lunes, 2 de octubre de 2017

En defensa de la religiosidad

Sebastián Jans

La Ley 19.638 que Establece Normas sobre la Constitución Jurídica de las Iglesias y Organizaciones Religiosas, más conocida como Ley de Cultos, promulgada en octubre de 1999, sin duda fue un avance significativo para garantizar los derechos de conciencia de las personas, aun cuando para las iglesias minoritarias o emergentes quedó la sensación de la mantención de privilegios que pueden ser calificados de obscenos, sobre todo en el tratamientos órganos del Estado en relación a un culto específico.
Por ejemplo, el privilegio protocolar de las autoridades religiosas católicas por parte del Estado, el privilegio de ciertas ramas de las FF.AA. en favor de lo católico, la existencia de un Obispado Católico en el Ejército, o aquellos referido a cuestiones patrimoniales, la propensión de los alcaldes y otras autoridades del Estado para favorecer la presencia católica en el espacio público, etc.
Sin embargo, desde un punto de vista general, la ley favorece la libertad de cultos y la emergencia de opciones religiosas, sin mayor control de aquello que tibiamente proponen los artículos del 13 al 20.
Sin embargo, valorando la significación de esa ley, en su contexto histórico, ya hay experiencia suficiente respecto de esa normativa para entrar a un debate que ayude a proteger a las religiones y a la religiosidad de su fin específico. La religiosidad es un derecho y como tal debe ser protegido no solo por el Estado y frente al Estado, sino también de aquello de amenace el propósito mismo que la ley garantiza.
Esto sobre la base que la religión y la religiosidad han estado siendo utilizadas con fines que escapan a los propósitos de la Ley de Cultos. Dado el impacto que tienen determinadas acciones de quienes usan el liderazgo religioso con otros fines, lo que corresponde es que la máxima bíblica de dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, oriente una revisión acabada de la Ley de Cultos.
Es importante que lo terrenal sea debidamente normado y regulado, y lo que corresponde a lo específicamente espiritual, goce de la más amplia protección legal y quede libre de cualquier regulación, pues corresponde al total y pleno ejercicio de la libertad de conciencia.
Por ejemplo, el ejercicio religioso debe quedar cautelado de cualquier alcance con cuestiones que tienen que ver con el poder temporal y terrenal. Así, ninguna autoridad religiosa debe tener privilegios en su incursión en temas fuera del ámbito de lo religioso. De este modo, no puede haber liderazgos religiosos incursionando en política contingente. Quien ejerce ministerio religioso no puede participar en contiendas políticas. La calificación del Ministerio religioso debe cumplir con ciertas exigencias, sobre todo en relación a su ejercicio en la existencia efectiva de una comunidad religiosa propiamente tal, compatible con la ley.
También debe haber una mayor regulación en lo referente al patrimonio, ya que determinadas entidades religiosas pareciera que se  orientan al desarrollo patrimonial, antes que a los fines religiosos propiamente tales. No puede ser la actividad religiosa un medio para que determinados liderazgos religiosos busquen su propia opulencia, sobre la base de la fidelidad religiosa de la comunidad creyente que conducen.
Tampoco el Estado debe dar tratamientos de privilegios fundados en la tradición, sobre todo si la separación de la Iglesia y el Estado se verificó constitucionalmente ya hace 92 años.
Corresponde entonces, en bien de la legítima y verdadera religiosidad, que las autoridades y quienes aspiran a serlo, comprometan su voluntad de tener una Ley de Cultos que corrija lo que fue concebido como un derecho indiscutido e indiscutible, pero sobre la base de preservar ese derecho de quienes lo quieren utilizar para imponer sus particulares intereses personales, o los de grupos de poder con intereses propios del César y no en coherencia con los intereses sublimes de Dios.

miércoles, 12 de abril de 2017

¿Sirve o no sirve?

