Opinión publicada en Revista Iniciativa Laicista de marzo de 2015
En contextos donde la gobernabilidad
pareciera estar garantizada por un Estado de Derecho, es decir, donde las
instituciones del Estado funcionan, hay una estructura a cargo de diseñar y
ejecutar políticas que permitan el acceso y goce efectivo de los derechos, hay
un sistema de leyes y normas que garantizan la protección de estos derechos, y
más aún, donde hay organismos internacionales que le dicen al Estado cuáles son
los incumplimientos frente a determinados derechos que están consignados
en convenciones o tratados que el país
ha suscrito, pareciera ser que, ante las garantías de un Estado de Derecho, se
normalizan las vulneraciones de derechos.
Dicho de otro modo, situaciones que
pueden ser constitutivas, por ejemplo, de discriminación hacia grupos de la
diversidad sexual o a grupos de migrantes, pueden convertirse fácilmente en
hechos donde el Estado y la ciudadanía no adviertan a tiempo que se está
vulnerando un derecho humano.
En este punto me gustaría plantear
algunas ideas que pueden contribuir a la discusión sobre los derechos en el
Chile actual.
1. La sociedad chilena es diversa. No
obstante, las propuestas que surgen desde el Estado ven en esta diversidad más
un dato cultural o sociológico que la posibilidad de aplicar un enfoque de
derechos. Mirar la diversidad desde los derechos humanos es observar los
atributos que compartimos como seres humanos. Por ejemplo, todos somos iguales
ante la ley, tenemos derecho a votar y a expresarnos libremente. El principio
de igualdad y no discriminación se basa en este fundamento: todos los seres
humanos tenemos el derecho a no ser discriminados y a tener un trato
igualitario.
Este principio permite fundamentar la
inclusión en la política pública de las diferencias culturales de distintas
poblaciones que habitan el territorio nacional: indígenas, migrantes, población
urbana, rural, entre otros grupos. Puede darse que se generen iniciativas que
tengan como foco, por ejemplo, la migración, pero es muy distinto analizar y
dar respuestas mirando cómo se accede o cómo se protegen los derechos de grupos
específicos de personas que la simple descripción o caracterización de los y las
migrantes que han llegado a Chile en los últimos años.
La cultura normaliza la discriminación y
por tanto normaliza el uso de estereotipos. Los estereotipos son construcciones
e imágenes ampliamente socializadas respecto de lo qué son o no las mujeres, lo
qué son o no los homosexuales, lo qué son o no los indígenas. En estas
construcciones culturales se jerarquizan como buenos o malos atributos
dependiendo de a quién nos estamos refiriendo. Y en esta jerarquización
claramente hay una práctica discriminatoria de la que muchas veces no somos tan
conscientes porque nuestra cultura tiende a naturalizar las diferencias.
En la publicidad comercial y en campañas
públicas, es común ver, imágenes de mujeres donde se las muestra especialmente
cumpliendo roles domésticos: a cargo del cuidado de los hijos. Es cierto que se
advierten cambios en los anuncios donde las mujeres y las niñas aparecen en
situaciones de ejercicio del poder, pero son las menos y casi excepcionales.
Alguien podría discutir incluso si
efectivamente el tipo de publicidad que se describe es o no discriminatoria.
Pero lo cierto es que convenciones internacionales como la Convención contra
todas las formas de discriminación hacia las mujeres (conocida por su sigla en
inglés CEDAW) advierten sobre este tema, particularmente sobre las implicancias
del tratamiento de las mujeres en los medios de comunicación como un espacio
donde se vulneran sus derechos. Por ello se insta a los Estados a desarrollar
políticas en éste y otros temas, que permitan a las mujeres y las niñas avanzar
en el goce efectivo de los derechos humanos.
2. La Educación en derechos humanos es
un terreno donde necesariamente Chile debe avanzar. El Estado debiera hacer esfuerzos en la línea
de promover y desarrollar políticas que permitan incluir en la enseñanza básica
y media, los contenidos necesarios sobre derechos humanos.
Para ello no basta con la incorporación
en textos educativos, se debe contribuir a la formación docente en esta materia
y también generar una línea de trabajo destinada a la educación superior.
