecha neoliberal que hoy tiene las riendas del destino del país y que puede hacer usufructo de lo que construyeron en los años 80.

CONVERSACIONES EN LA MASÍA DE FREIRE

Sebastián Jans






A poco más de una semana de la interpelación efectuada por el laicismo chileno a los candidatos presidenciales, y ya resuelta la segunda vuelta electoral, llegué a La Masía de Camilo Calvo, en la Región de la Araucanía. Accedía a su invitación y de su encantadora esposa Patricia, para pasar unos días en ese paraje distante de las tráfagos citadinos.
Fueron dos días distintos, ya que no hubo tiempo para enterarse de los eventos postelectorales, ni para afanarse con los comentarios de los opinólogos políticos, ni para ver la expresión eufórica del conservadurismo criollo, que después de 50 años, por primera vez ganaba una elección presidencial.
Fueron dos días de conversación y reflexión, y de acoger la experiencia de uno de los más fieles laicistas de la vieja guardia, que arrastra en su experiencia no solo el acervo vivencial de la política republicana, sino también las vivencias que el anti-republicanismo imprimió en la conciencia histórica nacional.
Camilo fue un novel Alcalde de Traiguén, a los 27 años y diputado por Malleco, antes de la ruptura democrática. Cuando sobrevino la dictadura, vino la cárcel, el traslado a Dawson, luego a Las Melosas, y por último el exilio. De regreso a Chile y durante la transición democrática fue nombrado Alcalde de Temuco. En años recientes, ha estado vinculado a nuestra red Iniciativa Laicista, aportando con su visión permanentemente asociada al laicismo, al republicanismo y al compromiso social.
Ligado a los basamentos doctrinarios del radicalismo desde su juventud, con los años emigró hacia el socialismo, con sencillez y sin aspavientos. Por cierto, en su reflexión conviven esas dos potentes almas del compromiso político, en un eclecticismo maduro, donde lo que importa es la expresión progresiva del hacer humano y su valoración por antonomasia.
De la conversación, junto a los pequeños esteros y a los múltiples árboles nativos, a las luminosas hortensias y los pastizales hirsutos, fue emergiendo un diagnóstico sobre la realidad nacional, sobre las debilidades del movimiento laicista, sobre las grandes tareas que deberán gestarse en torno a la defensa de las libertades de conciencia, sobre lo que significará enfrentar un nuevo escenario político, donde las visiones más conservadoras entrarán a controlar la ejecución política del Estado.
Fue un momento para pensar en el quehacer, en como contribuir a generar un profundo movimiento de reflexión en torno a los partidos llamados laicos, y como establecer las grandes ideas fuerzas que sean capaces de movilizar a los más amplios sectores sociales, a favor de una línea de acción fundada en la más auténtica diversidad y en el auténtico progresismo: aquel que nace de la constante evolución y del avance del conocimiento humano.
Las conversaciones en La Masía de Freire, con este notable tribuno laicista, sin duda, fueron una oportunidad personal para ganar certezas sobre lo que corresponde hacer en esta nueva etapa nacional, donde los laicistas tenemos mucho que decir.

