Las organizaciones y personas laicistas suscriptoras del presente documento, se dirigen a los candidatos presidenciales, para conocer su opinión sobre los siguientes aspectos, toda vez que la contienda electoral en marcha para elegir Presidente de la República, hace propicia la oportunidad para conocer su disposición a impulsar iniciativas que profundicen el carácter laico del Estado en Chile.
Como es de conocimiento general, en el año 1925 el Presidente Arturo Alessandri Palma llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica, en virtud del cual el Estado de Chile abandonó su carácter confesional, que anteriormente proclamaba como religión oficial a la católica, apostólica y romana. Este acuerdo, que se conoce como separación de la Iglesia del Estado, fue ratificado en la Constitución de 1925, declarándose el Estado chileno formalmente laico a partir de entonces, y, como tal, garantía del respeto a la libertad de conciencia y a la tolerancia religiosa.
Con esto, el Estado de Chile dio un paso trascendental en la consolidación de su carácter republicano, la que se caracterizó por un proceso que avanzó destacadamente hacia la independencia de los poderes estatales respecto de la institucionalidad eclesiástica.
Sin embargo, a partir de la crisis institucional que desembocó en la dictadura y, luego, con la recuperación de la vida democrática en el país, la realidad política y el desarrollo institucional ha estado marcado por el manifiesto compromiso de personeros del Estado con sus ideas religiosas, que prevalecen por sobre el bien común. Este proceso ha conducido a una cierta reversión en el Estado laico, que se manifiesta por la frecuente aceptación de determinismos religiosos específicos en las decisiones políticas o en la conducción de las instituciones del Estado.
La realidad social del siglo XXI, sin embargo, muestra una creciente diversidad religiosa y moral, constituida no sólo por una mayor cantidad de religiones que se disputan el mundo de los creyentes, sino también por conglomerados cada vez más significativos de agnósticos y ateos, los cuales también contribuyen a la conformación de los grandes valores éticos que requiere una sociedad para hacer posible una sana e integradora convivencia.
Asimismo, es creciente la diversidad de grupos y movimientos que representan distintas sensibilidades sociales, culturales e individuales cuyos intereses y aspiraciones se entrecruzan, y frente a los cuales el Estado, independiente de ellos, y al igual que en relación con las religiones y las convicciones filosóficas, debe velar por el respeto a sus libertades y derechos fundamentales, garantizando la expresión de su diversidad.
El Estado en la concepción laicista, es garantía de la integración de todos los ciudadanos en la esfera pública, manteniéndose absolutamente independiente del control y de las normas de las confesiones religiosas y de las convicciones filosóficas y personales, aún cuando procura que todos los intereses en ese campo tengan derechos de expresión y canalización a través de la institucionalidad política republicana y democrática.
En el contexto actual expuesto, consideramos imperioso que el Estado chileno retorne al camino que ha extraviado en gran medida por 40 años. Ello permitirá abordar muchos temas que afectan a las personas y a los objetivos nacionales, entre los cuales mencionamos los siguientes:
1.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a incluir en su agenda la regulación legal del aborto, sin prejuicios y en todas sus complejidades y matices, ponderando los antecedentes que proporciona el conocimiento científico y la jurisprudencia internacional, dentro de un contexto de amplia difusión a la comunidad, que la sensibilice respecto a la realidad social de los abortos clandestinos y de los embarazos adolescentes.
La largamente evadida discusión acerca del aborto terapéutico a contrapelo de los numerosos requerimientos que han efectuado, a lo largo del tiempo, diversas organizaciones del país y del exterior, incluidos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos, ambos de Naciones Unidas, que han reparado en que las disposiciones limitativas absolutas respecto al aborto terapéutico, incluido el caso en que existe riesgo vital para la mujer embarazada, colocan a Chile en una situación de anacronismo extremo respecto al reconocimiento que los cuerpos legales de la inmensa mayoría de los países del mundo han efectuado a este derecho de la mujer. Estimamos de un humanitarismo elemental restablecer a la brevedad el derecho al aborto terapéutico en caso de peligro vital para la mujer embarazada.
Cabe tener presente que la legislación regulatoria sobre el aborto en general, más allá del aborto terapéutico, está vigente en la gran mayoría de los países, donde se permite la realización del aborto fundado en la precariedad física o psíquica de la mujer, en casos de violación o incesto, en situaciones de inviabilidad del feto, y aún, en algunos casos, sin expresión de causa dentro de las primeras semanas de embarazo.
