Proposición del laicismo francés para su Constitución

Carlos Leiva Villagrán

Hace algunos días el sitio web francés Slate.fr solicitó a 100 investigadores redactar en forma sucinta algunas “proposiciones para Francia”  antes de la elección presidencial. Una de las personalidades consultadas, Catherine Kintzler, destacada filósofa del laicismo, propuso incorporar en la Constitución francesa tres principios inspirados en la Ley de Separación de las Iglesias y el Estado del 9 de diciembre de 1905, los que permitirían, según ella afirma, precisar el carácter laico e indivisible de la República.

Su propuesta está dirigida al siguiente párrafo del artículo 1° de la Constitución de 1958: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social. Asegura la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin distinción de origen, raza o religión. Respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada”.

Kintzler propone reemplazar la expresión “Respeta todas las creencias” por: “Asegura la libertad de conciencia. Garantiza el libre ejercicio de los cultos. No reconoce, remunera ni subvenciona ningún culto.”

El cambio propuesto tiene un trasfondo doctrinario significativo para el laicismo.

La República laica debe abstenerse absolutamente respecto de  las creencias o increencias de los ciudadanos. La expresión “Respeta todas las creencias”, en primer lugar, señala Kintzler, está sujeta a dificultades de comprensión, habida cuenta de la variedad infinita de creencias religiosas y no religiosas que alimenta el ser humano, muchísimas de las cuales son irrisorias, de falsedad demostrada, o aún peligrosas y bien pueden no merecer respeto alguno.

Pero también, consignar constitucionalmente el respeto de las creencias puede interpretarse como la exclusión del respeto a  increencias, tales como el agnosticismo o el ateísmo. Con todo, más allá de esto, hay un principio laico que debe primar: el poder público no tiene nada que decir acerca de la creencia o la increencia, puesto que las relaciones políticas de los ciudadanos no están fundadas más que en sí mismas, y de ninguna manera en la obligación de creer o no creer.  En materia de  creencias, entonces, es el silencio por principio el que debe inscribirse como fundamento de la organización política.

 A continuación,  Kintzler indica que la unión del silencio por principio respecto de las creencias, por una parte, con el respeto debido a las personas, por otra, se llama libertad de conciencia, concepto cuyo dominio tiene un campo bastante más amplio que el de las creencias, y que no se hace cargo del eventual absurdo que deriva de un respeto por el contenido de las mismas. Asegurar la libertad de conciencia, como señala el texto propuesto, es hacer que nadie sea obligado a adherir o a renegar. La libertad de conciencia comprende la libertad de ejercicio de los cultos religiosos, libertad religiosa que, siendo una consecuencia de ella,  no la agota. 

Por otra parte, garantizar el libre ejercicio de los cultos, también propuesto por Kintzler, no es reconocerlos, lo que sería quebrar el principio de silencio antes referido y otorgar a los cultos un status oficial. Esta garantía consiste en expresar la disposición de la República a intervenir, si fuera necesario, en contra de quien quisiera impedir ilegalmente su libre ejercicio. 

Por último, garantizar la libertad de cultos no es financiarlos de manera alguna, ya que todo financiamiento público sería una forma de reconocimiento, un quiebre de la igualdad y una ruptura del silencio que debe guardar la ley sobre lo que no le incumbe.

Sobre laicismo y laicidad

Sebastián Jans 

Los debates recientes por la libertad de conciencia, en España y Uruguay, principalmente, pero no menos significativos en Turquía, India, México y Perú, han evidenciado la trascendencia que adquiere para la convivencia y el respeto a la diversidad, lo que, en la tradición latina, llamamos “laicidad”. En la tradición inglesa, en tanto, tiende a hablarse de “secularismo”. 

Es significativo que ambos conceptos, en sus variables culturales y lingüísticas, vienen en señalar con claridad lo que sustantiva y adjetivamente expresan, para la solución de conflictos políticos sustentados en ideas religiosas.

Sin embargo, no faltan los que se interesarían en que no haya claridad conceptual. Hace ya algunos años, personeros religiosos católicos y sus exponentes confesionalistas, han tratado de generar una confusión, a partir de apreciaciones tendenciosas de los conceptos “laicidad” y “laicismo”. 

En el caso de laicismo, la definición de la RAE, indica las siguientes acepciones: independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado respecto de cualquier organización o confesión religiosa; y, luego, condición de laico. En el mismo contexto, expresa que laico, es un adjetivo, que se usa también como sustantivo que indica aquello que no tiene órdenes clericales, o que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa.

Ciertamente, la RAE está en deuda respecto del vocablo “laicidad”, que tiene la particularidad de ser usado a veces como adjetivo pero que es, en propiedad, si aplicamos la regla lingüística española  de las palabras terminadas en el sufijo “dad”, un sustantivo abstracto que indica una cualidad, a partir de un adjetivo (en este caso “laico”).

