Coordinadora Editorial
Cuatro meses han pasado ya desde que el
21 de mayo, la Presidenta de la República anunciara al país el inicio de un
proceso constituyente a partir de septiembre. Desde entonces – en rigor desde
mucho antes, pero sin el efecto mediático actual – hemos asistido y participado
de un incipiente debate, en torno al futuro constitucional que nos espera.
Una nueva Constitución es un pacto
social fundado en acuerdos políticos y
sociales en la perspectiva del interés común, de tal manera que debemos aspirar
a que contenga acuerdos estables y representativos de la voluntad popular.
Muchos han sido los que han abordado el
análisis en torno a este desafío, donde cabe distinguir a los rigoristas-procedimentales, quienes –
con matices – concentran la discusión en torno a la inviabilidad de
alternativas distintas a la Asamblea Constituyente, y los esperanzados, quienes conscientes de la necesidad de sustituir o
reformar profundamente la actual Carta Constitucional, asignan la prioridad en
el fondo, más que en la forma.
Lo cierto es que, afortunadamente, el
debate ya se encuentra instalado, y no existe en el espectro social una voz
sinceramente convencida de lo contrario. Si bien es cierto que como instrumento
jurídico la actual Carta funciona aún, y podría seguir funcionando, cierto es
también que esta, como expresión del pacto social, ya no responde a las
necesidades que plantea el Chile contemporáneo.
Demostración de aquello – sin entrar en
el prolongado debate sobre su legitimidad en cuanto al pacto social que debería
subyacer – resulta ser el enorme trabajo de ajustes y reformas, más y/o menos
profundas que desde 1989 se le han aplicado, sin que satisfaga a la mayoría del
país.
Para septiembre queda poco, y aunque han
mediado ya anuncios que advierten sobre la excesiva duración del proceso, lo
imperioso es comenzar cuanto antes. Lo primordial es dar por iniciada, formal e
institucionalmente, una discusión y un proceso que ya no puede seguir
esperando. Desarrollar el debate es una necesidad social indispensable para
seguir avanzando en la construcción de un Chile más justo, efectivamente laico
en su institucionalidad política, y más democrático.
Instalar en la agenda de desarrollo la
formulación de una Nueva Constitución, fruto de un pacto social, es una verdadera
necesidad, sobre todo cuando hay grandes desafíos en la agenda país que no
pueden enfrentarse sin el concepto ordenador que corresponde a una Carta Magna
pensada para la democracia.
Como una contribución al debate que
deberá darse en el país, revista Iniciativa Laicista ha pedido a distintas
personas que reconocen la importancia de la laicidad en las instituciones del
Estado, y que tienen un irrenunciable compromiso democrático, además de una
manifiesta adhesión a la profundización de los derechos humanos, para que
entreguen su reflexión sobre el proceso constituyente y los objetivos esperados en una nueva Carta
Magna, planteamientos que ponemos a disposición de nuestros lectores en www.iniciativalaicista.cl.
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