Existen iniciativas donde se ha incluido
en algunas carreras universitarias cátedras o electivos donde se abordan
materias relacionadas con los derechos humanos, sin embargo sigue siendo aún
muy incipiente tal esfuerzo. Falta un abordaje integral de los derechos humanos
donde las universidades no solo se involucren a nivel de difusión de contenidos
sino además de generar dispositivos y estructuras que permitan viabilizar la
práctica de los derechos humanos. Un ejemplo muy concreto tiene que ver con la
falta de mecanismos de prevención y atención del acoso sexual, que es una forma
de violencia frecuente en las universidades.
En el contexto nacional, la educación en
derechos humanos debe dar cuenta de las violaciones de derechos humanos del
pasado de manera que se informe sobre hechos tan concretos como la desaparición
de personas, la tortura, el exilio y la censura, entre otros temas. Pero junto
con ello se deben abordar los problemas de derechos humanos del presente como
la violencia contra las mujeres, el acceso a la justicia de los pueblos
indígenas, la configuración del derecho a la educación, la discriminación
contra las diversidades sexuales, entre otros temas.
La educación en derechos humanos permite
sin duda avanzar hacia una sociedad menos discriminatoria y tolerante con la
diversidad de pensamiento y de opciones.
3. Las garantías de protección a los
derechos humanos están dadas por el Estado. Sin embargo, y tal como lo han
mostrado recientes informes nacionales, Chile debe avanzar hacia la
conformación de una institucionalidad de derechos humanos que permita abordar
desde el Estado con mayor integralidad y eficacia los distintos problemas de
derechos humanos.
Actualmente, el Estado chileno cuenta
con estructuras como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras reparticiones
en el Ministerio del Interior, Ministerio del Exterior, Servicio Médico Legal,
entre otros organismos. Cada una de estas instituciones o programas tiene
competencias acotadas y donde se generan vacíos para responder a determinados
problemas en derechos humanos.
Por ejemplo, el Instituto tiene una
facultad amplia en cuanto a la promoción en derechos humanos, no obstante sus
facultades legales son bastante específicas.
Una institucionalidad más completa e
integral de derechos humanos necesariamente debe apuntar hacia la figura de la
Defensoría ciudadana o del pueblo, donde las facultades legales se ven
fortalecidas.
4. Chile es un Estado laico. Esto
implica que se den garantías a la libertad de conciencia y de religión. En ese
sentido, las políticas públicas no pueden tener sesgos discriminatorios o que
afecten el tratamiento igualitario de credos y pensamientos.
Pero también las políticas públicas
deben propender y resguardar que como Estado Laico no existan visiones
sesgadas, basadas en el prejuicio o en una determinada creencia valórica
personal, que incidan en los resultados de una determinada ley o política.
En el debate programático de la pasada elección presidencial se habló sobre la Ley Antiterrorista y Ley
antidiscriminación. También, sobre el aborto y el matrimonio igualitario. Sin
embargo, en estas discusiones ha estado ausente el foco sobre los derechos.
Los compromisos internacionales que ha
suscrito el país aluden precisamente a estos temas como déficit en el ámbito de
los derechos humanos. Se refieren, por ejemplo, a la necesidad que Chile avance
en materia de derechos sexuales y reproductivos como garantía de acceso y goce
efectivo de los derechos de las mujeres en este ámbito. No se trata de una mera
discusión valórica, sino de generar una verdadera discusión en un Estado de
Derecho.
Los desafíos en derechos humanos para
Chile son cuantiosos. Desde la profundización del contenido de los derechos
hasta la forma que adquiere la institucionalidad para viabilizar estos
derechos.
Para ello, Estado y sociedad civil deben
advertir cuáles son las posibilidades de acción y las prioridades que en el
contexto particular de nuestro país se pueden plasmar en una agenda integral de
derechos humanos.
Desafíos que pasan por el registro del
pasado, por las deudas en materia de verdad y justicia, pero también desafíos
que nacen en el presente a partir de discriminaciones hacia grupos que hablan
de un Chile mucho más diverso. Es una tarea compleja, no hay duda, pero muy
desafiante.
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