Estas disposiciones, vigentes incluso en países en que la Iglesia Católica tiene alta presencia, como Bélgica, Francia, Italia y España, por ejemplo, reflejan la laicidad de los Estados que entienden que deben garantizar el ejercicio de la libertad de conciencia para la ciudadanía en general y no puede forzar a todos los ciudadanos a aceptar los preceptos derivados de creencias religiosas, por mayoritaria que la religión pudiera ser en la población.
2.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a que haga efectivos, en la Constitución y la ley, los derechos sexuales y reproductivos de la población, a cuyas formulaciones internacionales ha adherido Chile, pero que en la práctica son denegados en situaciones concretas. El pleno ejercicio de estos derechos debe permitir a cada ciudadano y ciudadana decidir libre y autónomamente la sexualidad que desea vivir, con derecho a no ser discriminado por el Estado ni por la sociedad en relación con su conducta sexual, como asimismo a vivir la sexualidad protegida del riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual y en forma independiente de la reproducción.
La patética resolución del Tribunal Constitucional chileno que en 2008 declaró inconstitucional la distribución de la denominada "píldora del día después" en el sistema público, evidenció que una concepción particular de fe acerca del comienzo de la vida está enquistada en el propio texto constitucional, que se convierte así en un obstáculo mayor para los efectos de ampliar las posibilidades de ejercer los derechos de libertad de conciencia y de autonomía individual.
3.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a aceptar que en el Chile actual, se verifican situaciones que derivan de los cambios en las prácticas de convivencia social, que requieren ser protegidas en conformidad a un Estado laico, respetuoso de las opciones religiosas de cada cual, pero independiente de las disposiciones y presiones de las instituciones y autoridades eclesiásticas.
El Estado debe procurar amparar la variedad de uniones civiles que se verifican en la práctica social, como es el caso de las uniones homosexuales, las parejas heterosexuales en convivencia y las familias monoparentales, todas las cuales, a pesar de su vigencia en los hechos, están en desmedro para ejercer los derechos que la Constitución y la ley aseguran a las estructuras familiares reconocidas.
4.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a asumir la lamentable postergación que en el plano constitucional y legal chileno, se está dando a la legitimación de la aplicación en medicina de procedimientos terapéuticos derivados de los más recientes avances en biología molecular, tales como fertilización in vitro o la terapia génica, y cuya aplicación permite beneficios tales como el logro de la concepción en parejas infértiles, hacer tratables enfermedades hasta ahora incurables y mejorar la calidad de la vida humana.
Temas como el uso de células madre de embriones humanos en curación de enfermedades suscitan rechazos que están fundados en concepciones religiosas particulares que no comprometen a la población ajena a tutelas religiosas, la que tiene derecho a exigir de sus representantes políticos que los usos de tales técnicas constituyan opciones reales en los sistemas públicos de salud.
Las valoraciones religiosas particulares no pueden bloquear la posibilidad de que la ciudadanía pueda recurrir a todas las opciones médicas que ayuden a salvar sus vidas, curar sus enfermedades o aliviar su dolor, sin violentar la libertad de conciencia y autonomía individual de cada cual, teniendo presente que finalmente la facultad de consentir o no que los procedimientos terapéuticos se apliquen en su propio cuerpo reside en cada persona individual.
5.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a aceptar sinceramente que la libertad de conciencia y la autonomía personal son derechos ciudadanos que el Estado debe respetar, y que, a su vez, debe contribuir a formar. Esto sobre la base de una educación pluralista y de la más alta calidad, de tal modo que los educandos egresados, aparte de estar preparados y orientados conforme a su vocación técnica y profesional, sean hombres y mujeres autónomos para decidir los modos y estilos que llevarán en su vida social, para adoptar o no ideologías o partidismos políticos, y para asumir o no convicciones filosóficas o religiosas.
A esto se oponen los programas educacionales vigentes cuando contemplan la vigencia de la asignatura de religión, concebida como una doctrina particular proselitista destinada a captar la adhesión del educando. Esta enseñanza, por optativa que sea, es un atentado al desarrollo y formación de la conciencia libre de los niños. Nos parece impropio que la enseñanza que es financiada por el Estado, con contribuciones de todos los ciudadanos, mantenga las clases doctrinarias de religión establecidas sobre la base de privilegios respecto de una fe particular.
Estimamos necesario que el Estado ponga término al adoctrinamiento en los establecimientos que mantiene o que financia, sin perjuicio de abrir debate respeto a la forma en que debe ser entregado el conocimiento no doctrinario acerca de la religiosidad en general, de las religiones en particular, o de cualquier opción espiritual, como parte de la formación integral del estudiante.
6.
Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales y a la clase política a comprometerse en cuanto a que el Estado Laico debe ser prescindente respecto de la actividad religiosa y ello debe significar su independencia respecto de la influencia de las instituciones religiosas, pero también implica que el Estado debe abstenerse de concurrir al financiamiento de las actividades religiosas.
La denominada Ley de Cultos de 1999, que estableció un reconocimiento de igualdad jurídica para las iglesias y organizaciones religiosas, dejó expresamente establecido que el Estado reconocía el ordenamiento de derecho que tuvieran las iglesias a la publicación de la ley, con plena capacidad de goce y ejercicio, lo que ha permitido a la Iglesia Católica mantener derechos excepcionales en desmedro de otras confesiones.
En atención a lo expuesto en los puntos anteriores, es preocupación del mundo laicista el debilitamiento del rol del Estado como ente garante de la pluralidad de conciencia en la sociedad civil. La libertad de conciencia, debemos precisarlo, es mucho más amplia que la libertad religiosa. La realización de la libertad de conciencia requiere complementarse con la igualdad efectiva de oportunidades. Un camino efectivo en ese ámbito lo sugiere la realidad de Bélgica, donde el Estado actúa en función de garantizar los derechos de conciencia más allá de la pluralidad religiosa.
En la actualidad, la abrumadora presencia de una visión religiosa, en forma directa o indirecta, en la propiedad y administración de establecimientos de educación básica, media y universitaria, así como en los medios de comunicación radiales, televisivos e impresos, posibilitada por la consideración mercantil que se ha otorgado a estos espacios, y por el acceso al poder económico que dicha confesión ha logrado, permite un dominio ideológico en la sociedad que presiona sobre el Estado.
El Estado, para garantizar efectivamente los derechos de conciencia, requiere el término de este dominio ideológico confesional monopólico, que se sustenta en el poder económico, donde la expresión de grupos sociales ajenos a ese dominio o a esa adhesión religiosa resulta acallada en su derecho a participar en la conformación de la opinión y la voluntad moral ciudadana.
Estimamos que el Estado debe contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades en la expresión de la diversidad, por una parte, fortaleciendo las opciones estatales y laicas de educación, a todo nivel, y, por otra, gestionando el pluralismo informativo, desideologizado y no discriminador, a través de redes públicas de información de amplio y profundo alcance, con financiamiento estatal, que abra espacios reales a la expresión de la creciente diversidad social y cultural de la comunidad.
En atención a los conceptos que hemos señalado, nos permitimos interpelar a los candidatos a Presidente de la República, invitándolos a hacerse cargo de las reflexiones del presente documento y a pronunciarse pública y decididamente en apoyo del fortalecimiento del Estado laico.
Santiago, enero de 2010.
Agrupación de Mujeres Amulén
Aguirre Ayala Herman
Aliste Almuna Enrique
Arancibia Fernández Freddy
Arancibia Figueroa Freddy
Castro Hidaldo Abelardo
Centro Cultural Latinoamericano
Centro Cultural Rector David Stichkin Branover
Centro Cultural y Social Seamos Más
Chamorro Avilés Sergio
Cisternas Ulloa Emilio
Compañia de Teatro Espontáneo La Fragua
Córdova Echeverría Francisco
Federación de Estudiantes ULARE. Concepción
Galleguillos González Ricardo
Gutiérrez Luengo René
Herrera Guerrero Gonzalo
Iniciativa Laicista para la Consolidación de la Sociedad Civil
Jans Pérez Sebastián
Kantar Contreras Mauricio
Leiva Villagrán Carlos
Mastrolonardo Massimo
Medina González Rodrigo
Molina Anabalón Carlos Eduardo
Monsalvez Araneda Danny
Movimiento de Acción Librepensadora
Moyano Barahona Cristina
Olivera Benítez Exequiel
Organización C.I.D. Ciudadanos Independientes Democráticos
Ortiz Jerez Carolina
Ossandón Correa Fernando
Piñats Phillipi Alejando
Ponce Riveros Freddy
Ramírez Alvarez Diego
Robles Estay Hernán
Robles Ortiz Claudio
Rojas Leal Enrique
Rojas Norambuena Emilio
Ruiz de la Fuente Luis Antonio
Saavedra Aguillón Hernán
Salvo Inostroza Camilo
Sanhueza Zúñiga Esteban
Santibañez Ibarra Luis
Suazo Peña Bernardo
Superby Ríos Julio
Valdebenito Iturrieta Milton
Vivanco Gómez Dionisio
Vega Cid Roberto
Vocería:
Camilo Salvo Inostroza Fono 02 475 8446
Hernán Saavedra Aguillón Fono 8 233 7180
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