DESPUÉS DE UNA INTERPELACION

Sebastián Jans

Una semana antes de las elecciones presidenciales, un grupo de laicistas - en calidad de personas y organizaciones – hizo llegar a los medios de comunicaciones una declaración e interpelación a los candidatos a la Presidencia de la República, pidiéndoles un pronunciamiento sobre la condición laica del Estado chileno, planteada en la Constitución Política de 1925, y que no aparece claramente consignada en la Constitución de 1980, ni en su modificación de 2005.
Los documentos enviados a la prensa, a los comandos, a un conjunto de ONG y a los parlamentarios, fue ignorada por los medios escritos y de TV, y solo fueron reproducidas por medios alternativos en Internet. No hubo respuestas tampoco de los candidatos ni de sus comandos, ni siquiera haciendo llegar una nota de acuso de recibo.
Ello da cuenta de que la voluntad en torno a la laicidad del Estado, como medio de garantizar la libertad de conciencia en nuestro país, no es parte de la agenda de la actual clase política que hegemoniza las decisiones de los bloques que se enfrentaron en la segunda vuelta presidencial.
Es más. Los llamados partidos laicos – que por lo menos merecen esa denominación, producto de su historia pasada - no han tenido en los últimos 20 años la preocupación por dejar claramente establecido su compromiso con la institucionalización de la libertad de conciencia y con el aseguramiento democrático que implica un Estado laico. Las ambigüedades y las carencias en su ámbito doctrinario han contribuido de modo determinante en los vicios y errores que han conducido a su fracaso.
Debe dejarse consignado, sin embargo, que, en lo que a la reivindicación del Estado laico y los valores laicistas, después de un tercio de siglo, ha sido la Presidenta Michelle Bachelet la figura política que más fidedignamente ha representado dentro de la actual clase política los valores que hemos sostenido los laicistas, y que se vio reflejada en su interés por buscar las bases de una educación laica y por promover políticas de salud ajenas a determinismos religiosos. También su conducta se vio reflejada con su compromiso con el proyecto bicentenario de recuperación del Patio de Disidentes del Cementerio General, que fue reinaugurado la semana pasada, como reivindicación de su trascendencia en la conciencia cívica nacional.
Ello se vio reflejado también en pronunciamientos concretos, como el realizado el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes el 31 de octubre pasado, al señalar: “Esta celebración es una forma de reafirmar las virtudes del estado laico en Chile, vale decir un Estado que asegura la libertad de culto, que acepta todas las creencias dentro del marco de la Constitución y las leyes, el Estado que defiende el pluralismo, la aceptación de la diversidad y la tolerancia como forma de vida”.
En marzo, como consecuencia de los resultados de las elecciones presidenciales, se inicia un nuevo periodo para nuestro país. No escapa a nuestra preocupación la opinión valórica de los líderes de los partidos de la nueva coalición de gobierno, de alto compromiso confesional, y donde no hay una referencia cierta de morigeración laicista en sus filas, salvo algunos personeros que valoramos en su honesta adhesión a nuestros valores. Destacamos a doña Lilly Pérez y don Carlos Cantero, que están llamados a ser referentes en los temas de libertad de conciencia en los próximos cuatro años, dentro de un gobierno que estará marcado por una visión de clara hegemonía católico-conservadora.
La visión patricia y confesionalista que predomina en el ADN de la triunfante coalisión, exacerbará la cautividad del Estado chileno respecto a una visión religiosa particular, y todo indica que se impondrá la misma concepción de sociedad que predominara bajo la visión refundacional y restauradora de carácter portaliano que representó en su momento la dictadura de Pinochet.
El compromiso del patriciado nacional con las concepciones autoritarias, unilaterales, totalizantes y excluyentes desde el punto de vista valórico, que se han expresado en las discusiones valóricas en el parlamento y en la sociedad civil, representado en el partido más confesional de la política chilena - la Unión Democrática Independiente - y buena parte de su aliado, el Partido Renovación Nacional, tendrá un escenario propicio para producir una gran reversión en lo poco que se avanzó en la recuperación del Estado Laico bajo los gobiernos de la Concertación.
La diversidad de pensamiento, el respeto por las minorías, la prescindencia de los poderes y personeros públicos de todo compromiso confesional, el establecer estadios institucionales que garanticen el pluralismo, la garantización activa de la libertad de conciencia, no están en la comprensión ideológica de los partidos de la triunfante coalición ni en la formación valórica de sus líderes más determinantes. No lo ha estado antes, ni nada indica que lo estará ahora.
El liberalismo que se expresa en sus filas no tiene que ver con las tradiciones liberales de carácter valórico, que se han expresado en la cultura occidental, sino con las concepciones esencialmente económicas. Esto ocurrió en la era portaliana, ocurrió bajo el régimen de Pinochet y no hay indicios de que vaya a ser diferente: la matriz patricia que modela las concepciones políticas del conglomerado son las mismas, y las lógicas de gobierno no difieren en su diseño y aplicación.
El patriciado nacional, fidedignamente representado en los partidos de la coalición triunfante, es el mismo en su carácter, en su lógica y en su composición histórica. Ello implica que los determinismos que modelan su accionar son los conocidos históricamente, y las experiencias y consecuencias las podemos encontrar en nuestra historia de modo muy nítido en las recurrencias del conservadurismo nacional.
Las fuerzas del progreso y la evolución histórica, de la diversidad y avance moral, tienen una dura tarea que necesariamente debe considerar la reivindicación de un proyecto laico de sociedad, donde retomar las virtudes de un Estado laico sirva de base para un país que se reencuentre con su propia génesis nacional y republicana. Para ello es fundamental que políticamente los partidos laicos asuman su condición de tal, y que el inmediatismo sea superado por las constantes de su carácter social y cultural.

POR LA RECUPERACIÓN DEL ESTADO LAICO Y EL ASEGURAMIENTO DEMOCRÁTICO.

El 17 de enero de 2010 la ciudadanía elegirá a un nuevo Presidente de la República, cuando se realice la segunda vuelta de la elección presidencial.
Los firmantes que suscriben, miembros de organizaciones comprometidas con la libertad de conciencia y su efectivo ejercicio en la sociedad chilena, promovemos la vigencia y fortalecimiento de un Estado Laico en Chile, esto es un Estado desligado de todo tutelaje religioso o confesional.
En la actual realidad nacional constatamos que el Estado chileno, que en su Constitución de 1925 estableciera la separación de la Iglesia y el Estado, se encuentra bajo un fuerte predominio religioso, a través de la acción fáctica que ejercen sobre sus instituciones dirigentes y personeros que cumplen funciones en los distintos poderes del Estado, y que responden privilegiadamente a estrategias de determinismo confesional antes que a sus obligaciones legales y constitucionales.
En los últimos 40 años, el Estado laico ha sido vulnerado por diversos personeros de gobierno, por legisladores, por funcionarios públicos, por autoridades locales, por las cúpulas y representantes de diversas instituciones del Estado, y por líderes políticos de diverso rango, que hacen caso omiso de la prescindencia de las instituciones del Estado de toda opcionalidad religiosa.
Entrada en vigencia la actual Constitución, esta acción se manifiesta en contravención con su art. 2 del Cap. III.
En virtud de esta realidad es que llamamos a la ciudadanía a observar con especial atención la conducta de los candidatos, tomar nota de cuando han ejercido funciones de representación en el parlamento o cualquier cargo publico, evaluándolos en su pensamiento y su conducta, y verificando si efectivamente son personas que tienen una efectiva conducta democrática frente a las cuestiones de conciencia.
Llamamos a los chilenos de espíritu libre a no votar por quien ponga sus puntos de vista religiosos por sobre el interés de sus electores y la diversidad de conciencia que existe en el país.
Sin la recuperación de un Estado Laico y sin el compromiso de sus representantes con el respeto efectivo a la libertad de conciencia, la democracia no podrá adquirir una verdadera condición de tal, y solo será un instrumento en función de intereses particulares, que inducen a una institucionalidad contraria a los valores republicanos, constituyentes de una verdadera democracia. Solo una institucionalidad laica del Estado permite que una democracia sea verdadera.

