domingo, 22 de marzo de 2015

Asegurar la equidad


Natasha Toledo

Entrevista efectuada por Manuel Romo para Revista Iniciativa Laicista

Chile está viviendo un momento sanitariamente importante. Por primera vez en muchos años se está debatiendo en  serio sobre la posibilidad de legislar para despenalizar el aborto, iniciando la discusión con el aborto terapéutico, para salvar la vida de la madre; cuando el feto viene en condiciones que harán imposible la vida extrauterina; y en caso de violación.
Las encuestas dicen que casi un 70% de la población está de acuerdo con despenalizar el aborto cuando concurre alguna de estas tres causales.
El debate ha puesto de manifiesto que Chile comparte el dudoso honor de ser uno de los seis países en todo el mundo que castiga el aborto y la discusión se ha abierto, entonces, a lo largo de todo el espectro de las ideologías.
Las posiciones religiosas argumentan que la vida del embrión está por encima de cualquier otra consideración y que debe permitirse su desarrollo hasta su nacimiento, porque es una persona en potencia; así sea que el embarazo mate a la madre o el feto vaya a nacer muerto o indefectiblemente vaya a morir tras el nacimiento.
Quienes se apoyan en la ciencia, se afirman en que no es lícito torturar a una mujer obligándola a llevar en su vientre un feto cuyas malformaciones lo harán incapaz de sobrevivir y que morirá sin duda al nacer; es inhumano imponerle a una mujer la obligación de continuar con un embarazo que le provocará la muerte; y también lo es condenarla a parir un hijo concebido por el crimen atroz de la violación.
Iniciativa Laicista ha querido contribuir al debate entrevistando a Natasha Toledo, matrona titulada hace siete años en la Universidad de Chile, dedicada a la docencia  durante seis años y con un posgrado en Educación.
Natasha es una activa usuaria de las redes sociales sobre temas como violencia de género, maternidad, derechos sexuales y reproductivos, sexismo y crianza, poniendo constante énfasis en el atraso que sufre nuestro país, en lo que se refiere a derechos de la mujer.
En el ámbito de su profesión, se dedica a educar mujeres en sus procesos de maternidad, a conocerse, informarse, empoderarse, descubrir sus cuerpos y defenderlos. Casi todas las mujeres con que trabaja están en período de gestación y las acompaña, aclara sus dudas y se alegra con ellas durante la espera de esos niños que son tan deseados y a los que aguarda un ambiente familiar de felicidad.
Pero sabe también que esta no es la realidad de todas las mujeres, pues, lamentablemente, hay determinantes sociales que afectan y muestran la desigualdad que se vive en las comunas de menores ingresos. Sabe que allí suele haber un calvario para cientos de mujeres, que viven en un ambiente biopsicosocial lleno de carencias, agredidas física, psicológica o sexualmente, sin tener contención, ni amor, ni información.
Natasha Toledo es interlocutora válida para interiorizarnos del tema en debate.

De acuerdo a lo informado recientemente por el Colegio de Matronas, en Chile se producen 17  mil abortos anuales en el sistema público. ¿Cuál es, entonces, la cantidad de abortos clandestinos que se practican en el país?

Efectivamente, esos son los que se notifican. En esa cifra se encuentran todos los tipos de abortos, ya que las estadísticas muchas veces no precisan la causa. Si incluimos al sistema privado, esa cifra se elevaría a unos 33 mil abortos, que es una cifra bastante estable desde hace mucho. Lamentablemente, esa cifra no nos dice mucho, ya que los que llegan al hospital son sólo una mínima fracción de la realidad.
Se sabe que en el sistema privado no todos los abortos se notifican, sino que en algunas ocasiones los hacen pasar por otros “procedimientos”; también hay mujeres que no acuden al hospital después de algún aborto, espontáneo o provocado, sólo por miedo. Algunos estudios elevan la cifra a 80 mil e incluso 150 mil por año.
Nunca lo sabremos mientras sean clandestinos. Hay que tener claro que mientras haya embarazos no deseados, siempre van a existir los abortos provocados.

Las mujeres con recursos económicos sí pueden abortar en clínicas particulares en óptimas condiciones, aunque simulando que la naturaleza de la intervención es otra. ¿Es, entonces, el aborto también un tema de justicia social?