Rogelio Rodríguez



Se cuenta que al científico Niels Bohr, galardonado con el Premio Nobel, le preguntaron una vez para que servía la nueva visión de la física que proponía. Y  que respondió: “¿Y para qué sirven los recién nacidos?”.  El sentido de esta analogía parece ser el siguiente: un ser humano, cuando recién nace, es un sujeto inútil, débil, no funcional, pero que conlleva en su interior una enorme potencia para llegar a ser con el tiempo una creatura muy poderosa e importante.  Así también, entonces, el nuevo paradigma de la ciencia física, aunque al principio no se le viera su utilidad, poseía en germen la capacidad de llegar a ser una gran contribución al conocimiento de la naturaleza.
Hay cosas cuya utilidad no se ve inmediatamente; son rentables, entonces, a largo plazo.
En nuestra sociedad del rendimiento, sin embargo, las cosas que valen son las que muestran una inmediata utilidad. ¿Sirve o no sirve esto ahora?, es la pregunta del momento. A esta actitud interrogativa ante nuestras ideas, discursos y acciones, la podemos llamar “la visión servicial” de las cosas.  Es el triunfo del valor de la eficacia, entendida ésta como lo que demanda el mercado. Todo tiene que servir ya, todo tiene que ser útil  a corto plazo… o no vale nada.
Esta visión servicial se ha extendido también al ámbito educativo.  Los estudios tienen que ser rentables laboralmente o se convierten en pérdidas de tiempo injustificables. La curiosidad intelectual o el afán de conocer no bastan para legitimar los años y los gastos invertidos en cualquier esfuerzo académico. Las carreras universitarias provechosas son las que atienden a las exigencias de las empresas. La educación humanista  --o sea, no directamente instrumental--  parece ya no servir.
El académico italiano Nuccio Ordine llama a esta visión servicial “la lógica del beneficio” y dice que está corroyendo por su base las instituciones (escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios, museos, bibliotecas, archivos) y las disciplinas (humanísticas y cientificas) cuyo valor corresponde al saber en sí ajeno a finalidades utilitarias e independiente de la capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos a corto plazo.
En su cautivador manifiesto  La utilidad de lo inútil, Ordine señala que lo que trae beneficios para el espíritu se califica actualmente como inútil porque no trae provechos económicos inmediatos.  Por ejemplo, el interés por saber e indagar sin objetivo inmediato práctico, sino en vista de adquirir conocimientos para perfeccionarnos como personas.  Escribe:  “Existen saberes que son fines por sí mismos y que  --precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial--  pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo  civil y cultural de la humanidad”.  A su juicio, esto aparentemente inútil tiene en verdad la enorme utilidad de ayudarnos a ser mejores seres humanos.
En el contexto del paradigma economicista dominante  --que privilegia tan solo la producción y el consumo, despreciando todo lo que no sirve a la lógica utilitarista del mercado--,  la educación parece olvidar su propósito de “cultivar la humanidad” (la noción es de Martha Nussbaum) y se dirige más bien a la formación de sujetos laborales aptos.  Este es, sin duda, uno de los motivos (y no el menor) que guían los intentos, cada cierto tiempo en nuestro país, por quitar la asignatura del filosofía del currículo escolar de enseñanza media.
 Sostiene Ordine: “En este brutal contexto, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana”.
Invitando a pensar en torno al hecho de que hoy, precisamente en momentos de crisis,  tenemos más necesidad que nunca de aquellos conocimientos inútiles que nutren el espíritu, que invitan al amor por el bien común, al respeto del otro, a la solidaridad, a la paz y, sobre todo, a luchar contra la corrupción del dinero y el poder, Ordine convoca en su manifiesto a un vasto conjunto de filósofos y escritores de los que cita textos e ideas.
Su ensayo se divide en tres partes: la primera, dedicada al tema de la útil inutilidad de la literatura; la segunda, consagrada a los desastrosos efectos provocados por la lógica del beneficio en el ámbito de la enseñanza, la investigación y las actividades culturales en general; y la tercera, ocupada por la voz de algunos clásicos que, en el curso de los siglos, han mostrado la carga ilusoria de la posesión y sus implicaciones devastadoras sobre la dignitas hominis, el amor y la verdad.
Leer estas páginas ayuda a tomar real conciencia de que el cultivo y la enseñanza de la filosofía, la literatura, la ciencia, los saberes clásicos y las disciplinas artísticas constituyen  --al decir de Ordine--   “el líquido amniótico ideal en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad, bien común, pueden experimentar un vigoroso desarrollo”.


 LA UTILIDAD DE LO INÚTIL, de Nuccio Ordine.  Acantilado, Barcelona, 2014.