04 de Enero de 2010

Agrupación de Mujeres Amulén

Aguirre Ayala Herman

Aliste Almuna Enrique

Arancibia Fernández Freddy

Arancibia Figueroa Freddy

Castro Hidaldo Abelardo

Centro Cultural Latinoamericano

Centro Cultural Rector David Stichkin Branover

Centro Cultural y Social Seamos Más

Chamorro Avilés Sergio

Cisternas Ulloa Emilio

Compañia de Teatro Espontáneo La Fragua

Córdova Echeverría Francisco

Federación de Estudiantes ULARE. Concepción

Galleguillos González Ricardo

Gutiérrez Luengo René

Herrera Guerrero Gonzalo

Iniciativa Laicista para la Consolidación de la Sociedad Civil

Jans Pérez Sebastián

Kantar Contreras Mauricio

Leiva Villagrán Carlos

Mastrolonardo Massimo

Medina González Rodrigo

Molina Anabalón Carlos Eduardo

Monsalvez Araneda Danny

Movimiento de Acción Librepensadora

Moyano Barahona Cristina

Olivera Benítez Exequiel

Organización C.I.D. Ciudadanos Independientes Democráticos

Ortiz Jerez Carolina

Ossandón Correa Fernando

Piñats Phillipi Alejando

Ponce Riveros Freddy

Ramírez Alvarez Diego

Robles Estay Hernán

Robles Ortiz Claudio

Rojas Leal Enrique

Rojas Norambuena Emilio

Ruiz de la Fuente Luis Antonio

Saavedra Aguillón Hernán

Salvo Inostroza Camilo

Sanhueza Zúñiga Esteban

Santibañez Ibarra Luis

Suazo Peña Bernardo

Superby Ríos Julio

Valdebenito Iturrieta Milton

Vivanco Gómez Dionisio

Vega Cid Roberto





Vocería:
Camilo Salvo Inostroza Fono 02 475 8446
Hernán Saavedra Aguillón Fono 8 233 7180

Interpelación a los candidatos a la Presidencia de la República.

Las organizaciones y personas laicistas suscriptoras del presente documento, se dirigen a los candidatos presidenciales, para conocer su opinión sobre los siguientes aspectos, toda vez que la contienda electoral en marcha para elegir Presidente de la República, hace propicia la oportunidad para conocer su disposición a impulsar iniciativas que profundicen el carácter laico del Estado en Chile.

Como es de conocimiento general, en el año 1925 el Presidente Arturo Alessandri Palma llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica, en virtud del cual el Estado de Chile abandonó su carácter confesional, que anteriormente proclamaba como religión oficial a la católica, apostólica y romana. Este acuerdo, que se conoce como separación de la Iglesia del Estado, fue ratificado en la Constitución de 1925, declarándose el Estado chileno formalmente laico a partir de entonces, y, como tal, garantía del respeto a la libertad de conciencia y a la tolerancia religiosa.

Con esto, el Estado de Chile dio un paso trascendental en la consolidación de su carácter republicano, la que se caracterizó por un proceso que avanzó destacadamente hacia la independencia de los poderes estatales respecto de la institucionalidad eclesiástica.

Sin embargo, a partir de la crisis institucional que desembocó en la dictadura y, luego, con la recuperación de la vida democrática en el país, la realidad política y el desarrollo institucional ha estado marcado por el manifiesto compromiso de personeros del Estado con sus ideas religiosas, que prevalecen por sobre el bien común. Este proceso ha conducido a una cierta reversión en el Estado laico, que se manifiesta por la frecuente aceptación de determinismos religiosos específicos en las decisiones políticas o en la conducción de las instituciones del Estado.

La realidad social del siglo XXI, sin embargo, muestra una creciente diversidad religiosa y moral, constituida no sólo por una mayor cantidad de religiones que se disputan el mundo de los creyentes, sino también por conglomerados cada vez más significativos de agnósticos y ateos, los cuales también contribuyen a la conformación de los grandes valores éticos que requiere una sociedad para hacer posible una sana e integradora convivencia.

Asimismo, es creciente la diversidad de grupos y movimientos que representan distintas sensibilidades sociales, culturales e individuales cuyos intereses y aspiraciones se entrecruzan, y frente a los cuales el Estado, independiente de ellos, y al igual que en relación con las religiones y las convicciones filosóficas, debe velar por el respeto a sus libertades y derechos fundamentales, garantizando la expresión de su diversidad.

El Estado en la concepción laicista, es garantía de la integración de todos los ciudadanos en la esfera pública, manteniéndose absolutamente independiente del control y de las normas de las confesiones religiosas y de las convicciones filosóficas y personales, aún cuando procura que todos los intereses en ese campo tengan derechos de expresión y canalización a través de la institucionalidad política republicana y democrática.

En el contexto actual expuesto, consideramos imperioso que el Estado chileno retorne al camino que ha extraviado en gran medida por 40 años. Ello permitirá abordar muchos temas que afectan a las personas y a los objetivos nacionales, entre los cuales mencionamos los siguientes:

1.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a incluir en su agenda la regulación legal del aborto, sin prejuicios y en todas sus complejidades y matices, ponderando los antecedentes que proporciona el conocimiento científico y la jurisprudencia internacional, dentro de un contexto de amplia difusión a la comunidad, que la sensibilice respecto a la realidad social de los abortos clandestinos y de los embarazos adolescentes.

La largamente evadida discusión acerca del aborto terapéutico a contrapelo de los numerosos requerimientos que han efectuado, a lo largo del tiempo, diversas organizaciones del país y del exterior, incluidos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos, ambos de Naciones Unidas, que han reparado en que las disposiciones limitativas absolutas respecto al aborto terapéutico, incluido el caso en que existe riesgo vital para la mujer embarazada, colocan a Chile en una situación de anacronismo extremo respecto al reconocimiento que los cuerpos legales de la inmensa mayoría de los países del mundo han efectuado a este derecho de la mujer. Estimamos de un humanitarismo elemental restablecer a la brevedad el derecho al aborto terapéutico en caso de peligro vital para la mujer embarazada.

Cabe tener presente que la legislación regulatoria sobre el aborto en general, más allá del aborto terapéutico, está vigente en la gran mayoría de los países, donde se permite la realización del aborto fundado en la precariedad física o psíquica de la mujer, en casos de violación o incesto, en situaciones de inviabilidad del feto, y aún, en algunos casos, sin expresión de causa dentro de las primeras semanas de embarazo.