 Hace poco nos han referenciado a nuestro blog, una columna de opinión de un conspicuo personaje español, donde afirma con desparpajo tendencioso o garrafal desconocimiento, que no existe consenso académico ni jurídico ni lexicográfico de su significado último, diciendo que se entendería que “laicidad” se refiere al Estado laico, neutral o aconfesional, y que laicismo se refiere a un Estado hostil y anticlerical.

Tanto disparate, repetido antes, también por personajes religiosos católicos, no se condice con lo que académicamente se está produciendo en el mundo de las lenguas de raíz latina en torno a esos conceptos, y lo que los usos lingüísticos han hecho prevalecer en la acción comunicativa cotidiana.

De hecho, instancias gubernamentales tienen definiciones específicas que son necesarias de tener en cuenta antes de caer en apreciaciones que evidencian el desparpajo de la ignorancia. Por ejemplo, en la página web gouvenmement.fr es posible tener una clara indicación de lo que es la laicidad.

“La laicidad – indica - descansa en tres principios: la libertad de conciencia y libertad de culto, la separación entre instituciones públicas y organizaciones religiosas, y la igualdad de todos frente a la ley, sin consideración de sus creencias o convicciones. La laicidad garantiza a los creyentes y no-creyentes, el mismo derecho a la libertad de expresión de sus convicciones. Asegura tanto el derecho a cambiar de religión como el de abrazar una religión. Garantiza el libre ejercicio de cultos y libertad de religión, y también la libertad con respecto a la religión: a nadie se le puede obligar por ley a respetar los dogmas o prescripciones religiosas”.

Eso por cierto, solo incomoda y perturba la comprensión a quienes se desandan con la diversidad, y cuando sienten amenazada su hegemonía. Eso explica las confusiones premeditadas.

El viernes oscuro de la historia de la democracia

Sylvie R. Moulin

Terminó la cuenta regresiva. Ya es un hecho. Después de contar los días, no como el niño que espera su fiesta de cumpleaños, sino como el soldado que mandan al frente, ya vivimos el día tan temido del paso de mando. Trump está instalado en el Despacho Oval de la Casa Blanca y declarado 45° presidente de los EEUU.

Al fin, su equipo logró armar una celebración más o menos completa, cuando numerosos artistas sencillamente se negaron a participar. De todos modos, nunca sabremos los detalles escabrosos detrás de la ceremonia. Empezaron los “faux pas” desde el inicio, Melany Trump llegando con un regalo para Michelle Obama, contra todo protocolo y entorpeciendo el inicio del encuentro. Por lo menos, le habían soplado que era de mal gusto, considerando su nuevo puesto, seguir usando solamente vestidos de su propia marca, sobre todo fabricados en China.

Durante toda la ceremonia, el nuevo presidente parecía prodigiosamente aburrido, con la mueca de mal humor que ostenta siempre y le va como anillo al dedo, mientras las crueles cámaras pillaban una y otra vez, justo detrás de su hombro izquierdo, los bostezos de su hijo de 10 años, aburrido también como era de esperar. El sentido común y la decencia nos obligan a preguntar cuál reglamento absurdo obliga a un niño de esa edad a “jugar al adulto” y alimentar los sarcasmos de los periodistas, pero esto es otro tema… 

La ceremonia también se destacó por sus figuras presentes y ausentes. Jamás, en toda la historia de los EEUU, un presidente había llegado al poder siendo ya tan impopular, y nadie trató de ocultarlo. Los últimos ex dignatarios, Bill Clinton, George Bush Jr. y Jimmy Carter, estaban en su lugar acompañados de sus esposas, mientras G.H. Bush había presentado excusas legítimas por razones de salud. De Hollywood, parece que el más icónico que aceptó asistir fue Jon Voight, quizás más conocido como el padre de Angelina Jolie. Por el lado de los músicos, estuvieron Toby Keith y Lee Greenwood, emblemas de la música country, y los grupos 3 Doors Down y The Piano Guys. En cuanto a las Rockettes, su participación se confirmó al último momento, después de muchas controversias, y solamente porque su sindicato no les dejó otra opción.

Para la anécdota, mencionemos que el único francés presente era Gérard Araud, embajador de Francia en EEUU, que tampoco tuvo otra opción y había declarado públicamente el día de la elección de Trump: “Es un mundo que se derrumbe frente a nuestros ojos”. Pero en fin, un cargo de embajador no es siempre un camino de rosas…

Ahora bien, la lista de los famosos que “se negaron” llamó mucho más la atención de las cámaras internacionales. Además de la impresionante lista de congresistas demócratas (unos 60 en total) y de figuras políticas como John Lewis, representante del movimiento americano de los derechos cívicos, los ausentes fueron numerosos en el mundo del cine y de la canción: Elton John, Céline Dion, Justin Timberlake, Andrea Bocelli, Rebecca Fergusson, porque no la dejaron interpretar un himno contra el racismo, Moby, porque planteó como condición que Trump publicara sus declaraciones de impuestos, y Jennifer Holliday, quien justificó su decisión por su apoyo a la comunidad LGBT.