Estoy convencida de eso. Y no sólo haciéndolos pasar por otras intervenciones, sino que saliendo del país, a EEUU, Canadá, Reino Unido y muchos otros países de la región. En Latinoamérica, tenemos a Puerto Rico como un país con una ley de aborto muy avanzada. Las sumas son totalmente asequibles y los procedimientos se realizan en condiciones muy seguras. Pero claro, se necesitan los medios económicos para viajar y tener visa, y está claro que una adolescente de San Ramón o una dueña de casa de Putre, no va a tener esa posibilidad.
Tengo colegas que han sido testigos de los disfraces que utilizan médicos del sistema privado para hacer los abortos: “legrado biópsico”, “restos de aborto”, “pólipos endometriales”… ¡Uff! Hay muchas formas de disfrazarlos. Lo interesante es ver a las horas que los hacen, 3 o 4 de la mañana, cuando los pabellones están con muy poco personal.
Para mí es un tema de justicia social. Si teniendo los 800 mil a un millón de pesos que cobran por hacerse un aborto es fácil, lo encuentran en todas las comunas. Los médicos que se dedican a esto claramente no lo hacen para “ayudar” a las mujeres, no lo hacen para que puedan lograr sus metas en la vida, sólo quieren lucrar.

¿Cuáles serían los alcances de una ley que despenalice el aborto en Chile?

Las propuestas que entregó la presidenta las comparto, aunque no ha salido el detalle aún. Una ley que permita decidir, en forma libre e informada, si continuar o no con un embarazo que atente contra la propia salud, física o psíquica, que sea producto de una violación o que el producto de la concepción tenga alguna enfermedad incompatible con la vida.
Hay mucho que debatir, pero lo mínimo que debe contemplar, es asegurar la equidad y el acceso a todas las mujeres que se encuentren en estas situaciones, a un procedimiento seguro y de acuerdo a los estándares internacionales. O sea, se necesita una capacitación del recurso humano que participará de estos procedimientos, para que acojan, contengan... se enfrenten a la mujer en una actitud de ayuda y no con la palabra enjuiciadora. Que incluya una consejería y acompañamiento psicológico pre y post aborto, entre otras consideraciones.
Tienen que definir, además, qué hacer con los médicos o matronas con “objeción de consciencia”, que claro que las pueden tener. ¿Va a ser obligatorio para todos los centros de salud, públicos y privados? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? La idea es que sea lo menos burocrático posible, y que el centro de todo esto, sea proteger a la mujer que está pasando por esta difícil situación. Nadie de los que estamos a favor de la despenalización del aborto, creemos que es “deseable” y “positivo” abortar.

Hay mucho de idealismo religioso entre quienes argumentan en contra del aborto ¿no le parece?

Sí, ¡mucho!  Pero el idealizar no es tanto el problema. Cada quien construye su idea de vivir como mejor le plazca. Si quieren llenarse de hijos, criarlos y adoctrinarlos religiosamente, no tiene por qué  importarme, pero el problema aparece cuando quieren expandir sus creencias y supuestos “valores” al de al lado, y convertirlas en ley, castigar a quien piensa diferente.
Y así ha funcionado Chile… desde que la iglesia católica pisó esta tierra, se ha sentido con el derecho de meter sus narices en temas de ciencia, educación, política, familia, intimidad y sexualidad de las personas, en este caso, las mujeres. Las iglesias en Chile se basan en una escritura extremadamente machista y patriarcal, en la cual se señalan decenas de aberraciones en contra de la dignidad de la mujer.
O sea, para la religión católica el sexo no es inmoral únicamente si va asociado al fin reproductivo. ¿Qué me dice eso? Que ojalá haya un embarazo que pruebe que la mujer no es impura. Y si se embaraza, pobre de ella que aborte, porque está ocultando la evidencia de que “pecó”. En esos tiempos a nadie le importaba el feto, esto es algo contemporáneo.
Actualmente, los “pro-vida” se enorgullecen de sí mismos con ese título, que suena atractivo, casi celestial. Para ellos, el ámbito biológico tiene supremacía a todas las demás áreas del ser humano: fecundación es igual a persona. Nada más, y de ahí no los sacamos. Para ellos nada puede superar a la sacralidad de la vida.

Hay movimientos ciudadanos que se oponen a las restricciones existentes y promueven talleres y difunden manuales para lograr “abortos seguros” hasta la cuarta semana de gestación, usando medicamentos, principalmente el Misoprostol o Misotrol. ¿Son realmente seguros estos métodos?