Estas disposiciones, vigentes incluso en países en que la Iglesia Católica tiene alta presencia, como Bélgica, Francia, Italia y España, por ejemplo, reflejan la laicidad de los Estados que entienden que deben garantizar el ejercicio de la libertad de conciencia para la ciudadanía en general y no puede forzar a todos los ciudadanos a aceptar los preceptos derivados de creencias religiosas, por mayoritaria que la religión pudiera ser en la población.

2.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a que haga efectivos, en la Constitución y la ley, los derechos sexuales y reproductivos de la población, a cuyas formulaciones internacionales ha adherido Chile, pero que en la práctica son denegados en situaciones concretas. El pleno ejercicio de estos derechos debe permitir a cada ciudadano y ciudadana decidir libre y autónomamente la sexualidad que desea vivir, con derecho a no ser discriminado por el Estado ni por la sociedad en relación con su conducta sexual, como asimismo a vivir la sexualidad protegida del riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual y en forma independiente de la reproducción.

La patética resolución del Tribunal Constitucional chileno que en 2008 declaró inconstitucional la distribución de la denominada "píldora del día después" en el sistema público, evidenció que una concepción particular de fe acerca del comienzo de la vida está enquistada en el propio texto constitucional, que se convierte así en un obstáculo mayor para los efectos de ampliar las posibilidades de ejercer los derechos de libertad de conciencia y de autonomía individual.

3.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a aceptar que en el Chile actual, se verifican situaciones que derivan de los cambios en las prácticas de convivencia social, que requieren ser protegidas en conformidad a un Estado laico, respetuoso de las opciones religiosas de cada cual, pero independiente de las disposiciones y presiones de las instituciones y autoridades eclesiásticas.

El Estado debe procurar amparar la variedad de uniones civiles que se verifican en la práctica social, como es el caso de las uniones homosexuales, las parejas heterosexuales en convivencia y las familias monoparentales, todas las cuales, a pesar de su vigencia en los hechos, están en desmedro para ejercer los derechos que la Constitución y la ley aseguran a las estructuras familiares reconocidas.

4.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a asumir la lamentable postergación que en el plano constitucional y legal chileno, se está dando a la legitimación de la aplicación en medicina de procedimientos terapéuticos derivados de los más recientes avances en biología molecular, tales como fertilización in vitro o la terapia génica, y cuya aplicación permite beneficios tales como el logro de la concepción en parejas infértiles, hacer tratables enfermedades hasta ahora incurables y mejorar la calidad de la vida humana.

Temas como el uso de células madre de embriones humanos en curación de enfermedades suscitan rechazos que están fundados en concepciones religiosas particulares que no comprometen a la población ajena a tutelas religiosas, la que tiene derecho a exigir de sus representantes políticos que los usos de tales técnicas constituyan opciones reales en los sistemas públicos de salud.

Las valoraciones religiosas particulares no pueden bloquear la posibilidad de que la ciudadanía pueda recurrir a todas las opciones médicas que ayuden a salvar sus vidas, curar sus enfermedades o aliviar su dolor, sin violentar la libertad de conciencia y autonomía individual de cada cual, teniendo presente que finalmente la facultad de consentir o no que los procedimientos terapéuticos se apliquen en su propio cuerpo reside en cada persona individual.

5.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a aceptar sinceramente que la libertad de conciencia y la autonomía personal son derechos ciudadanos que el Estado debe respetar, y que, a su vez, debe contribuir a formar. Esto sobre la base de una educación pluralista y de la más alta calidad, de tal modo que los educandos egresados, aparte de estar preparados y orientados conforme a su vocación técnica y profesional, sean hombres y mujeres autónomos para decidir los modos y estilos que llevarán en su vida social, para adoptar o no ideologías o partidismos políticos, y para asumir o no convicciones filosóficas o religiosas.

A esto se oponen los programas educacionales vigentes cuando contemplan la vigencia de la asignatura de religión, concebida como una doctrina particular proselitista destinada a captar la adhesión del educando. Esta enseñanza, por optativa que sea, es un atentado al desarrollo y formación de la conciencia libre de los niños. Nos parece impropio que la enseñanza que es financiada por el Estado, con contribuciones de todos los ciudadanos, mantenga las clases doctrinarias de religión establecidas sobre la base de privilegios respecto de una fe particular.

Estimamos necesario que el Estado ponga término al adoctrinamiento en los establecimientos que mantiene o que financia, sin perjuicio de abrir debate respeto a la forma en que debe ser entregado el conocimiento no doctrinario acerca de la religiosidad en general, de las religiones en particular, o de cualquier opción espiritual, como parte de la formación integral del estudiante.

6.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a comprometerse en cuanto a que el Estado Laico debe ser prescindente respecto de la actividad religiosa y ello debe significar su independencia respecto de la influencia de las instituciones religiosas, pero también implica que el Estado debe abstenerse de concurrir al financiamiento de las actividades religiosas.

La denominada Ley de Cultos de 1999, que estableció un reconocimiento de igualdad jurídica para las iglesias y organizaciones religiosas, dejó expresamente establecido que el Estado reconocía el ordenamiento de derecho que tuvieran las iglesias a la publicación de la ley, con plena capacidad de goce y ejercicio, lo que ha permitido a la Iglesia Católica mantener derechos excepcionales en desmedro de otras confesiones.

En atención a lo expuesto en los puntos anteriores, es preocupación del mundo laicista el debilitamiento del rol del Estado como ente garante de la pluralidad de conciencia en la sociedad civil. La libertad de conciencia, debemos precisarlo, es mucho más amplia que la libertad religiosa. La realización de la libertad de conciencia requiere complementarse con la igualdad efectiva de oportunidades. Un camino efectivo en ese ámbito lo sugiere la realidad de Bélgica, donde el Estado actúa en función de garantizar los derechos de conciencia más allá de la pluralidad religiosa.