Mientras tanto, en Nueva York, cuando la ceremonia de Trump estaba llegando a su apogeo, artistas y políticos convocaban a “100 días de resistencia pacífica”, una campaña liderada por Mark Ruffalo, Alec Baldwin, Cher, Robert de Niro, Michael Moore y Bill de Blasio (alcalde de Nueva York), con 25.000 personas llevando carteles que decían “Nunca mi presidente” o “20 de enero de 2017, el día en el que murió la democracia”.

Pero esto fue sólo un inicio y está lejos de terminar, pues ya empezó un movimiento de resistencia contra todas las pérdidas de valores y derechos democráticos,  en otras palabras, la amenaza que representa la investidura de Trump como presidente, no solamente en los EEU sino en el mundo. Porque los que no nos aburrimos y seguimos viendo la famosa celebración, tampoco pudimos evitar de sentir escalofríos.

Con la cara siniestra y la escasez de vocabulario a las cuales ya nos acostumbró, Trump, después  de agradecer a Barrack y Michelle Obama que calificó de “magníficos” – “magnificent”, su adjetivo emblema -, empezó a enfocar el discurso sobre la necesidad de un “esfuerzo nacional” para “reconstruir el país” y “confrontar las adversidades”. Expresó su preocupación por “transferir el poder desde Washington DC hacia vosotros, el pueblo de América”, y siguió, como buen magnate de negocios con una fortuna que nadie se atreve a imaginar y declaraciones de impuestos todavía sepultadas, lamentando que “el establishment se [haya] protegido a sí mismo pero no [haya] protegido a los ciudadanos del país”. Se lanzó brevemente contra la “carnicería” del crimen y las drogas, confirmando que “todo [iba] a cambiar”, que “América [iba] a empezar a ganar de nuevo, como nunca lo [había] hecho antes” y ofreciendo una simple solución: “Comprar productos americanos y contratar a americanos”.

La guinda en el pastel llegó cuando, en vez de proponer elementos concretos – que al parecer todavía le hacen falta -, aseguró que sus planes no podían fallar por dos razones claves: “Estaremos protegidos por los magníficos (sic) hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares, y más importante, estaremos protegidos por Dios”. Bueno, no se puede citar el discurso entero, pero en realidad vale la pena estudiarlo con calma. En otro contexto, podría llegar a ser chistoso; en la situación actual, provocaría lágrimas de rabia. Y uno no puede evitar de preguntarse: ¿De quién se estará burlando con esta farándula?

Porque los que seguimos, mal que mal, la evolución del “día en el que murió la democracia”, lo vimos casi en directo, poco tiempo antes de asistir al famoso baile de la noche, firmar su primera orden ejecutiva contra el Obamacare (Ley para la Protección de Pacientes y Cuidados de la Salud Asequibles). Una de sus siguientes acciones, anunciada minutos después del discurso inaugural, será eliminar los planes contra el cambio climático y cancelar todos los tratados para proteger el medioambiente…

¿Darse por vencidos? Absolutamente no. Este mismo sábado, la “Marcha de las mujeres” en Washington y otras protestas programadas en los 50 estados, serán otras expresiones de la fuerza de los ciudadanos, y se juntarán a los “100 días de resistencia pacífica” y a otros movimientos de reprobación y marchas en EEUU y en el mundo. Lo peor que podamos hacer es ignorarlos. Porque lo que está sucediendo ahora no es solamente problema de los norteamericanos, es de todos nosotros. 

La Pontificia contra el Estado

Gonzalo Herrera

     Sintiéndose agraviada, la Pontificia Universidad Católica de Chile ha presentado una demanda contra el Estado por incumplir la ley que establece la entrega de Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las universidades. Arguye el rector Sánchez  que se trata de una “normativa vigente, creada como ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer a las instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes”. Pero el rector omite señalar que la decisión de no entregar recursos para el AFI fue sancionada por el Congreso, con una amplia mayoría integrada por parlamentarios de todos los sectores, durante la pasada tramitación de la Ley de Presupuestos.

     Habiéndose instituido durante la dictadura, el D.F.L. N° 4 de 1981 que estableció este financiamiento, tenía como objetivo aumentar la calidad de la educación en la lógica de mercado del modelo económico impuesto: la competencia entre las instituciones y su capacidad para captar a los mejores alumnos que postularan al nivel superior. De esa manera, subvencionaba aranceles a través de un aporte monetario —en 2015, último año que operó a plenitud, canalizó alrededor de $ 25.000 millones— de acuerdo al número de matrículas que las instituciones lograran entre los 27.500 mejores puntajes en la PSU. El monto anual era asignado por la Ley de Presupuestos del Sector Público,  que  fue la que redujo este aporte a la mitad para el 2016 (destinando el otro 50% a financiar gratuidad y becas), eliminándolo en forma total para el presente año.