Necesitamos una Europa sensata


Sebastián Jans

Las angustias y la desazón se esparcen por Europa como mancha de aceite descompuesto. Mientras escribo estas líneas se han conocido los resultados del proceso electoral en Holanda, ese país que aquellos que lo visitan por primera vez siempre se sorprenden con simpatía por su liberalidad y su forma tolerante de tratar muchos de los problemas de la condición humana. Haciendo gala de grandes episodios del pasado, de hombres ilustres que supieron dejar su huella en la reflexión y el conocimiento humano, lo holandés en Europa ha sido siempre un modelo de sobria comprensión de los pulsos históricos. Sin embargo, es un país que se ha asomado también a la incertidumbre y pese a los agoreros el grueso de su electorado ha dado una señal potente contra la retrogradación y el pasado.
Es tranquilizador el dato holandés de ayer, ya que, por causas que seguirán analizándose, pareciera que Europa está en las puertas de un momento de inflexión que puede ser dramático para todo el mundo. De alguna manera da la sensación de que la sensatez se bate en retirada en el llamado Viejo Continente.
Más allá de los modelos económicos, que han generado consecuencias en parte de la población, que son profundos y que dejan a las democracias en deuda, pero cuyas soluciones no escapan a la posibilidad de la democracia misma, lo que está en juego a partir del Brexit que se impuso en las últimas elecciones de Gran Bretaña y que se promulga hoy, es la capacidad de Europa de mantenerse sensata. 
No hay un futuro promisorio de paz y democracia, si Europa pierde la sensatez. Esa es una verdad que impacta al mundo de manera definitiva, y que puede ser el anuncio de graves consecuencias, dado el creciente enervamiento que se observa en la política internacional, fruto del quiebre de las racionalidades que han permitido que ese continente histórico haya mantenido sus territorios en paz, desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en aquellos países que constituyeron el alma de la viga en que se ha sostenido la Unión Europea. Por cierto, otros se han agregado con el paso del tiempo, luego de superar periodos marcados por la violencia y los traumas.
Aquella idea surgida por los acuerdos del carbón y el acero, no solo construyeron una comunidad económica, que llegará a expresarse como sujeto político y de derecho internacional, con un modelo comunitario complejo y único, sino también, como consecuencia de las experiencias de su historia, ha sido un actor fundamental e insustituible para delinear un concepto de la paz, de la convivencia pacífica y de los derechos humanos.
Muchos de los derechos que hoy garantizan a las personas su libertad y su cualidad humana, han surgido bajo la reflexión y el liderazgo de hombres y mujeres que han dejado su impronta, a partir de su aporte y vivencia europea. Mucho del mundo racional y racionalizado, de las comprensiones democráticas, del objeto político moderno, de las reflexiones sobre las seguridades humanas, del preludio del derecho futuro, han sido cobijados bajo el amparo del proyecto comunitario europeo.
Hace dos meses, y a modo de ejemplificar lo que asevero, los miembros del Comité Parlamento Europeo para Asuntos Legalesvotaron a favor de una moción para garantizar estatus legal a los robots, a los que se les otorga la condición de "personas electrónicas".
La propuesta, que fue aprobada por mayoría absoluta,estableceque "los robots autónomos más sofisticados podrían recibir el estatus de persona electrónica, con derechos y obligaciones específicos", incluyendo la de subsanar los daños que causen. Los androides serían definidos según distintas categorías, en función de su autonomía y capacidades, presuponiendo una mayor responsabilidad por sus actos a los robots más avanzados. Asimismo, se estipuló que los robots deben contar con mecanismos externos de emergencia, como un botón, para poderlos desactivar en caso de necesidad y emergencia.
Para cualquier observador, colmado por las cuestiones cotidianas, aquello seguramente le pareció extemporáneo, por decir lo menos. Sin embargo, no pasará una década en que ese acuerdo de la Comisión para Asuntos Legales del actual Parlamento Europeo será señero y referente para muchos de los problemas que afectarán a la Humanidad en pocos años más, y donde los problemas de los refugiados y migrantes que hoy dominan la agenda parecerán casi primarios.
¿Qué importancia tiene ese acuerdo legislativo para lo que analizamos? Que Europa tiene esa potencialidad enorme de proyectar el futuro. Que en la esencia del raciocinio comunitario europeo está la posibilidad de encontrar respuestas a los grandes desafíos de la Humanidad, tanto actuales como futuros. Y no hablo de un futuro que escape a nuestra vivencia personal, sino de uno que nos alcanza o que alcanzaremos.
Sin embargo, Europa está en una enorme encrucijada que puede conducir al mundo a una tragedia. Tal vez la peor de todas. El erizamiento, la prepotencia, la arrogancia, el estímulo de los conflictos, la irracionalidad y los ensimismamientos sociales, apuntan inexorablemente a destruir la sensatez del proyecto comunitario y sus efectos sobre los países que han aprendido de sus fundamentos.
La democracia en América Latina y en Chile, le deben mucho al espíritu comunitario europeo. Las categorías del pensamiento político, del humanismo, de la gobernanza, de las seguridades sociales, de la reflexión ética en muchos sentidos. Nuestros dirigentes y las clases políticas de nuestros países han construido muchas de sus afirmaciones a partir de su relación con la sensatez europea. Por cierto, ello no da garantías de la misma sensatez en su interpretación o aplicación, pero es innegable que, en la asertividad de nuestras clases dirigentes, siempre ha estado la reflexión europea sobre los fines y alcances de toda labor política, al margen de la orientación política de quienes los pongan en acción.
No deja de preocupar la aparición y persistencia, en algunos casos, de políticos xenofóbos, claustropopulistas, rupturistas y basados en el recelo y la exclusión. Tipos que van contra todos los progresos en los derechos y seguridades humanas, generalmente asociados al fanatismo nacional-racial- religioso. Un sector de la población que no lee, que no tiene ilustración, que no analiza las consecuencias, sino que se deja llevar por sentimientos impulsivos, producto de las frustraciones que no ha resuelto oportunamente la democracia, que no es menor, pero que generalmente son minoría, ha crecido merced la indiferencia de los votantes que no ejercen su sufragio.
Frente a los desafíos que surgen en el horizonte, esperamos que en definitiva, la ciudadanía europea se haga cargo de la sensatez y del futuro, que Europa representa en el progreso político y reflexivo por antonomasia. En Holanda se ha dado un buen paso en esa dirección.