En la actualidad, la abrumadora presencia de una visión religiosa, en forma directa o indirecta, en la propiedad y administración de establecimientos de educación básica, media y universitaria, así como en los medios de comunicación radiales, televisivos e impresos, posibilitada por la consideración mercantil que se ha otorgado a estos espacios, y por el acceso al poder económico que dicha confesión ha logrado, permite un dominio ideológico en la sociedad que presiona sobre el Estado.

El Estado, para garantizar efectivamente los derechos de conciencia, requiere el término de este dominio ideológico confesional monopólico, que se sustenta en el poder económico, donde la expresión de grupos sociales ajenos a ese dominio o a esa adhesión religiosa resulta acallada en su derecho a participar en la conformación de la opinión y la voluntad moral ciudadana.

Estimamos que el Estado debe contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades en la expresión de la diversidad, por una parte, fortaleciendo las opciones estatales y laicas de educación, a todo nivel, y, por otra, gestionando el pluralismo informativo, desideologizado y no discriminador, a través de redes públicas de información de amplio y profundo alcance, con financiamiento estatal, que abra espacios reales a la expresión de la creciente diversidad social y cultural de la comunidad.

En atención a los conceptos que hemos señalado, nos permitimos interpelar a los candidatos a Presidente de la República, invitándolos a hacerse cargo de las reflexiones del presente documento y a pronunciarse pública y decididamente en apoyo del fortalecimiento del Estado laico.


Santiago, enero de 2010.

Agrupación de Mujeres Amulén

Aguirre Ayala Herman

Aliste Almuna Enrique

Arancibia Fernández Freddy

Arancibia Figueroa Freddy

Castro Hidaldo Abelardo

Centro Cultural Latinoamericano

Centro Cultural Rector David Stichkin Branover

Centro Cultural y Social Seamos Más

Chamorro Avilés Sergio

Cisternas Ulloa Emilio

Compañia de Teatro Espontáneo La Fragua

Córdova Echeverría Francisco

Federación de Estudiantes ULARE. Concepción

Galleguillos González Ricardo

Gutiérrez Luengo René

Herrera Guerrero Gonzalo

Iniciativa Laicista para la Consolidación de la Sociedad Civil

Jans Pérez Sebastián

Kantar Contreras Mauricio

Leiva Villagrán Carlos

Mastrolonardo Massimo

Medina González Rodrigo

Molina Anabalón Carlos Eduardo

Monsalvez Araneda Danny

Movimiento de Acción Librepensadora

Moyano Barahona Cristina

Olivera Benítez Exequiel

Organización C.I.D. Ciudadanos Independientes Democráticos

Ortiz Jerez Carolina

Ossandón Correa Fernando

Piñats Phillipi Alejando

Ponce Riveros Freddy

Ramírez Alvarez Diego

Robles Estay Hernán

Robles Ortiz Claudio

Rojas Leal Enrique

Rojas Norambuena Emilio

Ruiz de la Fuente Luis Antonio

Saavedra Aguillón Hernán

Salvo Inostroza Camilo

Sanhueza Zúñiga Esteban

Santibañez Ibarra Luis

Suazo Peña Bernardo

Superby Ríos Julio

Valdebenito Iturrieta Milton

Vivanco Gómez Dionisio

Vega Cid Roberto


Vocería:
Camilo Salvo Inostroza Fono 02 475 8446
Hernán Saavedra Aguillón Fono 8 233 7180

UN LIDERAZGO PARA EL DIÁLOGO DEL BICENTENARIO.

