Nueva Constitución y la oportunidad de un verdadero Estado laico

Marcela Sandoval Osorio

“Una constitución es una decisión fundamental sobre la identidad y forma de existencia de una unidad política, es decir, la que hace posible 
que una comunidad política sea un agente político”.  (Fernando Atria.

“La Constitución tramposa”. 2013)

Recientemente en un foro sobre “nueva Constitución” una persona del público  preguntaba cómo explicar la importancia de este debate a quienes sus rutinas cotidianas los dejan fuera de conversaciones como ésta. En el fondo se preguntaba cómo hacer que este tema, aparentemente crucial en la vida de un país, llegara también al diario vivir.

Las respuestas pueden ser variadas respecto al cómo, es decir, a las estrategias que se pueden promover para acercar este debate, sin embargo, hay un argumento poderoso que debiera primar: la Constitución actual tiene reglas que impiden el goce de nuestros derechos humanos y ese solo hecho impacta el diario vivir. Ejemplos pueden ser variados; desde cuestiones como la desprotección en la seguridad social a demandas más complejas como el no reconocimiento de grupos discriminados.

A pesar de las reformas realizadas desde los 90` en adelante, que han corregido cuestiones muy relevantes como el reconocimiento de la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, la Constitución de 1980 es un texto normativo que contiene trabas para el ejercicio democrático.

Recién este año se ha logrado cambiar el sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo, con el que se aspira a fortalecer la representatividad del Congreso Nacional. Por décadas hemos presenciado un debate político situado en dos grandes conglomerados y cuyos consensos han establecido para el país un estancamiento en aquellos temas que pueden poner en disputa los principios que fundan la Constitución de 1980.

Hay temas que tienen que ver con la concepción misma de un Estado laico sobre los que no se ha avanzado. La resistencia es evidente. Es un terreno que pone en disputa ideas sobre qué tipo de Estado es el que quieren distintos sectores del país para el Chile de hoy y su futuro cercano.  

En la revisión que hace Bernardo Subercaseaux en su “Historia de las ideas y de la cultura chilena” esta tesis se confirma absolutamente; los grupos poderosos han sido quienes han resguardado el “orden social” bajo consensos que no necesariamente han interpretado las demandas del pueblo.

Por momentos de nuestra historia el pueblo ha emergido como un actor relevante que pone en cuestionamiento a quienes gobiernan. Esto es cíclico. La ciudadanía se organiza, demanda y el Estado reacciona.

En efecto, quienes gobiernan generan mecanismos para resguardar el Estado de derecho, sin embargo hay un rasgo que se ha ido revelando con fuerza en el último tiempo: el déficit democrático que tiene una raíz profunda en las distintas fuentes de desigualdad. Precisamente la desigualdad y el déficit democrático son dos temas clave que se desprenden de la Constitución del 80`, de sus intentos por reformarla y de los consensos con los que hemos convivido post dictadura.      

Proceso constituyente

Durante décadas hemos convivido con una democracia restringida, no solo por sus reglas, también por las prácticas políticas que han perpetuado un modelo donde unos pocos detentan el poder político y económico y definen el carácter de la convivencia democrática.

La discusión actual sobre un cambio constitucional es lo suficientemente mayoritaria como para eludirla a nivel institucional. La Presidenta Michelle Bachelet ha señalado que el proceso constituyente, que se iniciaría en septiembre, debe ser institucional, democrático y participativo. Sin embargo no se ha definido aún el mecanismo ni la ruta de dicho proceso.

Lo que hay en común en varias iniciativas ciudadanas y de movimientos políticos sobre un cambio constitucional, es la aspiración por una “república democrática y representativa” y donde los cambios vengan efectivamente de procesos participativos.

En este contexto se ha venido construyendo en el espacio público una idea genérica acerca de una forma distinta de concebir el Estado y sus reglas; una forma que emane verdaderamente de la voluntad del pueblo soberano, pero sobre todo una forma que se sustente en principios muy distintos de los que se fundamenta la actual Constitución, por ejemplo, en el principio de igualdad y no discriminación. 

Un plebiscito debiera ser convocado para que los y las ciudadanas decidan cuál es el mecanismo que les parece más adecuado para elaborar el texto constitucional. Dado el carácter plural de su conformación, una Asamblea Nacional Constituyente puede dar garantías de que una ciudadanía diversa participe y se pronuncie sobre los contenidos de una nueva  Constitución; solo así podremos hablar verdaderamente de un “proceso institucional, democrático y participativo”. 

Nuevas reglas y Estado laico

Así como la definición del mecanismo es crucial en un proceso constituyente también lo es el debate respecto a los contenidos. Una de las restricciones que ha tenido nuestra democracia es el poder fáctico de las iglesias. Quizás llamar a Chile una “república democrática” y no hablar directamente de un Estado laico ha dificultado avanzar en el reconocimiento de derechos que ponen en jaque precisamente la visión de determinadas creencias.

Ciertamente es un terreno en disputa la igualdad de derechos para grupos históricamente discriminados como las mujeres o las diversidades sexuales. Lo es actualmente la discusión por la despenalización del aborto y futuramente lo será la aspiración por el matrimonio igualitario. Estos temas que tensionan a sectores conservadores, no pueden ser objeto de cerrojos por parte de un Estado que es laico en su esencia. Superar estas disputas sin duda va más allá de la declaración expresa de ser parte de un Estado laico, no obstante una definición constitucional sobre Chile como “Estado laico y democrático” puede contribuir a despejar el tipo de Estado al que aspiramos. 

La profundización de la democracia en nuestro país debe apuntar no solo a cambios institucionales, también al fortalecimiento ciudadano. Hoy unos de los desafíos en la política pública es sin duda la educación en derechos humanos y la formación ciudadana. La democracia se fortalece si hay una ciudadanía que participa en las grandes decisiones, es capaz de articularse y formular demandas para la protección de sus derechos y libertades.

El derecho a voto es apenas una expresión concreta de la ciudadanía, pero una de las expresiones más contundentes del comportamiento democrático. La formación ciudadana debe poner el acento en todas aquellas expresiones en las que la ciudadanía puede expresarse y en ese plano el derecho a voto cobra aún más sentido.

Un Estado laico definido en la nueva Constitución debiera contribuir a educar en valores democráticos como el respeto por la diversidad. Este camino puede permitir a las nuevas generaciones trabajar con la memoria del país y de esta manera ir rompiendo las trabas simbólicas y estructurales que institucionalmente nos heredó la dictadura y que nuestro sistema democrático aún no ha logrado derribar.