Proposición del laicismo francés para su Constitución


Carlos Leiva Villagrán


Hace algunos días el sitio web francés Slate.fr solicitó a 100 investigadores redactar en forma sucinta algunas “proposiciones para Francia”  antes de la elección presidencial. Una de las personalidades consultadas, Catherine Kintzler, destacada filósofa del laicismo, propuso incorporar en la Constitución francesa tres principios inspirados en la Ley de Separación de las Iglesias y el Estado del 9 de diciembre de 1905, los que permitirían, según ella afirma, precisar el carácter laico e indivisible de la República.
Su propuesta está dirigida al siguiente párrafo del artículo 1° de la Constitución de 1958: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social. Asegura la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin distinción de origen, raza o religión. Respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada”.
Kintzler propone reemplazar la expresión “Respeta todas las creencias” por: “Asegura la libertad de conciencia. Garantiza el libre ejercicio de los cultos. No reconoce, remunera ni subvenciona ningún culto.”
El cambio propuesto tiene un trasfondo doctrinario significativo para el laicismo.
La República laica debe abstenerse absolutamente respecto de  las creencias o increencias de los ciudadanos. La expresión “Respeta todas las creencias”, en primer lugar, señala Kintzler, está sujeta a dificultades de comprensión, habida cuenta de la variedad infinita de creencias religiosas y no religiosas que alimenta el ser humano, muchísimas de las cuales son irrisorias, de falsedad demostrada, o aún peligrosas y bien pueden no merecer respeto alguno.
Pero también, consignar constitucionalmente el respeto de las creencias puede interpretarse como la exclusión del respeto a  increencias, tales como el agnosticismo o el ateísmo. Con todo, más allá de esto, hay un principio laico que debe primar: el poder público no tiene nada que decir acerca de la creencia o la increencia, puesto que las relaciones políticas de los ciudadanos no están fundadas más que en sí mismas, y de ninguna manera en la obligación de creer o no creer.  En materia de  creencias, entonces, es el silencio por principio el que debe inscribirse como fundamento de la organización política.
 A continuación,  Kintzler indica que la unión del silencio por principio respecto de las creencias, por una parte, con el respeto debido a las personas, por otra, se llama libertad de conciencia, concepto cuyo dominio tiene un campo bastante más amplio que el de las creencias, y que no se hace cargo del eventual absurdo que deriva de un respeto por el contenido de las mismas. Asegurar la libertad de conciencia, como señala el texto propuesto, es hacer que nadie sea obligado a adherir o a renegar. La libertad de conciencia comprende la libertad de ejercicio de los cultos religiosos, libertad religiosa que, siendo una consecuencia de ella,  no la agota. 
Por otra parte, garantizar el libre ejercicio de los cultos, también propuesto por Kintzler, no es reconocerlos, lo que sería quebrar el principio de silencio antes referido y otorgar a los cultos un status oficial. Esta garantía consiste en expresar la disposición de la República a intervenir, si fuera necesario, en contra de quien quisiera impedir ilegalmente su libre ejercicio. 
Por último, garantizar la libertad de cultos no es financiarlos de manera alguna, ya que todo financiamiento público sería una forma de reconocimiento, un quiebre de la igualdad y una ruptura del silencio que debe guardar la ley sobre lo que no le incumbe.