Sebastián Jans

Ha sido elegido Presidente de la Fraternidad Ecuménica de Chile, el Reverendo David Muñoz Condell, representante en esa mesa de las Iglesias Protestantes Evangélicas de nuestro país. La Fraternidad Ecuménica de Chile es una instancia de encuentro y diálogo de las tradiciones religiosas cristianas que tienen presencia en nuestro país: la católica, la protestante y la ortodoxa.
Pastor bautista, diplomado en teología, licenciado en Ciencias de Desarrollo, Magíster en comunicación social, Maestro en Ciencias Sociales, y Doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas, ha sido profesor en distintas Universidades e instituciones formativas, y ejerce como Capellán Nacional Evangélico de la Policía de Investigaciones. Autor de varios libros, entre los cuales destaco tres: “Las Sectas Religiosas en Chile: Un Análisis Socio-Patológico de sus Conductas” (2002), “Sectas Religiosas y Campo Simbólico” (2004), y “La Relación entre Liberales, Protestantes y Masones en el Siglo XIX: Un Análisis Comparado entre Chile y Perú, en el Primer Centenario 1810-1930” (2009).
Anteriormente, el Pastor Muñoz Condell ya ha ejercido la labor de presidente de esa instancia de diálogo ecuménico, y en el tiempo se ha mantenido en una situación de preponderancia permanente en el encuentro religioso y en la apertura hacia otras expresiones de la espiritualidad, incluso hacia aquellos que tienen una visión agnóstica.
De una personalidad cercana a la realidad de nuestro tiempo, el Pastor Muñoz Condell es la expresión de una religiosidad que se siente cercana a las problemáticas del hecho social y a la necesidad de encontrar respuestas comunes a las manifestaciones de los cambios culturales, producto de los avances y retrocesos que experimenta el hombre individual y colectivo en un tiempo histórico en constante cambio.
Su aporte intelectual en el ámbito de la pluralidad evangélica protestante, ha tenido un impacto altamente positivo en términos de recoger ciertas constantes históricas de esas corrientes religiosas, donde de reconoce al laicismo como un elemento determinante para la igualdad religiosa y para los derechos de conciencia, donde hombres de las diversas corrientes protestantes hicieron un aporte significativo en nuestro país.
Esas constantes han tenido nombres de gran significación, en cuanto a introducir la valoración y la práctica de las libertades de conciencia y la demanda de un Estado laico, y parten con la llegada al país del Pastor David Trumbull, uno de los precursor religiosos de la libertad religiosa y de conciencia en nuestro país, al cual hay muchos nombres que aportar posteriormente, los que tuvieron la particularidad de aproximarse de manera activa a una concepción alternativa a la pretensión hegemónica que impone un credo oficial del Estado.
El aporte de hombres como Trumbull, que vincularon activamente su profesión de fe con la concepción laicista del Estado, permitieron en Chile el establecimiento de los derechos de conciencia, aún con todas las trabas que han sido posibles de advertir históricamente en nuestro país, incluso en tiempos muy recientes y en procesos que se advierten tremendamente vigentes.
Ello lo ha puesto de manifiesto el Pastor Muñoz Condell en su reflexión y en la valoración histórica que hizo, por ejemplo, en su participación en el Servicio de Acción de Gracias (mediáticamente conocido como Tedeum Evangélico) del año pasado, donde realizó un significativo análisis histórico del desarrollo y aporte de las iglesias protestantes, a las libertades de conciencia y a la concepción de un Estado laico, poniendo de manifiesto las enormes dificultades enfrentadas y los desafíos del presente.
Sus firmes convicciones sobre el hecho religioso en Chile han sido, más que un obstáculo, una oportunidad para el diálogo inter-religioso con la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y este pastor bautista ha sido destacado protagonista de un encuentro entre comunidades religiosas que, aún respondiendo a raíces comunes, deben disputarse las opciones de conciencia de aquellos que buscan una respuesta espiritual en la religiosidad, al fin y al cabo de la mayoría de las personas de nuestra sociedad.
El crecimiento de las religiones protestantes es un hecho que cotidianamente se expresa, en desmedro de la influencia de la iglesia católica, apostólica y romana, cuyo activo se puede ya equiparar al activo de la suma de iglesias protestantes. Solo la identidad cultural católica chilena hace que la proyección del sector pasivo contribuya a la superioridad numérica del catolicismo, y que provoca lecturas de hegemonía y exclusivismo, propias de los sectores más tradicionales del poder de nuestro país.
La comprensión del Pastor Muñoz Condell de nuestra realidad religiosa como país y su convicción dialogante, es un positivo aporte de la Fraternidad Ecuménica de Chile a la disposición espiritual del Bicentenario, y quienes tenemos una mirada laicista de nuestra realidad nacional, aventuramos que este líder espiritual religioso no solo sea una garantía de diálogo inter-religioso, sino también un activista del diálogo religioso-laicista, como una oportunidad para asegurar las bases republicanas de la libertad de conciencia como seguridad humana.
En la medida que ese diálogo espiritual diverso pueda ser posible, se estará dando paso al gran diálogo del Bicentenario, y en cierto modo se hará homenaje al primer hito republicano de la libertad de conciencia y el vislumbre de un Estado laico en nuestro país, protagonizado por nuestro Padre de la Patria, Bernardo O´Higgins, quien concede en 1819 el derecho a los no católicos a tener un cementerio en Santiago y Valparaíso.

PROPUESTA DE REGIONALIZACIÓN

Ponencia del Centro Cultural y Social Seamos Más de Concepción en el Seminario PODER CONSTITUYENTE PARA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, realizado con el auspicio de diversas organizaciones estudiantiles en la Universidad de Los Lagos.


Seamos Más sostiene que sólo el pueblo de Chile, esto es, toda la comunidad políticamente organizada, tiene el derecho de darse a sí mismo el orden político constitucional que libremente estime preferible. Todos los hombres y mujeres chilenos, independientemente de sus ideas, sexo, condición social, económica, o creencias religiosas, pueden y deben estar en condiciones de decidir acerca de las reglas fundamentales de su vida en común, para así contribuir y compartir, libre, responsable y solidariamente, sus éxitos y fracasos, dolores y esperanzas, su pasado, su presente y su futuro.

Seamos Más se ha inspirado en la convicción que el pueblo de Chile cree en la democracia, aspira a ella y desea vivirla para perfeccionar su convivencia política y para avanzar, desde ella y dentro de sus reglas de convivencia, hacia una sociedad económica y socialmente más justa. Los grandes valores que inspiran a la comunidad chilena, tales como la libertad, la justicia, la solidaridad, no pueden encontrar espacios de expresión y desarrollo sino en un régimen político democrático, que esté guiado por un irrestricto reconocimiento, respeto, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana.

Nos asiste la convicción de la imprescindible y urgente necesidad de lograr la completa Regionalización, tanto administrativa como política. Impetramos la descentralización política, por cuanto es un proceso de reordenamiento de las aptitudes y capacidades, como también de la redistribución de las potestades públicas a cada una de las grandes unidades territoriales o regiones en que se divide el país. Las entendemos formadas cada una de ellas por sus características geográficas, políticas, socio-económicas y culturales consideradas homogéneas o complementarias, para los efectos de la convivencia y desarrollo sustentable, como de su gobierno y administración, todo ello en un contexto de intransigente garantía del Estado Unitario, pero dentro de una noción de Estado Unitario descentralizado políticamente y no de un Estado Unitario descentralizado, sólo administrativamente. Subrayamos la intangibilidad de la forma de Estado Unitario, pues es el “alma” que ha acuñado y acuña nuestra nación sociológica, de tal manera que la descentralización política requerida como imprescindible en nada puede menoscabarla sino que fortalecerla al hacer, entre otros expedientes, la distribución del poder y la incorporación de la participación indispensable en su ejercicio de nuestros pares soberanos, asentados en las distintas latitudes del suelo patrio.
Entre los tipos de personas que han abordado la regionalización y sus políticas públicas, podemos situar a los “oficiales”, hombres de Estado, funcionarios y técnicos encargados de concebir, proyectar y ejecutar soluciones a corto o largo plazo para combatir el subdesarrollo. Todos ellos presentan como características común una “visión descendente” de la acción a llevar a cabo. Formado en los métodos administrativos de la centralización, dejarían de ser ellos mismos y renunciarían a su tarea y a su universo mental, si no considerarán que en este campo, como en los demás, la decisión pertenece al Estado. Reconocen los pasados errores de ese Estado, pero solo para paliarlos y no para reflexionar sobre las estructuras estatales. Proyectan desde el punto de vista económico devoluciones de capitales a la región, impulso a las iniciativas que esporádicamente puedan manifestarse, plan de regionalización –concebidos en Santiago-, desplazamiento autoritario de los grandes complejos industriales de interés nacional desde un punto a otro del territorio. Desde el punto de vista de la administración, reconocen la necesidad de escalones intermedios entre el ciudadano y el Estado, ya sea estableciendo y haciendo funcionar niveles varios de consulta, o por medio de la encarnación del escalón regional en una persona con competencias supradepartamentales. No preconizan una descentralización verdadera cuyo objeto sería multiplicar los centros estatales, sino una desconcentración dejando sin más que las decisiones se tomen en un único punto geográfico, la capital. La acción regionalista caracterizada por la visión descendente es reformista y paternalista a la vez: se trata de una inflexión táctica, y no sustancial, del Estado Unitario.