En general son seguros, cuando se usan como corresponde y teniendo algunas precauciones, ya que puede haber graves consecuencias si no se chequean algunas condiciones de salud previo a su uso. De hecho, desde que se usa Misoprostol, cada vez se ven menos abortos del tipo mecánicos, como se veían antes, con palillos, soluciones salinas o jabonosas, etc. Felizmente nunca me tocó verlas, pasan a ser leyendas de hospital, ya que el Misoprostol disminuye enormemente el riesgo de tener un aborto séptico, cuadro clínico de mucha gravedad, con alta mortalidad. Al menos cuando se compara con los métodos de antaño.
Lo malo de este mercado negro es que quienes lo venden no me consta que sean matronas o médicos, y puede que pasen por alto recomendaciones básicas para que el uso del Misotrol sea seguro.

Tanto la Organización de Naciones Unidas como otros organismos internacionales han llamado la atención al Gobierno de Chile sobre las altas tasas de abortos practicados en Chile en la clandestinidad, sin que el estado tome conciencia de su responsabilidad, proporcionando condiciones adecuadas para su realización.

Sí, en lo personal me da vergüenza, y pena, rabia, no sé, impotencia de vivir en un país que no protege a sus mujeres y niñas. Un país que tiene tantas cosas buenas, que va creciendo a buena velocidad, con muchas oportunidades, tecnología, estabilidad, indicadores en salud… y quedemos atrás en estas cosas, que tocan y dañan tan profundamente.
Me hubiese gustado que los organismos internacionales no hubiesen esperado tanto, son muchos años de espera. Yo me pregunto, y desde el año 89, ¿cuántos bebés de mujeres violadas habrán nacido? ¿Cuánto daño emocional y social se ha producido? Niños con carencias afectivas, maltratados, mujeres condenadas a un destino que no han elegido. El daño es incuantificable.

¿Hasta cuándo el Estado de Chile –supuestamente laico – continuará refugiándose en mitos religiosos para hacer oídos sordos a las voces internacionales que le piden revisar su legislación respecto del aborto?

Lo mismo me pregunto yo. Ahora vemos una luz, que está ardiendo; en todos los medios ha causado revuelo lo que la presidenta ha propuesto. Y si bien me gusta que se esté hablando del tema, me asusta... No, ¡estoy aterrada! De que no resulte, que gane el fundamentalismo religioso, los dogmas, la intransigencia, el legado de la dictadura, y perdamos el 70% de la sociedad chilena que estaría a favor de una ley como esta. 

Espero que con esto, la gente se dé cuenta en adelante de que no da lo mismo por quien votemos. No da lo mismo votar por alguien que se autodenomina “Pro-vida”, que por alguien que defiende la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Hay muchos políticos que ponen la Biblia antes que las necesidades del pueblo. En este tipo de situaciones salen a la luz las consecuencias de las malas decisiones en política (MR).

Derechos Humanos: la agenda permanente



Opinión publicada en Revista Iniciativa Laicista de marzo de 2015

En contextos donde la gobernabilidad pareciera estar garantizada por un Estado de Derecho, es decir, donde las instituciones del Estado funcionan, hay una estructura a cargo de diseñar y ejecutar políticas que permitan el acceso y goce efectivo de los derechos, hay un sistema de leyes y normas que garantizan la protección de estos derechos, y más aún, donde hay organismos internacionales que le dicen al Estado cuáles son los incumplimientos frente a determinados derechos que están consignados en  convenciones o tratados que el país ha suscrito, pareciera ser que, ante las garantías de un Estado de Derecho, se normalizan las vulneraciones de derechos.
Dicho de otro modo, situaciones que pueden ser constitutivas, por ejemplo, de discriminación hacia grupos de la diversidad sexual o a grupos de migrantes, pueden convertirse fácilmente en hechos donde el Estado y la ciudadanía no adviertan a tiempo que se está vulnerando un derecho humano.
En este punto me gustaría plantear algunas ideas que pueden contribuir a la discusión sobre los derechos en el Chile actual. 