       En las propias palabras del rector está la razón de por qué el Gobierno haya decidido quitar el AFI. El “fortalecimiento de las instituciones con alto desempeño”, en conceptos de Sánchez, ha sido posible a través de un flujo ascendente de recursos públicos a las universidades privadas, transformándolo en un instrumento regresivo al favorecer inequitativamente a los planteles que acogen a los alumnos de familias con mayores recursos del país. Es historia sabida que al amparo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), publicada al inicio del periodo post dictadura, en marzo de 1990, y derogada recién en 2009, surgieron poderosas empresas en torno a la educación, las que constitucionalmente podían aceptar la participación de sociedades de inversionistas, lo que hizo del lucro su objetivo central.

      A través de los años, la evolución del aporte ha ido confluyendo cada vez más a las universidades privadas, pertenezcan o no al Consejo de Rectores (CRUCh). Estas, en 1990, percibían el 52% de los recursos entregados bajo el ítem AFI, mientras las estatales recibían el 45%. Ya en el 2014, el porcentaje se alzaba al 65% para las privadas, en tanto las estatales debieron repartirse el restante 35%. Estas cifras son coherentes con las entregadas por CIPER, que señala que el año 2015 el 66.5% de la totalidad de los recursos fiscales para Educación fue al sistema privado (incluyendo universidades pertenecientes y no pertenecientes al CRUCh), mientras las estatales obtuvieron el 33.5%. Los recursos totales recibidos por las privadas se desglosa en un 26.6% para las que integran el CRUCh y un 24.7% para las privadas no tradicionales.

      Resulta un acto de hipocresía inaceptable que los sectores políticos y empresariales que permanentemente se han opuesto a la reforma educacional, intenten desconocer que todo lo obrado hasta ahora en esta materia, en todos los niveles, con excepción tal vez de la educación preescolar, ya sea por convicción o incapacidad, ha contribuido a imponer en el país una educación con criterio de mercado. Como analizábamos anteriormente, miles de millones de dólares se inyectan cada año a instituciones que luego se transan en el mercado, incluyendo a alumnos y profesores como bienes, que carecen de toda regulación financiera, y a las que hasta hace muy poco no se les exigía parámetros mínimos de calidad. Y que lo que en definitiva se defiende es la mantención de privilegios como es la subvención estatal, que permite el enriquecimiento de grupos económicos, incluso extranjeros, a través de la educación, o bien, la mantención de corporaciones universitarias de alto prestigio claramente orientadas a la formación de líderes para la élite que dirige los destinos del país, con evidentes sesgos ideológicos inspirados en la mirada neoliberal y/o en concepciones religiosas.

      La dictadura transformó el Estado docente en subsidiario, y luego, en democracia, los partidos políticos que habían sido opositores a aquella, contribuyeron decisivamente en ensamblar un complejo modelo en que la educación privada terminó siendo financiada por el Estado, todo ello en nombre de la “libertad de enseñanza”. Entonces surge la pregunta: ¿a quién o a quiénes sirven las universidades privadas?

     Una universidad privada, si recibe financiamiento del Estado, debería demostrar permanentemente su vocación de rol público, de manera que la producción de conocimientos (en sus tres expresiones: docencia, investigación y extensión) se oriente al bien común y que trasparentemente se ponga  a disposición de toda la sociedad. No ha sido esta precisamente la aptitud manifestada por la Pontificia Universidad Católica, particularmente cuando el rector Sánchez se ha permitido desafiar lo que podría llegar a ser ley de la República, el actual  proyecto de despenalización del aborto bajo causales determinadas, negándose de antemano a realizar abortos en los centros clínicos de esa Universidad (mantenidos con fondos de todos los chilenos), y a contratar a personal médico que no adscriba a los principios valóricos de la iglesia católica. Dado el lugar que ocupa la Universidad Católica, la mejor calificada del país, en la estructura socioeconómica nacional, cuesta desagregar esa determinación de su condición emblemática dentro de la clase dirigente, y de su afán de servir ideológicamente al sector más conservador de nuestra sociedad.

     Y podríamos continuar, ¿a quién o a quiénes sirven la Universidad del Desarrollo, controlada por el grupo Penta y otros connotados políticos de la UDI; la Universidad de los Andes, doctrinaria del Opus Dei; la Universidad Finis Terrae, propiedad de la Congregación de los Legionarios de Cristo; la Universidad Mayor, cuyo directorio está formado por destacados excolaboradores de la dictadura? Probablemente nunca tendremos de ellas una respuesta tan honesta coma la de la modesta Universidad Adventista de Chile, que manifiesta formalmente tener por misión “la entrega de una educación fundamentada en principios y valores cristianos que se desprenden de las Sagradas Escrituras”.