lunes, 23 de enero de 2017

Sobre laicismo y laicidad

Sebastián Jans 


Los debates recientes por la libertad de conciencia, en España y Uruguay, principalmente, pero no menos significativos en Turquía, India, México y Perú, han evidenciado la trascendencia que adquiere para la convivencia y el respeto a la diversidad, lo que, en la tradición latina, llamamos “laicidad”. En la tradición inglesa, en tanto, tiende a hablarse de “secularismo”. 
Es significativo que ambos conceptos, en sus variables culturales y lingüísticas, vienen en señalar con claridad lo que sustantiva y adjetivamente expresan, para la solución de conflictos políticos sustentados en ideas religiosas.
Sin embargo, no faltan los que se interesarían en que no haya claridad conceptual. Hace ya algunos años, personeros religiosos católicos y sus exponentes confesionalistas, han tratado de generar una confusión, a partir de apreciaciones tendenciosas de los conceptos “laicidad” y “laicismo”. 
En el caso de laicismo, la definición de la RAE, indica las siguientes acepciones: independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado respecto de cualquier organización o confesión religiosa; y, luego, condición de laico. En el mismo contexto, expresa que laico, es un adjetivo, que se usa también como sustantivo que indica aquello que no tiene órdenes clericales, o que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa.
Ciertamente, la RAE está en deuda respecto del vocablo “laicidad”, que tiene la particularidad de ser usado a veces como adjetivo pero que es, en propiedad, si aplicamos la regla lingüística española  de las palabras terminadas en el sufijo “dad”, un sustantivo abstracto que indica una cualidad, a partir de un adjetivo (en este caso “laico”).
 Hace poco nos han referenciado a nuestro blog, una columna de opinión de un conspicuo personaje español, donde afirma con desparpajo tendencioso o garrafal desconocimiento, que no existe consenso académico ni jurídico ni lexicográfico de su significado último, diciendo que se entendería que “laicidad” se refiere al Estado laico, neutral o aconfesional, y que laicismo se refiere a un Estado hostil y anticlerical.
Tanto disparate, repetido antes, también por personajes religiosos católicos, no se condice con lo que académicamente se está produciendo en el mundo de las lenguas de raíz latina en torno a esos conceptos, y lo que los usos lingüísticos han hecho prevalecer en la acción comunicativa cotidiana.
De hecho, instancias gubernamentales tienen definiciones específicas que son necesarias de tener en cuenta antes de caer en apreciaciones que evidencian el desparpajo de la ignorancia. Por ejemplo, en la página web gouvenmement.fr es posible tener una clara indicación de lo que es la laicidad.
La laicidad – indica - descansa en tres principios: la libertad de conciencia y libertad de culto, la separación entre instituciones públicas y organizaciones religiosas, y la igualdad de todos frente a la ley, sin consideración de sus creencias o convicciones. La laicidad garantiza a los creyentes y no-creyentes, el mismo derecho a la libertad de expresión de sus convicciones. Asegura tanto el derecho a cambiar de religión como el de abrazar una religión. Garantiza el libre ejercicio de cultos y libertad de religión, y también la libertad con respecto a la religión: a nadie se le puede obligar por ley a respetar los dogmas o prescripciones religiosas”.

Eso por cierto, solo incomoda y perturba la comprensión a quienes se desandan con la diversidad, y cuando sienten amenazada su hegemonía. Eso explica las confusiones premeditadas.