1. La sociedad chilena es diversa. No obstante, las propuestas que surgen desde el Estado ven en esta diversidad más un dato cultural o sociológico que la posibilidad de aplicar un enfoque de derechos. Mirar la diversidad desde los derechos humanos es observar los atributos que compartimos como seres humanos. Por ejemplo, todos somos iguales ante la ley, tenemos derecho a votar y a expresarnos libremente. El principio de igualdad y no discriminación se basa en este fundamento: todos los seres humanos tenemos el derecho a no ser discriminados y a tener un trato igualitario.  
Este principio permite fundamentar la inclusión en la política pública de las diferencias culturales de distintas poblaciones que habitan el territorio nacional: indígenas, migrantes, población urbana, rural, entre otros grupos. Puede darse que se generen iniciativas que tengan como foco, por ejemplo, la migración, pero es muy distinto analizar y dar respuestas mirando cómo se accede o cómo se protegen los derechos de grupos específicos de personas que la simple descripción o caracterización de los y las migrantes que han llegado a Chile en los últimos años. 
La cultura normaliza la discriminación y por tanto normaliza el uso de estereotipos. Los estereotipos son construcciones e imágenes ampliamente socializadas respecto de lo qué son o no las mujeres, lo qué son o no los homosexuales, lo qué son o no los indígenas. En estas construcciones culturales se jerarquizan como buenos o malos atributos dependiendo de a quién nos estamos refiriendo. Y en esta jerarquización claramente hay una práctica discriminatoria de la que muchas veces no somos tan conscientes porque nuestra cultura tiende a naturalizar las diferencias.
En la publicidad comercial y en campañas públicas, es común ver, imágenes de mujeres donde se las muestra especialmente cumpliendo roles domésticos: a cargo del cuidado de los hijos. Es cierto que se advierten cambios en los anuncios donde las mujeres y las niñas aparecen en situaciones de ejercicio del poder, pero son las menos y casi excepcionales.
Alguien podría discutir incluso si efectivamente el tipo de publicidad que se describe es o no discriminatoria. Pero lo cierto es que convenciones internacionales como la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres (conocida por su sigla en inglés CEDAW) advierten sobre este tema, particularmente sobre las implicancias del tratamiento de las mujeres en los medios de comunicación como un espacio donde se vulneran sus derechos. Por ello se insta a los Estados a desarrollar políticas en éste y otros temas, que permitan a las mujeres y las niñas avanzar en el goce efectivo de los derechos humanos.

2. La Educación en derechos humanos es un terreno donde necesariamente Chile debe avanzar.  El Estado debiera hacer esfuerzos en la línea de promover y desarrollar políticas que permitan incluir en la enseñanza básica y media, los contenidos necesarios sobre derechos humanos.
Para ello no basta con la incorporación en textos educativos, se debe contribuir a la formación docente en esta materia y también generar una línea de trabajo destinada a la educación superior.
Existen iniciativas donde se ha incluido en algunas carreras universitarias cátedras o electivos donde se abordan materias relacionadas con los derechos humanos, sin embargo sigue siendo aún muy incipiente tal esfuerzo. Falta un abordaje integral de los derechos humanos donde las universidades no solo se involucren a nivel de difusión de contenidos sino además de generar dispositivos y estructuras que permitan viabilizar la práctica de los derechos humanos. Un ejemplo muy concreto tiene que ver con la falta de mecanismos de prevención y atención del acoso sexual, que es una forma de violencia frecuente en las universidades.
En el contexto nacional, la educación en derechos humanos debe dar cuenta de las violaciones de derechos humanos del pasado de manera que se informe sobre hechos tan concretos como la desaparición de personas, la tortura, el exilio y la censura, entre otros temas. Pero junto con ello se deben abordar los problemas de derechos humanos del presente como la violencia contra las mujeres, el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, la configuración del derecho a la educación, la discriminación contra las diversidades sexuales, entre otros temas.
La educación en derechos humanos permite sin duda avanzar hacia una sociedad menos discriminatoria y tolerante con la diversidad de pensamiento y de opciones.

3. Las garantías de protección a los derechos humanos están dadas por el Estado. Sin embargo, y tal como lo han mostrado recientes informes nacionales, Chile debe avanzar hacia la conformación de una institucionalidad de derechos humanos que permita abordar desde el Estado con mayor integralidad y eficacia los distintos problemas de derechos humanos.
Actualmente, el Estado chileno cuenta con estructuras como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras reparticiones en el Ministerio del Interior, Ministerio del Exterior, Servicio Médico Legal, entre otros organismos. Cada una de estas instituciones o programas tiene competencias acotadas y donde se generan vacíos para responder a determinados problemas en derechos humanos.
Por ejemplo, el Instituto tiene una facultad amplia en cuanto a la promoción en derechos humanos, no obstante sus facultades legales son bastante específicas.
Una institucionalidad más completa e integral de derechos humanos necesariamente debe apuntar hacia la figura de la Defensoría ciudadana o del pueblo, donde las facultades legales se ven fortalecidas.

