Sebastián Jans
En los últimos días, a través de los medios hemos sido testigos de la discusión que se ha dado en el Parlamento sobre el salario mínimo. Ello ha reflotado el planteamiento de la Iglesia Católica, en torno a la necesidad de un sueldo ético, es decir, aquel establecido sobre una convención entre los que legislan y los que pagan, sobre lo que éticamente una persona necesita como mínimo para vivir en condiciones de dignidad.
Las autoridades nacionales, independientemente de su signo político, desde hace muchos años, han establecido un salario mínimo con fuerza legal, estableciendo una cuantía básica obligatoria a cancelar por la jornada legal de trabajo. Esto con la idead de impedir el abuso patronal y garantizar un piso de ingreso a quienes viven de la venta de su mano de obra en los procesos productivos o de generación de servicios en el mercado.
Como toda normativa que establezca condiciones reguladoras, la existencia del sueldo mínimo tiene encontradas opiniones, según el interés de quien las formula. En todos los países donde se ha establecido, siempre ha existido un debate sobre su continuidad y sobre los montos involucrados.
Para los economistas proclives a las visiones monetaristas o librecambistas, tan cercanos siempre a los grandes intereses económicos, el salario mínimo es un mal innecesario que coarta el dinamismo del mercado laboral, que establece distorsiones en los precios de los productos, que resta competitividad, que aumenta el desempleo, etc. Seguramente, porque prima la idea de que las actividades humanas están determinadas por el mercado, y no el criterio de que el mercado debe estar sujeto a las actividades humanas.
Para quienes perciben el salario mínimo o quienes miran su efecto desde miradas mas solidarias, la cifra que legalmente determina su monto siempre será percibida como insuficiente, sobre la base de que, efectivamente, su monto está muy lejos de lo que constituye un mínimo esperable para garantizar condiciones básicas de existencia para quienes lo reciben, los que se encuentran siempre en los niveles más precarios de la educación, de las oportunidades y de la consideración social.
Obviamente el salario mínimo no genera oportunidades, no permite acceder a una mínima calidad de vida y está en la línea de sobrevivencia básica para quien lo percibe, y bajo esa línea cuando hay un grupo familiar dependiendo de ese ingreso. Un salario mínimo, como bien sabemos, permite solo condiciones mínimas de alimentación, vestuario y movilización, y habitualmente ni siquiera hace posible la existencia de esa trilogía elemental.
La idea del sueldo ético, lo que viene a proponer es que debe existir una convención social sobre lo que mínimamente debe ganar una trabajador, lo cual se ha traducido en una cifra propuesta, conocida por la opinión pública, y que bordea el monto que percibe un porcentaje mayoritario de la fuerza laboral del país.
Obviamente, el sueldo ético es un concepto que ha generado un debate, que no ha tenido toda la envergadura que debiera tener algo que es tan relevante para la gran mayoría de los chilenos, toda vez que no toca el quid del tema salarial del país. Y no lo toca porque pone el acento solo en otro tipo de sueldo mínimo, cuando en realidad lo que está en la percepción general de la masa trabajadora, es que no existe justicia en la determinación de los salarios por parte de los empleadores.
Lo que se percibe en general, es el deseo de quienes viven de un salario de que se puedan determinar sueldos justos. No es posible, desde luego, que un trabajador que recibe el sueldo mínimo tenga una remuneración 35 0 40 veces inferior a la que recibe quien ejerce funciones gerenciales dentro de la empresa. No es posible que haya tanta distancia entre un sueldo gerencial y quienes hacen posible el éxito de la empresa desde la implementación efectiva de las acciones que permiten su desarrollo en el mercado.
Este hecho es lo que determina la inequidad sustancial del sistema económico, y la acentuación de las abismales diferencias entre ricos y pobres en nuestro país. Si hay países injustos en el mundo, desde el punto de vista de la desproporción en el ingreso y en la riqueza, el nuestro tiene patente ganada, y concursa en los primeros lugares.
Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de una voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, sobre la base de cuestiones esenciales que hacen posible la validez humanitaria de cada trabajador, desde la perspectiva de los principios de reciprocidad y equidad, repartiendo cargas y ventajas de acuerdo a las exigencias del proceso generador de riquezas y los resultados de toda actividad en los mercados.
Es un hecho que la idea de justicia no está en la práctica empresarial en nuestro país, y no hay una estrecha relación entre la ética empresarial y la ética social, para establecer las convenciones necesarias que hagan posible la justicia en los sueldos. De este modo, los éxitos de la economía chilena no han llegado de un modo decisivo a quienes han laborado intensamente para hacerlos posible. Así, no ha existido proporción entre las ganancias de los empresarios y los ingresos de sus empleados, entre los sueldos de las gerencias y los sueldos de los empleados de menor nivel en la escala de responsabilidades.
Históricamente, las organizaciones de trabajadores del país han planteado la demanda del sueldo justo, en relación precisamente con el desequilibrio entre los altos sueldos y los sueldos de subsistencia. Ello ha tratado de subsanarse a través de los reajustes porcentuales. Es lo que ha subyacido en las negociaciones colectivas de modo determinante, desde sus orígenes en la legislación laboral chilena.
Sin embargo, las organizaciones de trabajadores, en el tiempo actual, no han logrado establecer el debate, que debiera cruzar a la sociedad chilena de modo determinante, en relación a la inequidad en las remuneraciones, que plantea una condición de injusticia manifiesta por la desproporción que la caracteriza. La aspiración de sueldos justos, en consecuencia, se pierde en los laberintos de la discusión del sueldo mínimo o del sueldo ético, cuando lo que está en juego es una concepción en la determinación salarial que no se basa en la valoración equitativa de los distintos aportes al proceso de generación de riqueza que hacen los trabajadores.
De este modo, el sueldo justo seguirá siendo una aspiración lejana, pero no por ello menos certera sobre lo que corresponde en una sociedad civilizada. Al fin y al cabo, en las sociedades más avanzadas, es donde menos importancia tienen los salarios mínimos legales, como consecuencia de criterios de justicia y equidad, y de los equilibrios que se originan entre los sueldos más altos y los más bajos.
Publicado en Tribuna del Bio Bio, el 23 de junio de 2010.
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