Dentro de un resumido paréntesis demos razón de nuestra aseveración en orden a que, para los propósitos señalados, no basta la sola pero esencial descentralización administrativa. La descentralización administrativa es únicamente la ejecución por parte del Gobierno regional –ente autárquico con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio-, de una de las tres subfunciones del Ejecutivo, cual es la administrativa, consistente en satisfacer de manera regular y continua las necesidades regionales o locales a través de los servicios públicos y demás organismos creados por la ley para este objeto. En otras palabras, sólo puede apuntar y se agota en la instrumentalización específica de las decisiones adoptadas por el Gobierno Central, el que pudo o no consultar o interpretar fielmente, por variadas circunstancias, el querer y demandas de la Región, en la oportunidad en que prefijo sus planes, metas y medios, generales o particulares.

De aquí que postulamos la Regionalización tanto administrativa como política, por cuanto sólo la conjunción de los dos tipos de descentralización en que se fundan, la “autarquía” y la “autonomía”, deben dar lugar a un proceso de perfeccionamiento del sistema democrático chileno, al conciliar la autoridad y mando con su requisito de existencia insoslayable que es el ejercicio de la libertad.
Podemos aventurar una conceptualización de la descentralización política por algunos de sus elementos. Lo consideramos como un sistema que importa: el establecimiento de diversas REGIONES en el ámbito geográfico del Estado, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio; la distribución del poder público entre el Gobierno Central y estas corporaciones, con el objeto que pueden conducirse y dirigirse con la independencia que les determine la Constitución y la detentación por ellas de las potestades públicas en lo relativo a su gobierno y administración como, asimismo, en lo concerniente a la creación en las esferas de sus competencias. Ello se consigue no sólo cuando el Mandatario que ejerce la voluntad general del órgano sea elegido por los gobernados, sino en cuanto el Pueblo participa, lo más cerca y oportunamente posible, en la generación y adopción de las decisiones sobre los problemas que directamente le atañen, así otorgará una ejemplar legitimidad democrática a las resoluciones así adoptadas, pues habrá superado la democracia formal y obtenido la del soberano responsablemente participativo y vigilante.
De esta suerte, el imperio del Régimen Político de Democracia Integral invocado y que divisamos alcanzable redistribuyendo el ejercicio del poder público de la manera señalada, constituirá la dignidad humana como fin existencial de la sociedad y el pleno goce de los Derechos Humanos, como su acabada manifestación.

En lo tocante a los derechos económicos, sociales y culturales, podemos añadir que nos deben ser garantizados por la “igualdad social”, que se instrumentaliza en la facultad subjetiva para demandar y obtener de la sociedad la asistencia, protección y medios imprescindibles para cumplir el mandato humano biológico, cultural y espiritual, mediante el establecimiento de condiciones de vida compatible con ello, que nos sustraiga de toda dominación social como económica.

Creemos perentorio empeñarnos en completar la Regionalización iniciada en lo administrativo, con la descentralización política en atención a que nos rige una clase de Gobierno Representativa Clásica y una forma de Gobierno Presidencialista Reforzada (Neopresidencialismo para otros), lo cual más bien se asemeja a un deposito de confianza sin referente e irresponsable en los poderes públicos, que una conducción de la Sociedad Política y del Estado de acuerdo con la voluntad general o querer efectivo del Soberano( Pueblo) grave situación que no se vislumbra por el momento posible de modificar. (AQUÍ HACER MENCIÓN QUE EL OBJETO DEL SEMINARIO ES ESE)
Parece aconsejable por ello iniciar el tránsito, al establecimiento de la democracia por la vía de la descentralización política agregándola a la administrativa, con la intención de avanzar hacia una democracia participativa, en que las regiones tengan facultades para elegir sus propias autoridades a ese nivel, y detenten funciones de gobierno, de administración y facultades normativas regionales. Como regionalistas de izquierda nos apoyamos en el concepto mismo de la democracia para exigir una reconstrucción que siga el sentido ascendente de la ciudadanía. Pensamos que los problemas económicos y sociales de las regiones deben ser abordados en primer lugar por las propias regiones y resueltos a esa escala en la medida de lo posible (para lo cual se hace necesaria una autonomía más o menos amplia).