4. Chile es un Estado laico. Esto implica que se den garantías a la libertad de conciencia y de religión. En ese sentido, las políticas públicas no pueden tener sesgos discriminatorios o que afecten el tratamiento igualitario de credos y pensamientos.
Pero también las políticas públicas deben propender y resguardar que como Estado Laico no existan visiones sesgadas, basadas en el prejuicio o en una determinada creencia valórica personal, que incidan en los resultados de una determinada ley o política.

En el debate programático de la pasada elección presidencial se habló sobre la Ley Antiterrorista y Ley antidiscriminación. También, sobre el aborto y el matrimonio igualitario. Sin embargo, en estas discusiones ha estado ausente el foco sobre los derechos.
Los compromisos internacionales que ha suscrito el país aluden precisamente a estos temas como déficit en el ámbito de los derechos humanos. Se refieren, por ejemplo, a la necesidad que Chile avance en materia de derechos sexuales y reproductivos como garantía de acceso y goce efectivo de los derechos de las mujeres en este ámbito. No se trata de una mera discusión valórica, sino de generar una verdadera discusión en un Estado de Derecho.
Los desafíos en derechos humanos para Chile son cuantiosos. Desde la profundización del contenido de los derechos hasta la forma que adquiere la institucionalidad para viabilizar estos derechos.
Para ello, Estado y sociedad civil deben advertir cuáles son las posibilidades de acción y las prioridades que en el contexto particular de nuestro país se pueden plasmar en una agenda integral de derechos humanos.

Desafíos que pasan por el registro del pasado, por las deudas en materia de verdad y justicia, pero también desafíos que nacen en el presente a partir de discriminaciones hacia grupos que hablan de un Chile mucho más diverso. Es una tarea compleja, no hay duda, pero muy desafiante.  

domingo, 23 de noviembre de 2014

En circulación Revista Iniciativa Laicista

 

Con actuales debates sobre la realidad chilena e internacional, la revista Iniciativa Laicista sigue siendo la tribuna del libre pensamiento en Chile. En su nueva presentación gráfica, concita el interés por proponer las priorización de los derechos de la conciencia libre y su ejercicio efectivo en la realidad ciudadana y social.
En su reciente edición, correspondiente al mes de noviembre de 2014, inicia un análisis sobre el rol del Estado en el siglo XXI, a través de dos temas de creciente importancia en el debate chileno: la energía y el recurso hídrico. 
Aborda una reflexión sobre como debe ser una verdadera religiosidad, a través de una opinión del pastor protestante y presidente de la Fraternidad Ecuménica de Chile, pastor David Muñoz Condell.
Todas las publicaciones de la revista están disponibles en www.iniciativalaicista.cl

Las religiones en tiempos de Bergoglio


Aún es motivo de análisis el estudio realizado por Latinobarómetro bajo el título de “Las religiones en tiempos del Papa Francisco
(http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp)
 Latinobarómetro es un centro de estudios de opinión pública que se aplica anualmente a través de alrededor de 20.000 entrevistas, en 18 países de América Latina, y que representa a más de 600 millones de habitantes. Sus objetivos son investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos.
En su presentación de abril señaló “América Latina crece y crece, las desigualdades se mantienen, los ciudadanos salen a la calle para protestar…Este informe mira la evolución del catolicismo a un año de la llegada del Papa Francisco. Las religiones lejos de disminuir se transforman, al mismo tiempo el catolicismo es más resistente que lo que aparenta ser. El crecimiento económico no produce un impacto directo de secularización como lo hizo en otras regiones del mundo”. Sin embargo, el informe señala que mientras América Latina permanece creyente, con escasa secularización, Chile y Uruguay señalan una diferencia.
En el caso de Chile,  la baja en el predominio del catolicismo es una tendencia, lo cual para muchos es un dato sorprende, dado que, entre 1995-2013, ha mostrado una fuerte baja, pasando de un 74% a un 57%, de reconocimiento de adhesión, es decir, 17 puntos porcentuales menos en casi dos décadas. Este proceso de secularización en Chile es sorprendente, para los gestores del estudio, porque aquí no existía una "tradición de agnosticismo", que lo asocian al alto crecimiento económico que ha tenido el país en el mismo período de tiempo. Por cierto, discrepamos con esa apreciación, ya que Chile, hasta la crisis de la democracia tenía una destacada tradición agnóstica, que tiene un punto de inflexión con los acontecimientos de los años 1960, y que se consolida bajo la dictadura.
El estudio recuerda que en 1995, en nuestro país había un 8% de ateos, agnósticos o personas que se consideraban sin religión, mientras que un 9% de la población se decía evangélica. Este panorama cambia en la actualidad, pues las personas que no tienen un "dios", corresponde al 25% de la población, seguido de la Iglesia evangélica que obtiene el 13%, mientras que el 1% señala no saber o no contesta. 
"Este proceso de transformación valórica de Chile – dice el estudio - aún no se ha manifestado en otros países de la región que han tenido un fuerte crecimiento económico. En esa medida Chile constituye una excepción en su proceso de transformación de la sociedad”.
Teniendo como referencia, el impacto de  la figura del Papa Bergoglio que evalúa como positivo en la confianza respecto de la Iglesia Católica entre los católicos latinoamericanos, esto no se ha reflejado en nuestro territorio: Chile es el país que tiene menor grado de confianza en la Iglesia, alcanzando sólo el 44%, frente al 60% de promedio en América Latina.