La PSU, a juicio de todos los expertos en educación, dejó de ser un instrumento predictivo válido respecto a la aptitud del postulante para la educación superior. Sus resultados no reflejan necesariamente habilidades cognitivas, sino que dependen principalmente del estrato socioeconómico del estudiante, específicamente del nivel cultural en que crece y se desarrolla. De manera que el AFI, al basarse exclusivamente en los puntajes obtenidos en la PSU, “hereda” esta desigualdad, discriminando a los alumnos de menor nivel socioeconómico. Es un dato estadístico que los alumnos del quintil de mayores ingresos generan más del 56% de los recursos del AFI a las universidades.

      De modo que la iracundia del rector Sánchez, que lidera en esta demanda a las otras universidades privadas, no responde a un detrimento causado por una acción ilegítima del Estado, sino a la soberbia del poderoso que considera que los privilegios adquiridos son eternos e intangibles, negando toda posibilidad de avanzar hacia una más justa distribución, disminuyendo en parte la desigualdad que impera en la sociedad.

      Por último una anécdota digna del mejor teatro del absurdo. A lo menos tres senadores que votaron a favor de no otorgar recursos al AFI en la discusión del Presupuesto, aparecen ahora apoyando la demanda de la Pontificia. Como diría un plumífero personaje chileno: ¡Exijo una explicación!

Tributación y Estado Laico

Jorge Thibaut
Publicado el 08 de diciembre de 2016 en www.iniciativalaicista.cl

Chile ha sido un Estado Laico de forma ininterrumpida desde 1925, al menos cuando el texto Constitucional garantiza “la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”. Por cierto, un estado laico no es un estado ateo ni busca serlo, simplemente pretende que gobierno y religión no se mezclen, de manera de asegurar que cada quien pueda vivir de acuerdo a sus propias creencias y no sujeto a normas que provengan de una religiosidad ajena a lo que le resulta propio.

Sin embargo vemos como en la práctica ello no ocurre. Ejemplos hay muchos con abundante descripción en los medios de difusión masiva, por lo que no resulta necesario describirlos en extenso.

Recientemente hemos sido testigos de diversos debates en torno a temas en los que se impuesto una visión dogmática asociada a un estado más bien confesional, a saber, la forma en que se abren las sesiones del Congreso (en nombre de Dios), el aborto, la educación sexual, los ritos e imágenes confesionales en la administración pública y la restauración de catedrales con fondos públicos.

Y sin embargo, nuestra sociedad acepta pasivamente el diseño de normas de convivencia cotidiana que no se acercan a lo que la ley natural establece desde el intento de racionalizar en extremo las posibilidades espirituales de cada quien. No se trata en ningún caso de forzar a personas que profesan una religión en particular a vivir bajo normas impuestas desde el ateísmo ni viceversa. Se trata de que el Estado de Chile no tenga participación alguna en materias de índole espiritual, ni que alguna confesión tenga injerencia en aspectos legislativos o administrativos.

Por ejemplo, ¿Es propio de un estado laico que en un centro de salud primaria se encuentre la imagen de un apóstol o virgen? ¿Corresponde que en colegios municipales se impartan clases de religión? ¿Es razonable, desde esta perspectiva, que instituciones castrenses hagan juramentos “por Dios y la Patria”?

Para contar con centros de salud confesionales existe la libertad de asistir a una clínica privada. Pero si asisto a un centro de salud municipal me violenta el encontrarme con una imagen religiosa o frases extraídas de un texto asociado a una confesión en su sala de espera. El Director del centro de salud, su administrador o sus trabajadores son dueños de profesar la religión o creencia que deseen en sus vidas personales. Eso se respeta y se defiende. Pero no deben usar espacios públicos, dependientes del Estado para imponer su visión a las y los ciudadanos.

Para recibir una educación confesional existe la garantía constitucional de la libertad de enseñanza (a diferencia del derecho a la educación que no se garantiza en el actual texto constitucional), por lo que si deseo que mis hijos reciban una formación marcada por una confesión y formación moral en particular, la oferta es suficientemente variada. Pero si decido lleva a mis hijos a una escuela pública o financiada total o parcialmente con fondos estatales, ¿Por qué deben recibir clases de religión?

Ciertamente que hay razones sociales y culturales de porque somos una sociedad tan pasiva y permisiva en relación con los que son nuestros derechos esenciales como persona. Cuesta despertar de los letargos que duran siglos, pero nunca es tarde para cuestionarse ciertas cosas y buscar el perfeccionamiento de las costumbres, con el sólo propósito de aumentar el debido respeto recíproco a las creencias de cada quien, mejorar en términos de tolerancia y aprender a convivir con una mayor cuota de fraternidad.