El viernes oscuro de la historia de la democracia

Sylvie R. Moulin
Terminó la cuenta regresiva. Ya es un hecho. Después de contar los días, no como el niño que espera su fiesta de cumpleaños, sino como el soldado que mandan al frente, ya vivimos el día tan temido del paso de mando. Trump está instalado en el Despacho Oval de la Casa Blanca y declarado 45° presidente de los EEUU.
Al fin, su equipo logró armar una celebración más o menos completa, cuando numerosos artistas sencillamente se negaron a participar. De todos modos, nunca sabremos los detalles escabrosos detrás de la ceremonia. Empezaron los “faux pas” desde el inicio, Melany Trump llegando con un regalo para Michelle Obama, contra todo protocolo y entorpeciendo el inicio del encuentro. Por lo menos, le habían soplado que era de mal gusto, considerando su nuevo puesto, seguir usando solamente vestidos de su propia marca, sobre todo fabricados en China.
Durante toda la ceremonia, el nuevo presidente parecía prodigiosamente aburrido, con la mueca de mal humor que ostenta siempre y le va como anillo al dedo, mientras las crueles cámaras pillaban una y otra vez, justo detrás de su hombro izquierdo, los bostezos de su hijo de 10 años, aburrido también como era de esperar. El sentido común y la decencia nos obligan a preguntar cuál reglamento absurdo obliga a un niño de esa edad a “jugar al adulto” y alimentar los sarcasmos de los periodistas, pero esto es otro tema… 
La ceremonia también se destacó por sus figuras presentes y ausentes. Jamás, en toda la historia de los EEUU, un presidente había llegado al poder siendo ya tan impopular, y nadie trató de ocultarlo. Los últimos ex dignatarios, Bill Clinton, George Bush Jr. y Jimmy Carter, estaban en su lugar acompañados de sus esposas, mientras G.H. Bush había presentado excusas legítimas por razones de salud. De Hollywood, parece que el más icónico que aceptó asistir fue Jon Voight, quizás más conocido como el padre de Angelina Jolie. Por el lado de los músicos, estuvieron Toby Keith y Lee Greenwood, emblemas de la música country, y los grupos 3 Doors Down y The Piano Guys. En cuanto a las Rockettes, su participación se confirmó al último momento, después de muchas controversias, y solamente porque su sindicato no les dejó otra opción.
Para la anécdota, mencionemos que el único francés presente era Gérard Araud, embajador de Francia en EEUU, que tampoco tuvo otra opción y había declarado públicamente el día de la elección de Trump: “Es un mundo que se derrumbe frente a nuestros ojos”. Pero en fin, un cargo de embajador no es siempre un camino de rosas…
Ahora bien, la lista de los famosos que “se negaron” llamó mucho más la atención de las cámaras internacionales. Además de la impresionante lista de congresistas demócratas (unos 60 en total) y de figuras políticas como John Lewis, representante del movimiento americano de los derechos cívicos, los ausentes fueron numerosos en el mundo del cine y de la canción: Elton John, Céline Dion, Justin Timberlake, Andrea Bocelli, Rebecca Fergusson, porque no la dejaron interpretar un himno contra el racismo, Moby, porque planteó como condición que Trump publicara sus declaraciones de impuestos, y Jennifer Holliday, quien justificó su decisión por su apoyo a la comunidad LGBT.
Mientras tanto, en Nueva York, cuando la ceremonia de Trump estaba llegando a su apogeo, artistas y políticos convocaban a “100 días de resistencia pacífica”, una campaña liderada por Mark Ruffalo, Alec Baldwin, Cher, Robert de Niro, Michael Moore y Bill de Blasio (alcalde de Nueva York), con 25.000 personas llevando carteles que decían “Nunca mi presidente” o “20 de enero de 2017, el día en el que murió la democracia”.
Pero esto fue sólo un inicio y está lejos de terminar, pues ya empezó un movimiento de resistencia contra todas las pérdidas de valores y derechos democráticos,  en otras palabras, la amenaza que representa la investidura de Trump como presidente, no solamente en los EEU sino en el mundo. Porque los que no nos aburrimos y seguimos viendo la famosa celebración, tampoco pudimos evitar de sentir escalofríos.
Con la cara siniestra y la escasez de vocabulario a las cuales ya nos acostumbró, Trump, después  de agradecer a Barrack y Michelle Obama que calificó de “magníficos” – “magnificent”, su adjetivo emblema -, empezó a enfocar el discurso sobre la necesidad de un “esfuerzo nacional” para “reconstruir el país” y “confrontar las adversidades”. Expresó su preocupación por “transferir el poder desde Washington DC hacia vosotros, el pueblo de América”, y siguió, como buen magnate de negocios con una fortuna que nadie se atreve a imaginar y declaraciones de impuestos todavía sepultadas, lamentando que “el establishment se [haya] protegido a sí mismo pero no [haya] protegido a los ciudadanos del país”. Se lanzó brevemente contra la “carnicería” del crimen y las drogas, confirmando que “todo [iba] a cambiar”, que “América [iba] a empezar a ganar de nuevo, como nunca lo [había] hecho antes” y ofreciendo una simple solución: “Comprar productos americanos y contratar a americanos”.
La guinda en el pastel llegó cuando, en vez de proponer elementos concretos – que al parecer todavía le hacen falta -, aseguró que sus planes no podían fallar por dos razones claves: “Estaremos protegidos por los magníficos (sic) hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares, y más importante, estaremos protegidos por Dios”. Bueno, no se puede citar el discurso entero, pero en realidad vale la pena estudiarlo con calma. En otro contexto, podría llegar a ser chistoso; en la situación actual, provocaría lágrimas de rabia. Y uno no puede evitar de preguntarse: ¿De quién se estará burlando con esta farándula?
Porque los que seguimos, mal que mal, la evolución del “día en el que murió la democracia”, lo vimos casi en directo, poco tiempo antes de asistir al famoso baile de la noche, firmar su primera orden ejecutiva contra el Obamacare (Ley para la Protección de Pacientes y Cuidados de la Salud Asequibles). Una de sus siguientes acciones, anunciada minutos después del discurso inaugural, será eliminar los planes contra el cambio climático y cancelar todos los tratados para proteger el medioambiente…
¿Darse por vencidos? Absolutamente no. Este mismo sábado, la “Marcha de las mujeres” en Washington y otras protestas programadas en los 50 estados, serán otras expresiones de la fuerza de los ciudadanos, y se juntarán a los “100 días de resistencia pacífica” y a otros movimientos de reprobación y marchas en EEUU y en el mundo. Lo peor que podamos hacer es ignorarlos. Porque lo que está sucediendo ahora no es solamente problema de los norteamericanos, es de todos nosotros. 