A modo de ejemplo y para ir avanzando en la preocupación, estudio y discusión de un anteproyecto sobre su contenido señalaremos algunos de los principales elementos y características de la descentralización política.
1.- La Tutela. Considerada como el vínculo de supervigilancia de la autoridad central sobre las regiones, con el fin de proteger el interés general y hacer respetar el ordenamiento jurídico nacional, en relación con los actos y procedimiento realizados o pretendidos efectuar por ellas.
2.- Potestades Públicas. En cuanto significa el otorgamiento por el Soberano, a través del Poder, mediante mandato indicativo generalmente consignado en la Constitución, de facultades específicas de gobierno y administración para que cierto órganos o instituciones descentralizadas formulen, establezcan y/o apliquen los sistemas de imperativos legales; conduzcan la región, las personas y los procesos atinentes al colectivo, de conformidad con las competencias que detentan; como, asimismo, para llevar a cabo las acciones encaminadas a solucionar los problemas sociales.
3.- La Autonomía. En estrecha relación con lo precedente, la entenderemos como facultades de las unidades geográficas descentralizadas, para crear y establecer su propio sistema de imperativos legales que detecten y formulen criterios de solución a la problemática de la Unidad, el cual es reconocido por el Estado incorporándolo a su ordenamiento jurídico general y lo declara obligatorio para la Región.
Lo afirmado, tácitamente veda a la regiones, en cuanto a tales, como corporaciones de derecho público toda participación en el Poder Constituyente del Estado y en su función legislativa central de contenido nacional.
4.- Control de Constitucionalidad y Legalidad. Las normas regionales están sometidas al control propio del Estado Unitario, es decir, al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, asimismo, los conflictos de competencias y controversias suscitados entre los órganos nacionales y regionales. Y de igual forma, a la Contraloría General de la República, los de su competencia.
5.- Origen de las Autoridades. Nos parece de la esencia de la descentralización política que las regiones elijan sus propias autoridades por sufragio universal y sistema proporcional, consideradas cada una de ellas como colegio único en la totalidad de su ámbito geográfico, o al menos que les corresponda un rol preponderante en su nombramiento, cuando el evento anterior sea imposible por razones de contenido.
Lo dicho comprende a las autoridades llamadas cumplir funciones de gobierno, de administración o de legislación regional.

Con los mismos propósitos ya analizados respecto de los elementos y características, es necesario indicar sólo descriptivamente, los órganos más importantes que encarnarán institucionalmente el quehacer de conducción de la región: Gobernador Regional, Asamblea Regional y el Consejo Económico y Social Regional.
A) El Gobernador Regional: A este órgano le compete desarrollar las funciones de gobierno y administración dentro del ámbito geográfico con la colaboración de sus ministros Secretarios Regionales. Así, dentro de sus quehaceres le corresponde hacer uso de su iniciativa para formulación, sanción y promulgación de los reglamentos regionales, como también ejercer la potestad reglamentaria regional a través de decretos regional para la aplicación de dicha normativa. Con semejante objeto debe proponer, para la aprobación de la Asamblea, los planes de desarrollo regional y el presupuesto financiero anual. Asimismo, es de su incumbencia organizar y administrar los servicios públicos descentralizados y coordinarlos con los del gobierno central.
Esta institución difiere del actual Intendente por que no es representante directo del Presidente de la República en la Región, por lo tanto no forma parte de la Administración Central.

B) Asamblea Regional: Este es un órgano normativo que le compete la función de preparar y dictar los reglamentos regionales sobre las materias de su competencia, según lo prescrito por una Constitución y una Ley Orgánica Constitucional de la Región Autónoma que acoja esta normativa jurídico-constitucional, además de las funciones generales que se deducirían de lo anterior.
En cuanto a sus atribuciones esta extiende a la aprobación indispensable del plan de desarrollo regional y del presupuesto financiero anual, así como también a dar o negar su consentimiento por las leyes nacionales o los reglamentos regionales. Por otra parte le compete fiscalizar los actos políticos y administrativo del Gobernador, como resultado de ello pueden destituirlo por “voto de censura” que cuente con la adhesión expresa de tres quintos de los representantes en ejercicio.
Este cuerpo normativo sería integrado por miembros denominados “representantes regionales”, elegidos popular y directamente por periodos de cuatro años y reelegibles, mediante sufragio universal y sistema electoral proporcional. Su número debería determinarse por la ley orgánica aludida en relación con los ciudadanos residentes con una anticipación mínima en cualquier punto de la región lo que constituirá un colegio electoral único.
En nuestro ordenamiento actual, existe el Consejo Regional que es un órgano que hace efectiva la participación de la comunidad regional en el Gobierno Regional. Emana indirectamente de la ciudadanía, es un órgano colegiado que tiene facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

C) El Consejo Económico y Social Regional. Esta es una persona jurídica de derecho público que goza de independencia, constituyen una institución auxiliar del Gobernador y de la Asamblea Regional, dentro del espacio regional se concibe por ser un organismo de debate, evaluación y consejo de todas las cuestiones que se susciten con motivo de la concerniente ejecución de los planes y programas de acción de carácter social o económicos, o de las prescripciones a incorporar en los reglamentos regionales. Por el carácter del ente manifestamos la consecuencia de integrarla con personeros idóneos de las principales organizaciones de las actividades sociales y económicas de la región.

Sin embargo, lo que en nuestra región ha faltado principalmente es una conciencia regional vinculada a los problemas económicos, innovadora y acaso revolucionaria. La región ha proporcionado claramente una parte de los electores fieles a la Concertación, pero esa misma “izquierda” es al mismo tiempo centralista incapaz de aceptar un análisis de los hechos económicos. El Estado es el responsable esencial del desequilibrio en la ausencia de perspectivas regionales, la coincidente inconsciencia del espíritu estatal y el espíritu de los hombres de regiones, en este caso de una burguesía que ha querido el desequilibrio. En definitiva, a la anarquía del desarrollo neoliberal que el centralismo protege o consiente, la consecuencia es grave: la lucha contra el subdesarrollo ya no puede se realizada con los medios financieros regionales. Desde hace mucho tiempo se sabe que solamente empresas de origen internacional o nacional estatal o privada compensan, y muy deliberante, la ausencia de iniciativa industrial regional.