Por ahora me permitiré cuestionar el aspecto tributario de la relación del Estado con las diferentes confesiones existentes en el país. Y en este tema deseo describirlo desde dos perspectivas:

·                     La recaudación. ¿Por qué un estado laico como Chile ofrece exenciones de impuestos a confesiones? (la propia Constitución establece que “las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones”). El gasto tributario reduce los ingresos posibles del tesoro público, por lo que se entiende que se exima o reduzca dicho pago a quienes no tienen las condiciones de contribuir debidamente dadas sus reducidas posibilidades. Entonces, ¿Por qué el impuesto territorial que afecta a los recintos confesionales tiene un trato preferente? ¿Por qué se acepta la aplicación de franquicias aduaneras a elementos para el culto religioso o la importación de vehículos que ingresan como donaciones, beneficios a los que no accede un ciudadano común y corriente? No digo que deba prohibirse, pero al menos discutamos al respecto y redefinamos lo que haya que cambiar.

·                     La distribución presupuestaria. ¿Por qué cada año parte de los fondos que pertenecen a todas y todos los ciudadanos se destinan a obras de restauración de construcciones dedicadas a cultos o confesiones? Seguramente podemos encontrar rápidamente argumentos a favor y en contra de este financiamiento. Proyectos concursales, restauración de patrimonio nacional, etc. Y no niego que consideraciones de dicha naturaleza puedan darse, pero aspiro a que al menos tengamos un debate ciudadano en estas materias, especialmente considerando que un Estado con tantas necesidades sociales, debe optimizar el uso de sus recursos y orientarlos hacia el bien común.

En mi personal opinión, creo necesario que el nuevo censo, así como posibles futuras consultas ciudadanas abiertas y vinculantes, contribuyan a identificar la efectiva composición laica/confesional de nuestra ciudadanía, transparentando de una buena vez la posición que como nación tenemos en estas u otras materias para construir políticas públicas de forma coherente y consecuente, sin sesgos ni discriminaciones de ningún tipo, sin odiosidad ni ambiciones.

Quizás una vez hecho ello podremos avanzar en un Chile efectivamente laico, que respete y defienda la libertad de culto y la de conciencia por igual. En el intertanto, esperaría ver que quienes han adoptado valores laicistas desarrollen las presentaciones que se requieran ante el Tribunal Constitucional cada vez que la libertad de conciencia se vea quebrantada por la administración de Estado, tal como otros sectores lo han hecho recientemente para defender su mirada dogmática al amparo de la Carta Fundamental.

Judicialización de la vacunas. La estrategia del oscurantismo ignorante llega a Chile

Fernando Muñoz Porras
(Publicado en www.iniciativalaicista.cl)

“¡Todo es igual!

¡Nada es mejor!

¡Lo mismo un burro que un gran profesor!”

Cambalache. Tango. E. Santos Discépolo, 1934

  

En diciembre de 2015, la Sra. Fiona Kirby, apoyada por el grupo irlandés “Reacciones y Efectos Severamente Traumáticos Producidos por Gardasil”, alegó que su hija y otras 140 niñas habían sufrido efectos adversos “horrendos” producidos por esa vacuna. Entre estos efectos supuestos se contaban desde desmayos a convulsiones.  El grupo intentó obtener una orden de la Corte Suprema de Irlanda para retirar el Gardasil del Mercado. Aun cuando la orden fue rechazada, el grupo ha seguido insistiendo en su discurso y ha obtenido un apoyo considerable de los medios de comunicación. Todo esto a pesar de que la evidencia científica que contradice sus afirmaciones es abrumadora.

Suena muy parecido a la situación chilena actual, en la que asistimos a recursos de protección con bases y “fundamentos” similares, que han sido presentados por personas diferentes en 10 cortes de apelaciones del país. Los textos de los recursos han sido producidos por el grupo “No al Gardasil”, apoyado por la Diputada Cristina Girardi. Suma y sigue, la Diputada ya había logrado atención haciendo que el parlamento aprobara ¡por unanimidad! una ley prohibiendo un desinfectante usado en las vacunas desde 1932, so pretexto de que podría provocar Autismo.

A la fecha, las cortes que han resuelto sobre los recursos presentados, los han rechazado y es probable que lo mismo haga la Corte Suprema con las apelaciones presentadas. Sin embargo, el daño está hecho. La información de prensa ha logrado esparcir la confusión. La sensibilidad de los medios hacia las preocupaciones ciudadanas es encomiable, pero suspender todas las facultades criticas del periodismo para privilegiar una “polémica” en igualdad de trato mediático entre un científico serio y un ama de casa mal informada por supuestas verdades esparcidas en redes sociales es francamente irresponsable.