El derecho a la blasfemia


Austin Dacey, 

Traducción de un artículo publicado en la revista  Religion Dispatches de la University  of Southern California 11 de agosto de 2011, realizada por C.Leiva


Habiendo seguido los debates sobre religión y libertad de expresión en las Naciones Unidas durante los últimos años, me he acostumbrado a las malas noticias, tales como una década de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General “combatiendo la difamación de las religiones.” Ahora que hay algunas buenas noticias, casi nadie se ha dado cuenta.

A fines del mes pasado, la ONU lanzó una nueva declaración sobre la extensión de la libertad de expresión bajo la ley internacional. Afirma que las leyes que restringen la blasfemia son incompatibles con los estándares de los derechos humanos universales.

La declaración procedió del Comité de Derechos Humanos, el cuerpo de dieciocho “expertos independientes” encargados de controlar el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), el tratado de derechos humanos de 1966 que vela por la libertad de opinión y expresión, así como por otros derechos fundamentales. Los comentarios generales del Comité representan interpretaciones autorizadas sobre las disposiciones  del ICCPR. A diferencia de las muy publicitadas resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos y por la Asamblea General, las disposiciones del ICCPR son legalmente vinculantes para sus más de 165 participantes.

El Comentario General Número 34, detallada declaración de 52 párrafos, es el resultado de dos años de intenso debate entre representantes del gobierno y organizaciones de las sociedad civil. El comentario previo del Comité sobre la libertad de opinión y expresión, en 1983, tenía sólo cuatro párrafos. Además de tratar materias como la traición, la difamación de los jefes de estado y “leyes de la memoria” que refuerzan una versión oficial de la historia, o el derecho de los bloggers, el Comentario 34 se concentra enérgicamente en las limitaciones religiosas contra la expresión. Lo hace no sólo afirmando que el derecho a la libre expresión es fundacional para una sociedad democrática y libre, sino también para la protección de otros derechos. También apela explícitamente a los valores de la libertad de conciencia y la igualdad ante la ley.

De acuerdo con el párrafo 48, “Las prohibiciones de expresiones de falta de respeto hacia una religión u otros sistemas de creencias, incluyendo las leyes de blasfemia, son incompatibles con el Pacto, excepto en circunstancias específicas tratadas en el artículo 20, párrafo 2, del Pacto.” El artículo 20, párrafo 2, llama a los estados a prohibir “la defensa del odio nacional, racial o religioso que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.” El Comentario es cuidadoso requiriendo que cualquier restricción no debe violar las garantías del Pacto sobre igualdad ante la ley (Artículo 26) y la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Artículo 18).

Por tanto, no se permitiría que ninguna de estas leyes discriminara a favor o en contra de ciertas religiones o sistemas de creencias, o a sus partidarios por encima de otros, o a los creyentes religiosos sobre los no creyentes. Tampoco se permitiría que tales prohibiciones fueran empleadas para prevenir o castigar la crítica de los líderes religiosos o el comentario sobre la doctrina religiosa y los dogmas de fe.

