Sebastián Jans
Un debate postergado reiteradamente, ha
retomado fuerzas nuevamente, a propósito de las indagaciones sobre el llamado
Caso Penta: el rol del poder económico en la política chilena, aunque, con más
precisión, el rol del poder económico de un tipo de empresarios en el
desarrollo de la democracia chilena.
Es un segmento del empresariado con una decidida
concepción de hegemonía, que tiene expresiones políticas, económicas, religiosas
y sociales muy específicas, y que viene produciendo desde hace rato episodios
que afectan profundamente la marcha de la sociedad chilena, manipulando su
desarrollo democrático y, no pocas veces, distorsionando la institucionalidad
política y económica a su amaño.
Con
un desparpajo que no pocas veces se viste de prepotencia, dominan los debates democráticos porque cuentan
con su hegemonía sobre los medios de comunicación o sobre las agencias que
financian la publicidad, coartando o regulando los debates públicos, impidiendo
de ese modo que aquellos efectivamente cumplan su esperado rol en democracia.
En todos los grandes debates y en todos
los eventos que han conmovido a la sociedad chilena y a su opinión pública, recurren
a quienes le deben sus favores, posición y consideración económica, para
distorsionar los debates y alterar la finalidad de las decisiones que la gran mayoría del país lo
espera.
A través de colusiones, han afectado el
desarrollo de las reglas del mercado, han presionado sobre la agenda pública, y
han subordinado a no pocos actores en momentos en que la sociedad ha buscado
miradas distintas sobre determinadas políticas públicas.
Son los mismos que han aventado los
proyectos de hegemonía en la educación, los que están presentes en los
distintos desarrollos de institucionalidades y proyectos de predominio
religioso, de claro sesgo valórico unilaterista. Son los mismos que han estado tras el poder
económico de congregaciones religiosas que han buscado determinar el curso de
la sociedad civil, desde la práctica de la exclusión y la segregación por
ingresos. Varios de ello han proclamado la santidad de Maciel y sus protegidos,
a pesar de la criminalidad de sus actos.
La investigación sobre el mal uso del
FUT y las devoluciones de impuestos fraudulentas, ha puesto en evidencia,
nuevamente, como el poder económico de esta clase de empresarios, impone una
profunda distorsión en la generación de nuestro sistema político de
representación.
Hay muchos políticos chilenos que deben
su elección a la enorme diferencia de recursos económicos que dispusieron en la
campaña electoral. Seamos sinceros y miremos las diferencias de recursos que
muchas, muchas veces, en distintas elecciones, ha sido advertido por la
ciudadanía.
A través de los recursos económicos, en
muchas oportunidades, se han convertido en los grandes electores, dejando los
procesos electorales contemplados por la ley solo como un proceso de
formalización. Las listas que han sido conocidas, sobre aportes a las campañas
electorales de determinados parlamentarios en ejercicio, llaman a la reflexión y
al repudio ciudadano, más aun cuando se trata solo de lo conocible y cuando
queda la gran interrogante sobre los llamados “aportes reservados”.
Es tremendamente dudoso el que haya
algunos que planteen que el sistema de financiamiento electoral es
perfeccionable o que se trate simplemente de un asunto mejorable. El sistema de financiamiento electoral
no admite mejoras, definitivamente. Lo que se requiere es una nueva
legislación.
Es de tal importancia este aspecto, que
aun cuando el fin del sistema binominal sea posible, en sí mismo uno de los
lastres de la dictadura que ha distorsionado gravemente el sistema de
representación política en Chile, ello no implicará el aseguramiento de una
mejor expresión de la voluntad popular mientras el sistema de financiamiento de
las campañas electorales esté tan determinado por esos aportes económicos.
En esa perspectiva, debe establecerse un
sistema de financiamiento público de las campañas y un tope legal para el
financiamiento de las distintas elecciones (municipales, regionales,
parlamentarias y presidenciales). Quien trasgreda los montos legales debe ser
investigado criminalmente.
No cabe duda que hay que
poner fin a cualquier financiamiento de tipo corporativo o de personas que
integran directorios de corporaciones en campañas políticas. Dado que la
generosidad puede ser una sana motivación de un adherente político, ello debe
ser regulado a través de una cifra tope. Por ejemplo dos UF.
Ese tipo de financiamiento privado solo
debería ocurrir en los procesos previos de postulación, pero nunca cuando ya
las candidaturas hayan sido inscritas legalmente, donde solo debe operar el
financiamiento público. Obviamente, debe haber un financiamiento para la
campaña y una retribución posterior, una vez electo de acuerdo al cargo.
Sin duda, ello hará
innecesario los ingentes recursos que algunos exhiben hoy, con alcances de
prepotencia, y que tanta distorsión producen en nuestro sistema de
representación y de elección de autoridades. Es la forma también de poner fin a
las prácticas de hegemonía que determinados sectores del poder económico han impuesto
en nuestra sociedad.
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