La Pontificia contra el Estado

Gonzalo Herrera

     Sintiéndose agraviada, la Pontificia Universidad Católica de Chile ha presentado una demanda contra el Estado por incumplir la ley que establece la entrega de Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las universidades. Arguye el rector Sánchez  que se trata de una “normativa vigente, creada como ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer a las instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes”. Pero el rector omite señalar que la decisión de no entregar recursos para el AFI fue sancionada por el Congreso, con una amplia mayoría integrada por parlamentarios de todos los sectores, durante la pasada tramitación de la Ley de Presupuestos.
     Habiéndose instituido durante la dictadura, el D.F.L. N° 4 de 1981 que estableció este financiamiento, tenía como objetivo aumentar la calidad de la educación en la lógica de mercado del modelo económico impuesto: la competencia entre las instituciones y su capacidad para captar a los mejores alumnos que postularan al nivel superior. De esa manera, subvencionaba aranceles a través de un aporte monetario —en 2015, último año que operó a plenitud, canalizó alrededor de $ 25.000 millones— de acuerdo al número de matrículas que las instituciones lograran entre los 27.500 mejores puntajes en la PSU. El monto anual era asignado por la Ley de Presupuestos del Sector Público,  que  fue la que redujo este aporte a la mitad para el 2016 (destinando el otro 50% a financiar gratuidad y becas), eliminándolo en forma total para el presente año.
       En las propias palabras del rector está la razón de por qué el Gobierno haya decidido quitar el AFI. El “fortalecimiento de las instituciones con alto desempeño”, en conceptos de Sánchez, ha sido posible a través de un flujo ascendente de recursos públicos a las universidades privadas, transformándolo en un instrumento regresivo al favorecer inequitativamente a los planteles que acogen a los alumnos de familias con mayores recursos del país. Es historia sabida que al amparo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), publicada al inicio del periodo post dictadura, en marzo de 1990, y derogada recién en 2009, surgieron poderosas empresas en torno a la educación, las que constitucionalmente podían aceptar la participación de sociedades de inversionistas, lo que hizo del lucro su objetivo central.
      A través de los años, la evolución del aporte ha ido confluyendo cada vez más a las universidades privadas, pertenezcan o no al Consejo de Rectores (CRUCh). Estas, en 1990, percibían el 52% de los recursos entregados bajo el ítem AFI, mientras las estatales recibían el 45%. Ya en el 2014, el porcentaje se alzaba al 65% para las privadas, en tanto las estatales debieron repartirse el restante 35%. Estas cifras son coherentes con las entregadas por CIPER, que señala que el año 2015 el 66.5% de la totalidad de los recursos fiscales para Educación fue al sistema privado (incluyendo universidades pertenecientes y no pertenecientes al CRUCh), mientras las estatales obtuvieron el 33.5%. Los recursos totales recibidos por las privadas se desglosa en un 26.6% para las que integran el CRUCh y un 24.7% para las privadas no tradicionales.
      Resulta un acto de hipocresía inaceptable que los sectores políticos y empresariales que permanentemente se han opuesto a la reforma educacional, intenten desconocer que todo lo obrado hasta ahora en esta materia, en todos los niveles, con excepción tal vez de la educación preescolar, ya sea por convicción o incapacidad, ha contribuido a imponer en el país una educación con criterio de mercado. Como analizábamos anteriormente, miles de millones de dólares se inyectan cada año a instituciones que luego se transan en el mercado, incluyendo a alumnos y profesores como bienes, que carecen de toda regulación financiera, y a las que hasta hace muy poco no se les exigía parámetros mínimos de calidad. Y que lo que en definitiva se defiende es la mantención de privilegios como es la subvención estatal, que permite el enriquecimiento de grupos económicos, incluso extranjeros, a través de la educación, o bien, la mantención de corporaciones universitarias de alto prestigio claramente orientadas a la formación de líderes para la élite que dirige los destinos del país, con evidentes sesgos ideológicos inspirados en la mirada neoliberal y/o en concepciones religiosas.