Las leyes contra la blasfemia o “insultos religiosos” (que se encuentran en todo el mundo, incluyendo la mitad de los estados miembros del Consejo de Europa) son inherentemente discriminatorias contra los secularistas y los disidentes religiosos. Son discriminatorios en el sentido de que los secularistas no poseen recursos legales cuando son las palabras de los creyentes las que ofenden sus sensibilidades morales. Tampoco los gays pueden llevar a juicio a los editores del Levítico por la afrenta espiritual que seguramente les supone. Los escépticos y creyentes heterodoxos, por otra parte, sí tienen conforme al Artículo 18 derecho a vivir y a expresarse de acuerdo con su conciencia incluso cuando ofende la ortodoxia.

El párrafo 32 del nuevo comentario también previene llama a los estados que utilizan una noción estrecha de la llamada moral pública para restringir la expresión, a eliminar las leyes que proscriben a una tradición religiosa en particular: “el concepto de la moral deriva de muchas tradiciones sociales, filosóficas y religiosas, y en consecuencia las limitaciones… que tienen el propósito  de proteger la moralidad han de basarse en principios que no deriven exclusivamente de una sola tradición”.

Las implicaciones de estas recomendaciones consisten en que las controversias sobre la blasfemia no son simplemente un conflicto entre “libertad de expresión” y fe, sino choques entre afirmaciones contrarias sobre la conciencia. Esta posición es defendida por la International Humanist and Ethical Union  y está elaborada en mi próximo libro, The future of Blasphemy: Speaking of the Sacred in an Age of Human Rights.

El mensaje del Comentario General Número 34 no es sólo una condena clara de las leyes de blasfemia de países como Pakistán, que a pesar de haber ratificado el ICCPR en 2008, continúa imponiendo la pena capital por blasfemia y “profanación” del nombre del Profeta Mahoma. El comentario repudia igualmente las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, que ha confirmado leyes austriacas, británicas y turcas en contra de la blasfemia y los insultos religiosos, invocando un derecho sui generis a “respetar los sentimientos de los creyentes”.

El mayor desacuerdo que hay en el comentario, desde mi punto de vista, es su debilidad para denunciar las leyes penalizadoras del “discurso de odio”, que en muchos países funcionan de hecho como restricciones sobre la blasfemia y el sacrilegio. Teóricamente, podemos distinguir entre dar una paliza a una creencia o dar una paliza a sus partidarios. Sin embargo, en ausencia de una norma internacional precisa, la “advocación del odio religioso” podría significar cualquier cosa, desde provocar violencia inminente contra individuos (criminalizados incluso bajo la Primera Enmienda) hasta el estándar no verificable de estar motivado por la hostilidad religiosa, como ocurre bajo la Ley británica sobre Crimen y Desorden de 1998. Las condenas de escritores y activistas como Paul Giniewski en Francia, Lars Hedegaard en Dinamarca, y Elisabeth Sabadistch-Wolff en Austria, prueban que las leyes sobre discurso de odio pueden ser empleadas de forma abusiva incluso en las democracias liberales.


Los activistas de la sociedad civil tienen ahora finalmente de su parte la autoridad legal de las Naciones Unidas en su intento de presionar a los gobiernos para que cumplan las obligaciones de los tratados y pongan término a la criminalización de la blasfemia.

Aborto. Debatamos sin hipocresía


Declaración de la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir


El anuncio presidencial del 21 de Mayo sobre la despenalización del aborto en tres causales, ha desatado un debate que hacía falta y que por muchos años se pretendió silenciar desde los partidos políticos, el Parlamento y las jerarquías eclesiásticas, aun cuando el aborto inseguro realizado en condiciones de riesgo, durante décadas ha sido una realidad cotidiana que viven las mujeres en el país.

La AFLD ha venido sosteniendo (o levantando) el aborto libre seguro y gratuito como una libertad fundamental de las mujeres en el marco de los derechos humanos y se hace parte del debate puntualizando los siguientes aspectos.

1.         La gran mayoría de los abortos que ocurren en el país obedecen a diversas causas económicas, sociales y subjetivas; sólo un número muy limitado se debe a embarazos que implican peligro de vida para la mujer, inviabilidad post parto del feto, o que son producto de violación. Países con estadísticas en la materia informan cifras inferiores a 10%.  Por consiguiente, la propuesta del gobierno aborda la casuística excepcional y no responde al problema real que representa el aborto en el país, esto es, una vulneración de derechos humanos y libertades de las mujeres.