Los embates contra la vacuna contra infecciones producidas por Virus del Papiloma Humano (VPH) resultan de varios factores, estudiados a la fecha en muchas partes del mundo. Por una parte, se trata de una vacuna para prevenir cánceres y otras enfermedades que se transmiten a través de relaciones sexuales. Como la mayor efectividad de la vacuna se logra cuando se administra a niñas que no han iniciado su vida sexual activa, a los padres les resulta chocante el uso de una vacuna que las protege de infecciones de ese tipo en su niñez, en su “inocencia”. Incluso llegan a pensar que al vacunarlas tendrán una especie de patente que les inducirá a iniciar la vida sexual antes de tiempo. Nada más lejos de la verdad, se ha comprobado que las niñas vacunadas y educadas respecto a la vacuna y las enfermedades que previene, a futuro se comportan más responsablemente en el ejercicio de su sexualidad a futuro.

Por otra parte, la latencia de años entre la infección y el cáncer, hace difícil que las personas se convenzan acerca de su efectividad, ya que en el resto de las vacunas los resultados en términos de disminuciones de mortalidad por la enfermedad a prevenir se veían muy rápido. Para confiar en esta vacuna se requiere de un grado de alfabetización científica al que la discusión ramplona a que asistimos no contribuye en absoluto.

Entender que la vacuna previene las lesiones del cuello del Útero que tienen un potencial demostrado de transformarse en cáncer con el curso de los años, requiere de una educación que sería perfectamente posible si un periodismo serio colaborase con este esfuerzo. Por alguna extraña razón, muchas mujeres permiten una cirugía mutilante de su Útero cuando les son detectadas las mismas lesiones en un PAP, pero algunas se resisten a aceptar una vacuna que las evitará en gran medida. Es más, entre los argumentos entregados a las cortes para fundamentar los recursos anti VPH, se señala que la vacuna no sería necesaria ya que existe el PAP.

Además, los tiempos que vivimos son propicios a la aparición de teorías conspirativas, de acuerdo a las cuales oscuros intereses económicos de grandes corporaciones, digitarían cual títeres a una cadena de actores que van desde los organismos internacionales encargados de recomendar intervenciones probadamente efectivas (como las vacunas), hasta los médicos y otros profesionales que somos su brazo armado, los encargados de convencer a los incautos acerca de las bondades de productos que solo existen en el mercado para ser vendidos e incrementar las ganancias y el poder de los conspiradores centrales.

Finalmente, está el tema de la seguridad de la vacuna. Se argumenta acerca de incontables efectos secundarios de la misma, sin prestar atención alguna a la estadística. Un argumento simple al respecto: Si vacunamos a 100.000 niñas y las observamos por un año, algunas de ellas, por razones que no tienen nada que ver con el hecho de haber sido vacunadas, presentaran enfermedades en el curso de ese periodo.

Acusar a la vacuna de ser la causa de lo que ocurrió en las cercanías a la fecha de su administración es simplemente actuar en el nivel más elemental del conocimiento científico. Lo que la Ciencia nos enseña es que para probar una relación causal hay que diseñar algún tipo de estudio comparativo, como por ejemplo comparar a vacunadas y a no vacunadas para ver si el supuesto efecto ocurre más frecuentemente en el primer grupo respecto al segundo.

En suma, la judicialización a la que asistimos es el resultado de una falla brutal de nuestra capacidad de actuar responsablemente cuando se trata de programas de salud que han demostrado ser uno de los avances más grandes de la humanidad en la conquista de mejores condiciones de salud y bienestar. Afortunadamente, hasta ahora, contamos con un poder judicial capaz de actuar con independencia y sobre la base de la razón y el derecho.

Este poder, sin embargo, no es capaz de reemplazar a otros actores sociales que, lamentablemente, han fallado evidentemente y se han dejado llevar por intereses y formas de medir su éxito que pueden terminar logrando aquello que declaran no querer, el fracaso de una vacuna destinada a disminuir el drama de la muerte de cientos de mujeres en edad activa a causa de una enfermedad que es evitable en gran medida.

Inmigración: la opinión de Camilo Salvo

(Publicado en www.iniciativalaicista.cl)

En los años de la Dictadura, yo, con cuatro hijas menores y mujer ingresé ilegal a España, sin trabajo, sin dinero pero atraído por ese país, a poco tiempo de la muerte de Franco. Sufrí los rigores de estar en ese estado. Convalidé mi título de abogado, eduqué a mis hijas, adquirí la nacionalidad española y me integré a esa sociedad trabajando.

Quien lo narra, es Camilo Salvo, abogado, ex parlamentario, ex alcalde y un destacado político originario de Traiguén, quien ha estado comprometido en los últimos años en diversas causas de derechos humanos, en su condición de ex preso político en Isla Dawson y convencido de la necesidad de asegurar derechos sociales y políticos en nuestro país. Recuerda que varias veces debió salir de España y volver, con la angustia de lo que sería de su familia, si el policía de frontera le objetaba el ingreso.