      La dictadura transformó el Estado docente en subsidiario, y luego, en democracia, los partidos políticos que habían sido opositores a aquella, contribuyeron decisivamente en ensamblar un complejo modelo en que la educación privada terminó siendo financiada por el Estado, todo ello en nombre de la “libertad de enseñanza”. Entonces surge la pregunta: ¿a quién o a quiénes sirven las universidades privadas?
     Una universidad privada, si recibe financiamiento del Estado, debería demostrar permanentemente su vocación de rol público, de manera que la producción de conocimientos (en sus tres expresiones: docencia, investigación y extensión) se oriente al bien común y que trasparentemente se ponga  a disposición de toda la sociedad. No ha sido esta precisamente la aptitud manifestada por la Pontificia Universidad Católica, particularmente cuando el rector Sánchez se ha permitido desafiar lo que podría llegar a ser ley de la República, el actual  proyecto de despenalización del aborto bajo causales determinadas, negándose de antemano a realizar abortos en los centros clínicos de esa Universidad (mantenidos con fondos de todos los chilenos), y a contratar a personal médico que no adscriba a los principios valóricos de la iglesia católica. Dado el lugar que ocupa la Universidad Católica, la mejor calificada del país, en la estructura socioeconómica nacional, cuesta desagregar esa determinación de su condición emblemática dentro de la clase dirigente, y de su afán de servir ideológicamente al sector más conservador de nuestra sociedad.
     Y podríamos continuar, ¿a quién o a quiénes sirven la Universidad del Desarrollo, controlada por el grupo Penta y otros connotados políticos de la UDI; la Universidad de los Andes, doctrinaria del Opus Dei; la Universidad Finis Terrae, propiedad de la Congregación de los Legionarios de Cristo; la Universidad Mayor, cuyo directorio está formado por destacados excolaboradores de la dictadura? Probablemente nunca tendremos de ellas una respuesta tan honesta coma la de la modesta Universidad Adventista de Chile, que manifiesta formalmente tener por misión “la entrega de una educación fundamentada en principios y valores cristianos que se desprenden de las Sagradas Escrituras”.
La PSU, a juicio de todos los expertos en educación, dejó de ser un instrumento predictivo válido respecto a la aptitud del postulante para la educación superior. Sus resultados no reflejan necesariamente habilidades cognitivas, sino que dependen principalmente del estrato socioeconómico del estudiante, específicamente del nivel cultural en que crece y se desarrolla. De manera que el AFI, al basarse exclusivamente en los puntajes obtenidos en la PSU, “hereda” esta desigualdad, discriminando a los alumnos de menor nivel socioeconómico. Es un dato estadístico que los alumnos del quintil de mayores ingresos generan más del 56% de los recursos del AFI a las universidades.
      De modo que la iracundia del rector Sánchez, que lidera en esta demanda a las otras universidades privadas, no responde a un detrimento causado por una acción ilegítima del Estado, sino a la soberbia del poderoso que considera que los privilegios adquiridos son eternos e intangibles, negando toda posibilidad de avanzar hacia una más justa distribución, disminuyendo en parte la desigualdad que impera en la sociedad.
      Por último una anécdota digna del mejor teatro del absurdo. A lo menos tres senadores que votaron a favor de no otorgar recursos al AFI en la discusión del Presupuesto, aparecen ahora apoyando la demanda de la Pontificia. Como diría un plumífero personaje chileno: ¡Exijo una explicación!