2.         Todo embarazo no deseado violenta los cuerpos y la emocionalidad de las mujeres impactando su bienestar físico, mental y social en sentido amplio. La libertad de  decidir la interrupción de los embarazos no deseados es, primordialmente, una cuestión de derechos humanos, en especial derechos sexuales y reproductivos, pero también, del derecho a la salud, del derecho a vivir sin violencia y del derecho a no ser sometidas a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

El laicismo, tarea pendiente de la secularización

 Carlos Leiva Villagrán

El advenimiento de los Estados modernos en Occidente aproximadamente a partir del siglo XV se caracterizó, entre otros, por una creciente de secularización, bajo la forma de una  transferencia de responsabilidades y poderes ejercidos por las autoridades religiosas a las autoridades civiles. Este proceso, sin embargo, no implicó  una laicización en la medida que las religiones continuaron  manteniendo privilegios en los Estados.  

Algunos privilegios de las religiones dentro de las sociedades secularizadas son bastante sutiles, como aquellos que dicen relación con mantener incrustadas en las legislaciones civiles criterios que derivan exclusivamente de preceptos de fe. Por ejemplo, no dejan de estar presentes en la actualidad las implicancias jurídicas de la noción bíblica del jefe de familia, que genera desigualdad de derechos entre los sexos. No en vano, el laicismo ha promovido en este terreno la laicización del matrimonio, incluyendo la superación de otros tabús religiosos, procurando extender el matrimonio a otras formas de sexualidad, diferentes a la exclusividad del matrimonio heterosexual orientado a la procreación.

En la secularización está inscrita la separación de la Iglesia de los Estados, cuestión que tiene su contrapartida en la libertad religiosa, como forma restringida, y en la libertad de conciencia, en forma ampliada. Estados Unidos ha sido uno de los países que primero ha institucionalizado la libertad religiosa, donde su  Constitución ya señalaba en 1787 que “el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma”, con lo que disponía el alejamiento del Estado de la pretensión de control de cualquier religión, mientras garantizaba la libertad religiosa en la sociedad. Sin embargo,  el 30 de junio de este año, la Corte Federal, en torno al caso Hobby Lobby, ha interpretado que la libertad religiosa implica que las empresas privadas pueden, por motivos religiosos, negarse a proporcionar la asistencia de salud de la píldora del día después que la ley norteamericana ha establecido como obligatoria para las empresas en general. De este modo, una disposición judicial  podría estar abriendo un forado en la concepción de la libertad religiosa, concebida como garantía para los ciudadanos, otorgándosela a empresas, las que, paradojalmente, podrían ahora utilizarla contra la libertad religiosa de las personas. El caso de Hobby Lobby es indicador de  las dificultades de hacer valer la laicidad del Estado en un contexto de sociedades civiles secularizadas con alta influencia religiosa. 

En Chile, la Iglesia se separó del Estado en 1925, culminando un proceso de  reclamo de secularidad que se  había abierto con las querellas religiosas de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, esta solución quedó lejos de ser laica. El reconocimiento de lo religioso en la institucionalidad pública ha continuado vigente en gran medida, y la fuente de esta situación radica en la hegemonía ideológica que la Iglesia Católica ha mantenido desde la Colonia y que se sostiene en su situación de poder en el sistema educacional y  se proyecta en otras áreas del quehacer nacional. En este contexto, se entiende  la resistencia feroz de la Iglesia a un proyecto de reforma educacional que eventualmente podría afectar la provisión de recursos del Estado a su oferta educativa. 

Las situaciones reseñadas muestran palmariamente que las jerarquías religiosas, aun habiendo aceptado  y asumido la secularización de sus sociedades,  no están dispuestas a que sus creencias y preceptos  se mantengan exclusivamente en el ámbito privado de su dominio religioso. Por el contrario, sutil o abiertamente, pugnan desde su control histórico  de conciencias en la sociedad civil por que las concepciones de mundo que derivan de sus creencias, dogmas y leyendas queden firmemente asidas a la juridicidad de los pueblos, con plena conciencia que  ello es condición indispensable para la perpetuación de su poder.

El proceso histórico de secularización no ha sido suficiente, y requiere del laicismo para coronar la promesa de autonomía individual de la modernidad. La laicización  no  es meramente introducir el concepto laico en  las disposiciones normativas. De manera más radical, consiste en desmontar el dominio ideológico religioso en la sociedad civil, que transforma la intromisión clerical en parte del sentido común ciudadano. El laicismo está llamado a cuestionar y sustituir dicha  hegemonía, que es la  que hoy permite a las jerarquías religiosas permear la institucionalidad pública a todo nivel y en todas las latitudes.