Sobre el debate producido esta semana sobre los inmigrantes, precisa: El término hay que acotarlo para no confundir con refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, desplazados internos o víctimas de trata de personas, ya  que no hay una definición  universalmente aceptada  del término “migrante” (y sus derivados: inmigrante y emigrante), por lo que siguiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos referiremos solo al migrante internacional  para singularizar a toda persona que se encuentre fuera del Estado  del cual es nacional y, en particular, de un hecho nuevo para Chile que es la presencia en nuestro país de una visible cantidad  de personas que llegan en busca de trabajo, en algunos casos calificado y en otros de simple mano de obra,  y que se han instalado mayoritariamente  en el Norte minero y en Santiago, que en principio fueron de origen peruano, boliviano, argentino y ecuatoriano, siendo también hoy afrolatino y afrocaribeño.

 Este fenómeno afirma - que se hace visible en Chile desde el año 2000 en adelante,  en general  se debe a que las personas migran porque en los lugares en que vivían hay violencia, desigualdad, pobreza, falta de garantía de derechos económicos, sociales y culturales, inestabilidad política  o discriminación. La elección de Chile  se debe  al establecimiento de un sistema democrático que con altibajos  tiene como eje  el goce de la libertad individual, una mejor situación económica del país en relación a los de orígenes  y la estabilidad social  de la que somos  críticos  pero que desde el exterior  se aprecia con interés  como lo dijo el Presidente del Perú en la ENADE. En el hecho en su mayoría son personas que se ven forzadas a salir.

Aunque muchos piensan lo contrario  la cantidad de migrantes en Chile  es baja ya que se acerca al 2.5 % de la población, cifra inferior a la de Argentina o Venezuela que llegan al  5%,  Mexico  3%  y a la de los países de la OCDE que llega a un 13%.

Podríamos decir que Chile  no estaba preparado para  esta situación que, en sí, no es extraordinaria ni catastrófica. Teníamos una experiencia importante de la colonización europea  que se hizo con alemanes, suizos, franceses , italianos dirigida por el Estado que dio buenos resultados  y que han formado colonias exitosas hace más de un siglo, cuyos descendientes  son chilenos, han ascendido económica y socialmente  y, cosa curiosa, muchos de ellos protestan hoy de la llegada de estos extranjeros negros, como en su tiempo protestaron junto a otros chilenos pudientes contra los “turcos“, hoy aceptados social, política y económicamente.

Especifica que el sistema legal chileno que rige las migraciones es el Decreto Ley  1094 del año 1975 período de la dictadura cívico militar, basado principalmente en los principios de la seguridad nacional y en la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Es absolutamente inadecuado y debe ser reemplazado. Bajo los gobiernos de la actual Presidenta  se han dictado dos instructivos presidenciales  que han permitido a los migrantes el acceso a la salud, los niños a la educación y que coordina los distintos órganos del Estado  para el establecimiento de un  Sistema Nacional de  Migración.

Sobre el tema hay que decir algunas cosas concretas, precisa. La migración ha sido necesaria para Chile y continuará. Chile es un país atractivo para los que se encuentran en esa situación  y si EE UU endurece su política migratoria vendrá más gente. Sin embargo,  debido a la baja de la situación económica, al aumento de la delincuencia, a la sensación de inseguridad  que flota en el ambiente, un sector importante de la sociedad  chilena, algunos de los sectores más conservadores, y ciudadanos prejuiciosos, culpan a estas personas que han llegado a Chile regular o irregularmente, de ser los causantes  de lo que ocurre, de la pérdida de puestos de trabajo, del desorden, de la criminalidad, todo sin ninguna base real ni científica.

Se ha desarrollado un sentimiento discriminatorio, étnico y social que atribuye a la migración  todos los problemas de la sociedad chilena. Lo anterior es tomado por los sectores políticos defensores del orden establecido para plantear la idea  que se debe proceder con dureza en el ingreso, exigentes en las conductas, discriminatorios en los beneficios y derechos y rompimiento del Estado de Derecho  para juzgar y sancionar a los migrantes especialmente si son de color. Los blancos  son extranjeros, no migrantes, aunque vengan en igual situación.

Esperemos –dice - que los sectores democráticos  de los diferentes partidos políticos, transversalmente, definan sus posiciones  en orden a que Chile está abierto  a recibir a todos aquellos  que por diferentes razones  quieran establecerse en el país, a que reciban un trato igualitario, sometidos al Estado de Derecho , a los Tribunales de Justicia y que la autoridad administrativa  no proceda discrecionalmente que se respeten sus derechos humanos, que sean sujetos de derecho, iguales con los nacionales, que puedan reunirse con sus familias y que se les reconozco como fundamento los atributos de ser persona humana independientemente  de su nacionalidad, ideología, color, lengua, raza, religión, sexo o edad.